La agenda de asuntos pendientes con la concertada:

• Pagar lo justo por los conciertos…

Una de las principales reivindicaciones de la escuela concertada es la adecuación del módulo de conciertos: o sea, que el dinero que el Estado entrega a los centros por la educación que imparten, se ajuste a lo que de verdad cuesta esa educación. ¿Lógico? No para ninguno de los Gobiernos desde la Transición. Según ha recordado Escuelas Católicas, principal patronal de colegios concertados de nuestro país, con los últimos datos del Ministerio de Educación (de 2009), en la concertada estudia el 39% de los alumnos de España, en casi el 25 % de los centros de enseñanza. Sin embargo, al elaborar los Presupuestos del Estado y calcular el coste por alumno, la concertada recibe el 50 % menos que la pública: el Estado paga, en los públicos, 6.187,34 euros por alumno, y en los concertados, 3.026,34 euros por alumno. Así, el Estado ahorra más de 4.000 millones de euros (4.346.158.976,41) a costa de la concertada. Sin embargo, la Memoria Económica de la LOMCE no prevé ninguna medida para corregir esto.

• … y por los trabajadores

Los trabajadores de centros concertados (profesores, personal no docente, etc.) reciben su nómina a través de lo que se llama Pago delegado: la Comunidad Autónoma (que es la que tiene transferidas las competencias en Educación) realiza ese pago por orden del titular del centro, que es quien contrata. Un sistema similar a lo que ocurre en cualquier empresa pública. Sin embargo, a la hora de hacer cambios o recortes, cada Comunidad lo hace a su manera: en una nómina o en más, en un complemento o en otro, a un tipo de personal u otro…, y esto dificulta, hasta casi hacer imposible, la negociación colectiva, y puede incurrir en contradicciones con la legislación laboral. De hecho, hay centros que han tenido que abonar nóminas o complementos cuyo pago no había sido efectuado por la Comunidad, porque, mientras el contrato del trabajador fijaba una cantidad, la Comunidad, después, impuso recortes que los centros no podían repercutir en las nóminas de sus trabajadores.

• Evitar las cargas a las familias

La diferencia de dinero entre lo que el Estado paga a los colegios concertados y lo que de verdad cuesta esa educación, recae en las familias y en los titulares de los centros (entidades religiosas, o empresas educativas). Así, los concertados se ven obligados a conseguir ingresos a través, principalmente, de actividades extraescolares y de donaciones de las familias. Donaciones que siempre, siempre, son voluntarias: ninguna familia puede quedarse sin plaza en un concertado por no hacer una donación. De este modo, los padres que escolarizan a sus hijos en estos centros pagan dos veces por la educación de su prole: con sus impuestos, y a través del donativo extra que la Administración fuerza a los centros a pedir. Además, muchas Órdenes religiosas dedican parte de sus ingresos (obtenidos fuera del ámbito escolar) a completar el déficit de sus centros. Por este motivo, las donaciones que se piden a las familias en los centros de mayor tradición son menores (entre 20 y 50 euros) que en los colegios nuevos, pues éstos tienen más gastos (instalaciones recién construidas, créditos…) y suelen estar gestionados por entidades con menor arraigo y menos recursos…

• Renovación automática

Hasta ahora, y según establece la LODE, de 1985, los conciertos se renovaban (o no) cada año. Esto suponía, según han denunciado reiteradamente las tres principales patronales de centros concertados (Escuelas Católicas, CECE y Fomento de Enseñanza), una enorme inseguridad laboral. Además, la LOE, de 2006, permitía que cada Comunidad Autónoma pudiera no financiar plazas concertadas si no lo consideraba una de sus prioridades educativas. La LOMCE especifica que los conciertos se renovarán cada seis años, en Primaria, y cada cuatro en el resto de tramos. Sin embargo, como ha explicado el Secretario General de Escuelas Católicas, don José María Alvira, «lo lógico es que la renovación sea automática mientras se cumplan las condiciones del concierto», pues lo contrario «abre la puerta a que la Administración autonómica o estatal decida que, si hay plazas públicas libres, va a suprimir concertadas».

• Un derecho de las familias

El artículo 27 de la Constitución recoge tres derechos: el derecho de todos a la educación; el derecho de los padres a que «sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones», y la libertad de «creación de centros docentes» de las personas físicas o jurídicas. El sistema de conciertos es, hoy por hoy, la única forma de armonizar esos tres derechos, y por eso la LODE, de 1985, recuerda que este sistema educativo mixto (escuela pública y escuela concertada) «proporciona y garantiza el espacio normativo integrador en el que pueden convivir las diversas opciones educativas», pues es la forma de garantizar que las familias tengan la libertad de elegir entre diversas opciones educativas gratuitas, que se ajusten a sus valores morales y religiosos. La LOMCE, sin embargo, no lo recoge, ni tampoco establece ninguna pauta para evitar los abusos cometidos, en estas últimas décadas, por algunas Comunidades Autónomas, que privilegian la enseñanza pública frente a la concertada.

• Diferenciar no es discriminar

La LOE, de 2006, establecía que, a la hora de otorgar (o no renovar) un concierto, tendrían preferencia los colegios que ofertasen educación mixta, o sea, no diferenciada por sexos, pues el PSOE (entonces en el Gobierno) ha repetido en numerosas ocasiones que considera discriminatorio este modelo pedagógico. De hecho, en mayo de 2011, el Anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación (que no llegó a aprobarse) prohibía que estos centros fuesen concertados. Ahora, la LOMCE recuerda que la UNESCO no considera este modelo como discriminatorio, e impone que «en ningún caso» se pueda no conceder o no renovar un concierto por impartir este tipo de enseñanza. Sin embargo, vuelve a dejar en manos de las Comunidades la posibilidad de no concertar este tipo de centros si no los considera «prioritarios».

• Respetar la demanda social

La LOMCE es la primera ley que, en su Exposición de Motivos, reconoce que «los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos» y que establece que la Administración debe tener en cuenta «la demanda social», o sea, las preferencias de las familias, al planificar su oferta escolar. A pesar de estas buenas palabras, y a pesar de que el dinero de los conciertos es, ante todo, una forma de financiar a las familias la educación gratuita a la que tienen derecho todos los españoles, pero a través de los centros, el articulado de la ley «no introduce ninguna novedad que garantice que un centro con demanda mantenga el concierto», como ha denunciado Escuelas Católicas.

• No es una escuela menor…

Un ataque recurrente contra la concertada es considerarla una red subsidiaria de la pública, y no parte de un sistema mixto, tal y como define la LODE, de 1985. A este prejuicio responden las décadas de incumplimiento en el pago de los conciertos, o la reivindicación de una Escuela pública, laica y de calidad, tan común en ciertas manifestaciones. La LOMCE no desmonta este tópico, ni «garantiza la complementariedad de redes, sino que perpetúa la subsidiariedad de la concertada, dejándola al albur de las interpretaciones de las Comunidades Autónomas», según ha denunciado Escuelas Católicas.

• …sino con personalidad propia

La LOMCE tampoco reconoce la personalidad propia de estos centros, que suelen impartir más de un nivel (de Primaria a Bachillerato), a diferencia de lo que ocurre en los públicos. Como la ley parece no prever esa situación, se generan numerosos problemas administrativos, por ejemplo, al pagar los complementos salariales a los directores, al representar al centro frente la Administración, o al formar el Consejo Escolar.

• Autonomía real para los centros

Alfa y Omega lo denunció, con gran eco en el sector educativo, la pasada semana: a pesar de que la LOMCE reconoce, en su Exposición de Motivos, las bondades de la autonomía de los centros para mejorar el sistema escolar, en realidad el gran poder educativo lo ejercerán las Comunidades Autónomas: tanto la concesión, como la renovación y revocación de los conciertos, dependerá de las Comunidades, que, además, podrán imponer a los centros «directrices para orientar la metodología didáctica», o sea, normas sobre las formas, temas y modos de trabajar con los alumnos, que podrían ser contrarias al ideario propio de los centros concertados.

• Profesores, como el que más

Desde 1985, las leyes educativas han prometido la «gradual equiparación» laboral y salarial de los profesores de la escuela concertada con los de la pública. Es decir, que tengan el mismo salario y la misma jornada, pues ambos centros se financian con fondos públicos y los profesores hacen el mismo trabajo. Sin embargo, don Jesús Pueyo, Secretario General del sindicato FSIE, explica que «este derecho nunca se ha cumplido: los profesores de la concertada cobran entre un 8 y un 12 % menos que los de la pública; y nos aplican los mismos recortes y el mismo régimen de sustituciones, aunque tenemos menos plantilla y trabajamos más horas». El Gobierno, sin embargo, se ha negado a incluir en la LOMCE «un calendario, por ejemplo a cinco años, para lograr esta homologación, de modo que parece querer perpetuar esta desigualdad».

• Maestros dentro del Estatuto

El Gobierno quiere promulgar, en otoño, el Estatuto de la Función Docente. Hasta hace unos meses, el Ejecutivo contemplaba que el Estatuto afectase sólo a los maestros de la escuela pública, por lo que el secretario general de FSIE recuerda que, «si el trabajo y la responsabilidad social de los docentes de la concertada es igual que los de la pública, la norma que se apruebe debe establecer el mismo acceso a la carrera profesional, a la formación permanente, e incluso a la carrera universitaria que abra las puertas de la docencia, por más que el acceso al puesto de trabajo sea distinto, para los docentes de la concertada y para los de la escuela pública».

Los asuntos pendientes que el Estado tiene con la escuela concertada no son pocos, pero, como se ve, que la LOMCE corrija estas desigualdades es, ante todo, una cuestión de justicia.