Los CIE en 2021: menos internos, más hostilidad

El Informe CIE 2021, presentado este lunes por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), deja una conclusión clara: en un año en el que el número de internamientos se vio reducido por la pandemia y por obras de reforma, la hostilidad contra los migrantes allí recluidos ha crecido.

Lo dice el SJM, que visita de forma periódica los centros de Madrid, Algeciras, Valencia y Barcelona, y los propios migrantes. Felipe, colombiano con más de 20 años en España, presenció y sufrió agresiones físicas y verbales al denunciar abusos policiales. Sara, marroquí, fue devuelta pese a ser víctima de matrimonio forzoso y de sufrir violencia de género por parte de su marido y de advertir que prefería suicidarse antes que regresar. O Walid, que fue internado pese a tener problemas neurológicos, que no fueron atendidos y provocaron que se desmayase dos veces durante los primeros días en el centro.

Estas historias reales sirven para constatar que los CIE siguen siendo «territorio hostil», en el que destacan vulneraciones como las trabas a las denuncias e investigación de agresiones policiales –como ya denunciaron los jueces de control en una reciente resolución–, las deficiencias en la atención médica y los obstáculos a las visitas de las organizaciones sociales.

Sobre la primera hostilidad, los malos tratos, el informe recoge que se aísla a los internos que denuncian, que los policías están presentes durante los exámenes médicos, que se acelera la repatriación y se hostiga para que no cuenten los hechos.

«Solo en marzo de 2021, tres personas denunciaron haber sufrido agresiones policiales. Y el Defensor del Pueblo pidió que se pusiera en marcha un protocolo de tramitación de quejas y denuncias con una investigación efectiva, la no expulsión del interno y la remisión de la denuncia a los juzgados de instrucción», explica Ana Bosch, coordinadora del equipo de visitas al CIE de Pueblos Unidos.

El problema, continúa la abogada, es que, en la práctica, las denuncias investigadas son escasas, pues acaban desestimadas ya que el denunciante está en paradero desconocido al ser puesto en libertad o ha sido devuelto a su país de origen.

A nivel médico, las carencias, como explicábamos en estas mismas páginas, también son importantes. Existe falta de coordinación entre administraciones para conocer el historial clínico, las consultas tienen lugar con presencia policial y sin intérprete y hay falta de atención a los problemas relacionados con la salud mental, entre otros.

Menos visitas de la sociedad civil

Finalmente, Josetxo Ordóñez, abogado de Migra Studium, que visita el CIE de Barcelona, ha lamentado que en algunos centros como el de la capital catalana la pandemia ha servido de excusa para restringir las visitas de las organizaciones de la sociedad civil. Antes de marzo de 2020, podían acudir incluso hasta seis días a la semana. Ahora solo pueden ir dos con una limitación de 30 minutos y han establecido un sistema de cita previa, un trámite por escrito que debe hacer el interno. «Hay demoras para las visitas de hasta 15 días. En tres casos, los internos ya no estaban cuando fuimos a realizarla», denuncia Ordóñez.

Elena Davara, voluntaria que visita el CIE de Madrid, confirma que tras la pandemia los encuentros «son más tensas». Percibe más violencia en el ambiente. Sin embargo, en los jóvenes ve «el deseo de agradar, de no ser problema, de salir para traer a su familia».

Con toda esta realidad, Josep Buades, coordinador del área Frontera Sur del SJM y autor del informe. reclama una vez más el cierre de los CIE. «No son una herramienta imprescindible para la eficacia de las expulsiones y devoluciones. Son más una medida cosmética, para dar la impresión a la sociedad de que se controla la situación», añade.

Como el cierre no parece ser a día de hoy una posibilidad –se está construyendo un macro CIE en Algeciras–, desde el SJM proponen que se modifique el pliego de condiciones del contrato de asistencia médica de modo que garantice del derecho a la salud física y psíquica de las personas internas y que se extreme la prevención, detención, investigación y sanción de las agresiones en los centros.