Jornada Mundial del Emigrante: Peregrinación de fe y esperanza. «Yo soy uno de los que se va»

Es el vuelo Madrid-Quito de Iberia, 15 días, aproximadamente, antes de la Navidad. De los cientos de pasajeros que viajan a Ecuador, sólo una veintena son españoles. El resto vuelve a casa aprovechando las fechas navideñas. Muchos, para quedarse. «Yo soy uno de los que se va», cuenta David Fernando López, de 36 años, que llegó a España hace 10 años, huyendo de la inflación de la economía ecuatoriana tras la implementación del dólar, y «pensando que España era el país de las oportunidades». Trabajó, como tantos, en la construcción, en diversos pueblos castellanos, durante 18 horas al día, y sólo una vez viajó a su país para visitar a su mujer y a su hija: «El pasaje era muy caro», explica. Pero David Fernando tuvo suerte, como muchos otros. El boom de la construcción dio dinero rápido, obtuvo los papeles de residencia y el espejismo de poder ser propietario de un piso donde poder vivir tranquilo con su familia. El resto de la historia es común: 40 años de hipoteca, fin del trabajo en la construcción, impagos, amenazas constantes de desahucio… Cedió ante la presión y abandonó su casa. Cinco años de dinero invertido en la hipoteca, perdidos. Y diez lejos de su hogar —«no he visto crecer a mi hija, ni he disfrutado de sus primeros pasos, ni de su primera palabra…, de nada»—, para perderlo todo. Queda un avión con más de 300 pasajeros y vidas comunes. En 9 meses, hay 120.000 inmigrantes que se han marchado para no volver, porque su estancia en España «no se sostiene», concluye David Fernando.

Víctimas de la crisis

«Los inmigrantes, sin ser causantes de la crisis, son las primeras víctimas de la misma», denuncian los obispos de la Comisión episcopal de Migraciones en su Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, que en España se celebra este domingo, 20 de enero. Y tanto. En una gran cadena de supermercados española, de repente, los cajeros y reponedores inmigrantes —que eran la mayoría— desaparecieron, y llegaron jóvenes españoles a ocupar sus puestos. Ahora, hay que buscar con lupa, cuando entras a uno de sus establecimientos, un trabajador de fuera de nuestras fronteras. Y esto es sólo un pequeño ejemplo de tantos. Según Héctor Batista, presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, el paro de la población inmigrante en España, «después de un 2012 catastrófico», es del 60 %.

El otro drama de España, los recortes económicos, también han afectado, especialmente, a los migrantes. En materia de salud, por ejemplo, la polémica retirada de la tarjeta sanitaria a las personas sin papeles, en vigor en nuestro país desde el 1 de septiembre de 2012, ha dejado desamparados a más de 150.000 inmigrantes. Y eso que tenía excepciones… pero no se están cumpliendo. Según Médicos del Mundo en Aragón, por ejemplo, entre septiembre y diciembre de 2012, se han denunciado 25 casos en los que inmigrantes han pagado por recibir asistencia sanitaria a pesar de tener derecho a cobertura —menores y mujeres embarazadas, entre otros—. Los obispos de la Conferencia Episcopal recuerdan, en su Mensaje, «que hemos levantado nuestra voz ante determinadas medidas que afectaban a algunos inmigrantes y que podían dejar desprotegido su derecho a la salud, que, por ser un derecho universal, ha de ser accesible a todas las personas».

Cierto es que muchas comunidades autónomas velan por proteger dicho derecho, y han optado por emitir sus propias tarjetas sanitarias —en el País Vasco, están autorizadas por el Tribunal Constitucional—. Otras medidas paliativas son más dudosas, como la del Consejo Interterritorial de Salud, que aprobó, en octubre, una suerte de póliza sanitaria pública, gracias a la cual, los inmigrantes pueden acceder a la cartera básica de servicios, previo pago de una cuota de 59,20 euros al mes, hasta los 65 años (710,40 euros año), y 155,40 euros mensuales (1.864,80 euros anuales) para los mayores de esa edad. El convenio, sin embargo, no incluye el copago de medicamentos.

Respeto a la dignidad

El Papa señala, en su mensaje para esta jornada —que se celebró, a nivel internacional, el domingo pasado—, que «cada Estado tiene el derecho de regular los flujos migratorios y adoptar medidas políticas dictadas por las exigencias generales del bien común», pero, recalca, «siempre garantizando el respeto de la dignidad de toda persona humana» recalca Benedicto XVI.

No se cumple siempre: como estamos viendo en España, «aquellos que para nuestro Padre Dios son los primeros destinatarios de su Reino, son los primeros en estorbar en el reinado materialista del bienestar». Lo afirman los obispos de la Comisión episcopal de Migraciones en el Mensaje para este día. Tanto es así, que hasta se criminaliza la inmigración: el artículo 318 bis del Anteproyecto de reforma del Código Penal, que acaba de presentar el Ministerio de Justicia, considera como un acto criminal apoyar a las personas extranjeras en situación irregular. Literalmente, el artículo señala que «el que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional a entrar o a transitar [en España] será castigado con penas de multa, o con prisión de seis a dos años». La reforma condena también a quien «ayude, con ánimo de lucro», a que una persona sin papeles permanezca en España, para lo cual bastaría, por ejemplo, alquilarle una habitación.

Ante este panorama, los obispos renuevan su petición «a las autoridades, para que los costes de la crisis no recaigan sobre los inmigrantes, arbitrando más bien las medidas necesarias para que reciban las ayudas sociales oportunas».

Peregrinación de fe y de esperanza

Pero, además de alzar la voz frente a las dificultades que experimentan los inmigrantes, y ayudarles a través de multitud de iniciativas pastorales a sentirse arte y parte de la comunidad —«sigamos con la formación y promoviendo el trabajo en redes, que permiten enriquecernos mutuamente», piden los obispos—, la Iglesia es consciente de la gran oportunidad evangelizadora que supone esta población en un país como el español, inundado por el relativismo. Los inmigrantes «pueden contribuir al bienestar de los países de acogida con su testimonio de fe, que estimula a las comunidades de antigua tradición cristiana, anima a encontrar a Cristo e invita a conocer la Iglesia», afirma el Santo Padre.

En este Año de la fe, especialmente, la población inmigrante de España está acogiendo, con entusiasmo, el desafío de la nueva evangelización.