El laicismo andaluz acosa a la escuela católica

El sistema educativo español es uno de los peores de la UE, a tenor de los resultados que obtienen nuestros alumnos en las pruebas PISA, y de nuestras tasas de fracaso y de abandono escolar, que doblan las del promedio de la OCDE. En este panorama, la educación andaluza es, si cabe, aún peor: la tasa de abandono escolar es cuatro puntos más alta que en el resto de España, y lo mismo la del fracaso escolar; además, según un informe de la Fundación BBVA, Andalucía está a la cola de nuestro país en rendimiento educativo; y las pruebas diagnósticas desarrolladas por la Junta revelan que el nivel de los alumnos andaluces de Secundaria, en Matemáticas y Lengua, desciende cada año, mientras el 30 % de los estudiantes que llegan a 2º de la ESO (13-14 años) han repetido alguna vez.

La Junta, sin embargo, sigue invirtiendo miles de millones de euros en su errática política educativa. Los presupuestos para Educación se han duplicado en los últimos años: de 3.000 millones de euros en el año 2000, a más de 6.000 en 2011. Y eso, a pesar de que la población escolar ha descendido notablemente. Como muestra del despilfarro, basten los 165 millones invertidos, en los últimos 5 años, en el Programa de Calidad y Mejora de los rendimientos escolares, aplicado sólo en centros públicos, que buscaba recompensar con hasta 7.000 euros a los docentes cuyos alumnos sacasen mejores notas. Los resultados han sido nulos, los profesores tildaron la medida de soborno para maquillar la gestión educativa de la Junta, y la Consejería ha suspendido el que era su Programa estrella contra el desastre.

Ahora, un año después de que el PSOE e Izquierda Unida se aliasen, tras las elecciones del 25 de marzo de 2012, para que el Ejecutivo encabezado por don Juan Antonio Griñán pudiese seguir gobernando, las prioridades de la Junta para enmendar el desaguisado escolar son, sin embargo, más ideológicas que educativas.

EpC, escuela diferenciada…

La primera muestra de las intenciones del Ejecutivo autonómico llegó, el pasado 23 de enero, cuando la Consejería de Educación, regida por la consejera doña Mar Moreno, aprobó una normativa por la que mantendrá los contenidos más polémicos de Educación para la ciudadanía, aun cuando la LOMCE anunciada por el Gobierno central los elimine explícitamente. Cuestiones como la homosexualidad, el aborto o la masturbación seguirán enseñándose y, lo que es más grave, evaluándose de forma obligatoria en las aulas andaluzas, por más que la nueva ley se oponga a ello, y a pesar de que el Tribunal Supremo avalase, en 2009, la supresión de los contenidos de EpC que pudieran resultar adoctrinadores y socialmente controvertidos.

Un mes más tarde, en febrero, la Consejería cumplía otra amenaza que había ido lanzando tiempo atrás, al suprimir de forma unilateral los conciertos educativos de 12 centros que impartían enseñanza diferenciada. Más de 5.000 familias se verán afectadas por la medida, que se empezará a aplicar el próximo curso, si los tribunales no lo impiden. La Junta se ampara en una sentencia del Tribunal Supremo, en la que se reconoce que este modelo pedagógico es legítimo y constitucional, pero que, con la LOE en la mano (la ley educativa elaborada por el Gobierno de Zapatero), deja en la mano de los poderes públicos suprimir los conciertos a estos colegios.

Las familias que han escolarizado a sus hijos en estos 12 centros se han organizado en la plataforma Mis Padres Deciden, desde la que reclaman «que se respete nuestra libertad y se oiga nuestra voz, la de los padres y madres que piden a la Administración andaluza que garantice y defienda nuestro derecho a decidir, establecido por el artículo 27 de la Constitución», y desde la que recuerdan que «algunos de estos centros están en zonas rurales –las Escuelas Familiares Agrarias–, otros en barrios desfavorecidos –Altair–; algunos son de Interés Social –Ribamar–; y otros son de las Hermanas de la Cruz».

Una lenta asfixia a los conciertos

El último capítulo de la asfixia a los concertados es más complejo. Como la población escolar se reduce cada año, y la calidad de la escuela pública andaluza es cada vez más baja y sectaria, las familias llevan años optando por llevar a sus hijos a centros concertados, como muestra la demanda creciente de este tipo de colegios curso tras curso. Ante esto, y para forzar a los padres a que escolaricen a sus hijos en centros estatales, el Gobierno de Griñán ha anunciado la retirada de conciertos a ciertas líneas y unidades (tramos de enseñanza y grupos de alumnos en cada curso) de varios colegios. Con esto, se logra que los concertados vayan reduciendo, año tras año, su número de alumnos, hasta que dentro de un par de años, o bien tengan que convertirse en privados, o bien tengan que cerrar sus puertas.

La razón que presenta la Consejería para semejante decisión es que, mientras haya plazas en la pública, no renovarán los conciertos de la escuela católica, «una decisión que supone un grave perjuicio para los padres que eligen libremente estos centros por su proyecto educativo, ideario y calidad, y que rompe con el actual sistema de complementariedad de redes (pública y concertada)», según han denunciado las principales asociaciones de padres (Concapa y Cofapa) y patronales de centros concertados (FERE y CECE) en un comunicado conjunto. Las familias afectadas se han agrupado en la plataforma Estamos Des-Concertados, para reclamar que la Junta dé marcha atrás en esta medida, y ya han recogido más de 10.000 firmas de apoyo que presentarán a la consejera.

Incumplimientos constantes

Don Luis Centeno, director del Departamento Jurídico de FERE-Escuelas Católicas, explica que, «en España, los incumplimientos y el maltrato a la escuela católica son constantes. La concertada ahorra 4.000 millones de euros al Estado cada curso, porque la Administración paga por un puesto escolar en la concertada la mitad de lo que otorga a la escuela pública. Esa desigualdad, que recae sobre las familias y los titulares de los centros (congregaciones, instituciones religiosas, etc.), se agrava porque muchas Comunidades dejan fuera de sus ayudas y programas a los alumnos de centros concertados, que no tienen acceso a becas para transporte, comedor, programas de intercambio con otros países…, aunque sea ilegal hacerlo. Mientras nos aplican los mismos recortes que a la escuela estatal, no tenemos los mismos beneficios, y cada vez que ocurren situaciones así, acudimos a los tribunales, que nos dan la razón, pero con años de demora». Justo lo que hace ahora la Junta: «El Gobierno de Andalucía sabe que, en numerosas sentencias, la Justicia ha dejado claro que no se pueden retirar los conciertos sólo porque haya plazas en la pública. Sin embargo, en los años que dure la batalla legal, muchos padres irán a la pública para evitar problemas y habrá centros que se planteen cerrar. Y ese daño sería irreparable».

El problema es de fondo. «El régimen de conciertos –concluye Centeno– es la mejor forma de conjugar la libertad de enseñanza, el derecho de todos a recibir una educación conforme a las propias convicciones, y la libertad de creación de centros, pero su renovación depende de la voluntad del Gobierno de turno que, por ser ultraliberal o laicista, puede querer no hacerlo. La renovación debería ser automática mientras el centro mantenga las mismas condiciones, y la LOMCE debería corregir esta situación». Eso, claro, si la LOMCE llega a aprobarse…