«Se hará casi imposible» lograr protección en el Reino Unido

Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos impidió el 14 de junio que saliera del Reino Unido el primer vuelo para enviar a solicitantes de asilo a Ruanda, fue solo un respiro. La corte, vinculada al Consejo de Europa y no a la UE, impuso esta medida cautelar hasta que se resuelvan los recursos pendientes en los tribunales británicos. Para Sophie Cartwright, responsable de incidencia política del Servicio Jesuita al Refugiado (SJR) en el país, el hecho de que el Gobierno quisiera llevar a cabo la expulsión sin una sentencia firme a favor demuestra su voluntad de «no permitir ni siquiera un escrutinio legal básico» de la medida.

Estas «órdenes de extracción» se enmarcan en la reforma del sistema migratorio y de asilo con la Ley de Nacionalidad y Fronteras, de este mismo año. Entre otras cosas, aprueba la expulsión de inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo si su solicitud se considera «inadmisible». Pero para ello Londres necesitaba un país dispuesto a ello. La pieza final del engranaje fue la firma en abril de la Asociación sobre migración y desarrollo económico con Ruanda: un proyecto piloto con una duración prevista de cinco años, por el cual el país africano se compromete a acoger a unas 1.000 personas a cambio de un primer pago de 140 millones de euros, seguido de otros más adelante. Ruanda procesará su solicitud de asilo. Si la acepta, serán refugiados allí. Si no, podrán ser enviados a otro lugar.

Peligrosos antecedentes

Israel

A pesar del fracaso de la primera fase de traslado «voluntario» de solicitantes de asilo a Ruanda y Uganda, en 2018 se intentó poner en marcha un segundo programa, de deportación obligatoria. El Tribunal Supremo ordenó suspenderlo.

Peligrosos antecedentes

Australia

De forma intermitente desde 2001, Australia ha estado enviando a inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo al pequeño país de Nauru y a la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea). En agosto de 2021, aún quedaban 107 en Nauru.

Peligrosos antecedentes

Dinamarca

Una semana después de que el Reino Unido anunciara su acuerdo, Dinamarca informó de que también estaba negociando con Ruanda. El 3 de junio, se aprobó una ley para reubicar a los solicitantes de asilo mientras se analiza su caso.

Desde el SJR explican que «no admitir» una solicitud de asilo no es lo mismo que rechazarla. Es decir, Londres no expulsará solo a quienes considere que no necesitan protección internacional. Ni siquiera se valorará este aspecto, si se considera que en su trayecto pasaron por otro país seguro o «fuera razonable que hubieran ido» a uno por tener con él cualquier tipo de «conexión». Con conceptos tan amplios, y teniendo en cuenta que la mayoría de afectados cruzaron el canal de la Mancha desde Francia, a Cartwright le preocupa que «muchos de los solicitantes de asilo» del país sean candidatos a la expulsión. De momento hombres solteros, pero más adelante, según el propio Ejecutivo, también mujeres y niños. E ignorando que entre ellos hay personas que han ido al Reino Unido «porque tienen familiares aquí».

Para la representante del SJR, se «hará prácticamente imposible» lograr protección internacional en el país. La ley «está diseñada» para ello, y para «castigar a la gente por cómo viaja», creando un «entorno hostil» para los refugiados. Además de «intencionadamente cruel y peligrosa», se trata de una política «muy poco práctica: es compleja legal y logísticamente, y extraordinariamente cara». Basta pensar que el Gobierno organizó en un principio un vuelo chárter para 37 personas. Todas recurrieron, ocho de ellas con apoyo legal del SJR. Se aceptaron las alegaciones de 30. Antes de que interviniera la corte europea, el avión a Kigali (a casi 7.000 kilómetros) iba a despegar con solo siete personas a bordo. Repetir todo el proceso para cada vuelo «consumirá una enorme cantidad de recursos públicos y de tiempo», con los que se podría mejorar el sistema de asilo y «resolver las solicitudes de la forma más justa posible», subraya Cartwright.

Empujados a otro viaje

Tampoco cree que se vaya a desincentivar el tráfico de personas y la labor de las mafias, como promete Downing Street. Prueba de ello es lo que ocurrió entre 2014 y 2018 tras un acuerdo de Israel con Uganda y también con Ruanda, en este caso para la reubicación de solicitantes de asilo de forma «voluntaria». La alternativa era permanecer detenidos indefinidamente. Faith Kasina, portavoz de ACNUR en Ruanda, explica que de las 4.000 personas que llegaron, «se estima que solo nueve se quedaron» allí. «No encontraron seguridad ni una solución duradera». Ruanda «ha hecho avances significativos» en el trato a los refugiados, pero el 90 % depende de la ayuda humanitaria. «Muchos se sintieron empujados» a emprender otro peligroso viaje hacia Europa. Kasina teme que en este caso ocurra lo mismo.

Estos «acuerdos de externalización aumentan la presión sobre los países» que ya acogen al mayor número de refugiados, critica la portavoz de ACNUR. Las naciones en vías de desarrollo hospedan al 85 % de los refugiados. De los diez estados que en 2021 tenían en su territorio a más, tres eran africanos (Uganda, Sudán y Etiopía) y solo uno europeo, Alemania. Incluso Ruanda atiende ya al triple de refugiados en relación a su población que el Reino Unido: el 1 % frente al 0,3 %. «La comunidad internacional debe mostrar solidaridad y apoyar a estos países y a los refugiados que ya acogen, y no al revés».