157 niños birmanos murieron a manos de los militares en 2022
Amnistía Internacional condena la última condena a la líder democrática Aung San Suu Kyi, que eleva a 33 los años que tendrá que pasar en prisión
Los soldados y milicianos entraron en la aldea de Zee Pin Thar, en Sagaing (Myanmar) amparándose en la oscuridad y empezaron a prender fuego a las casas. En esa noche del 19 de diciembre también dispararon y mataron a un niño de 13 años, según los testigos. Es uno de los 157 niños asesinados en 2022 por los militares de la antigua Birmania en su intento de consolidar su poder y asfixiar las protestas contra el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
La Asociación de Asistencia para los Presos Políticos (AAPP), que lleva este macabro registro, asegura además que desde la deposición del Gobierno democrático de Aung San Suu Kyi han muerto por culpa de la Junta 267 menores. Tom Andrews, representante especial de la ONU para los Derechos Humanos en Myanmar situó en junio en 382 la cifra de niños muertos o heridos por ataques aéreos o de artillería. A este dato se suman los 520.000 que, según Save the Children, han sido desplazados.
Uno de los casos más sonados fue el ataque contra la aldea de Let Yet Kone, en Tabayin, en septiembre. El ataque de helicópteros militares contra un colegio se saldó con la muerte de siete niños y seis adultos. Una de las víctimas fue Su Ya Ti Hlaing, de 8 años, a cuya familia no se le permitió ver su cadáver. Algunos testigos «me contaron que metieron a Su Ya Ti Hlaing y a otros niños en bolsas y se los llevaron en sus coches», declaró su abuela a Radio Free Asia. «Dispararon más de mil veces contra el colegio con los niños dentro». Los disparos dieron de lleno en su nieta, «y los intestinos se salieron de su tripita».
La pelota que explotó
Un caso particular es el de los 115 niños que, según UNICEF Myanmar, murieron al manipular munición o bombas abandonadas después de los enfrentamientos. Niños como Pyae Sone Aung y Min Htut Zaw, dos pequeños de 7 años que encontraron una granada sin explotar. «Uno la tiró contra una piedra, y los dos murieron en la explosión». Es difícil saber si este dato se suma a los anteriores o se incluye en ellos.
Entre las víctimas no mortales del conflicto se encuentran dos hermanos de 12 y 3 años de Pyar Sa Khan, en el estado de Kayin. El 12 de julio, cuando jugaban dentro de su casa, un convoy militar atacó el poblado. «Simplemente nos dispararon, se movían y disparaban a todo», relató el mayor. «Oí bang, bang, bang, muchas veces. A mí y a mi hermano nos dispararon en las piernas. Me dolían mucho». Finalmente, tuvieron que amputárselas.
Jin Ngai Hoek, de 6 años, en la región de Sagaing. Un fragmento de metralla le perforó la sien derecha, y desde entonces no recuerda su nombre ni puede estar mucho tiempo de pie. «Los médicos de Mandalay le hicieron un TAC y dijeron que era peligroso operarla» para extraérselo. «No podían garantizar el éxito porque no tienen el equipamiento médico adecuado aquí; solo se podría hacer en el extranjero».
Amnistía Internacional ha lamentado la reciente condena a la líder birmana Aung San Suu Kyi a siete años de cárcel por un supuesto delito de corrupción. Si se añade a las penas por otros cargos, la que fue líder de facto del país suma ya 33 años de condenas. «De principio a fin, los procesos amañados que se han seguido contra Aung San Suu Kyi han sido de motivación política, injustos y carentes del más mínimo ápice de transparencia», denunció la directora regional de la entidad, Meg de Ronde.
Estas injusticias se repiten en el caso de «los miles de personas que se consumen entre rejas en las conocidas prisiones y centros de interrogatorio de todo Myanmar». Desde su toma del poder el 1 de febrero de 2021, «las Fuerzas Armadas de Myanmar han convertido el sistema de tribunales y prisiones en un infierno para los derechos humanos en el que periodistas, activistas, políticos, médicos, manifestantes y muchas otras personas son encarceladas únicamente por expresar su disidencia pacíficamente».
De Ronde llamó la atención sobre el hecho de que esta condena se produjera «menos de diez días después de una amonestación poco frecuente del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo el fin de la violencia y la excarcelación de los presos». Esto «demuestra que es necesario, urgente, ejercer más presión sobre el Ejército de Myanmar». Por ejemplo, mediante «un embargo de armas integral, incluso al combustible para la aviación, y sanciones específicas a los dirigentes militares. La comunidad internacional puede y debe hacer más para apoyar a la población de Myanmar».