El Papa predica con el ejemplo sobre ética financiera

Para enseñar, hay que dar ejemplo, también cuando se habla de dinero. Y esto es lo que ha hecho Benedicto XVI al publicar, el 30 de diciembre, una carta apostólica para la prevención y el contraste de las actividades ilegales en el ámbito financiero y monetario, un documento, por su argumento, sin precedentes.

El Papa ha tomado esta decisión al constatar —como él mismo escribe— que, «por desgracia, en nuestro tiempo la paz, en una sociedad cada vez más global, se ve amenazada por diversas causas, entre las cuales se encuentra un uso impropio del mercado y de la economía y la violencia terrible y destructiva perpetrada por el terrorismo, que causa muerte, sufrimientos, odio e inestabilidad social». Y dado que la Santa Sede, y más en concreto la Ciudad del Vaticano, mantiene relaciones, también económicas, con todas las diócesis del mundo y con instituciones de los cinco continentes, el Papa se ha querido asegurar de que todas las instituciones dependientes económicamente del obispo de Roma se sometan a los estándares más exigentes de control financiero para evitar con todos los medios que instituciones religiosas puedan ser utilizadas, incluso sin saberlo, en canales de blanqueo de dinero.

Junto a la publicación de la carta, el Papa ha promulgado una nueva contra el reciclaje para el Estado de la Ciudad del Vaticano y ha establecido que sea válida para los todos los departamentos de la Curia romana y de todos los organismos y entidades dependientes de la Santa Sede. Al mismo tiempo, para asegurarse de que se apliquen sus directivas, ha instituido la Autoridad de Información Financiera (AIF), cuyo presidente y miembros serán nombrados por el mismo Papa, que tiene como cometido emanar disposiciones complejas y delicadas de desarrollo, indispensables para garantizar que los sujetos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad Vaticano respeten las nuevas e importantes obligaciones de anti-reciclaje y de anti-terrorismo.

El proceso de elaboración de esas leyes se ha llevado a cabo con la asistencia del comité mixto, previsto por la Convención Monetaria entre el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Unión Europea (17 de diciembre de 2009), compuesto por representantes del Estado de la Ciudad del Vaticano y de la Unión Europea. La delegación de la Unión Europea está compuesta, a su vez, por representantes de la Comisión y de la República Italiana, así como por representantes del Banco Central Europeo.

Las normas contra el blanqueo de dinero adoptadas por el Papa son quizás las más restrictivas del mundo. Prueba de ello son las previsiones, entre otras cosas, sobre el auto-reciclaje (caso que todavía no se contempla en países con una legislación estricta), los controles sobre la entrada o salida de dinero del Estado de la Ciudad del Vaticano, las obligaciones sobre la transferencia de los fondos y, por último, las sanciones administrativas, más rigurosas y aplicables, no sólo a las instituciones y a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas que actúen en su nombre.

En definitiva, el Papa busca no sólo poner normas que garanticen una administración trasparente en la Iglesia, sino que, además, ofrece estándares de gestión que puedan servir de modelo o inspiración a otras administraciones, motivo por el cual esta decisión no sólo se publica como una ley de la Ciudad del Vaticano, sino que, además, se ha emitido como Carta apostólica en forma de motu proprio, es decir, por iniciativa personal del Santo Padre.

«La Santa Sede siempre ha levantado su voz para instar a todas las personas de buena voluntad, y sobre todo a los líderes de las naciones, al compromiso de la edificación, también a través de una paz justa y duradera en todo el mundo, de la ciudad universal de Dios hacia la que avanza la historia de la comunidad de los pueblos y las naciones», dice el Papa en la introducción. Y predicar exige dar ejemplo.