Congreso en la Santa Sede: La trata de personas: la esclavitud moderna. Esclavos modernos, a nuestro lado
Un centenar de expertos reunidos en la Santa Sede, por petición explícita del Papa Francisco, elaboran 49 propuestas concretas, que verán la luz en unos días, para combatir el tráfico de personas. El Santo Padre está especialmente preocupado por este problema que afecta a cerca de 30 millones de personas en el mundo y que, según los expertos, será pronto el negocio ilegal que más volumen de dinero genere, por encima de las armas y las drogas. Según monseñor Sánchez Sorondo, Canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias, el Santo Padre «hablará pronto, e intervendrá personalmente en la cuestión de la trata de seres humanos»
Vista general de una de las sesiones del Congreso ‘La trata de personas, la esclavitud moderna’.
Durante dos días, un centenar de expertos, trabajadores de asociaciones y embajadores de diversos países, se dieron cita, el pasado fin de semana, en la Casina Pío IV, sede de las Pontificias Academias de las Ciencias y de las Ciencias Sociales, para estudiar la situación de la esclavitud moderna y promover iniciativas concretas que ayuden a combatirla. «Los participantes en el Congreso hemos propuesto 49 medidas concretas para luchar contra el tráfico humano. Durante esta semana, se traducirán y redactarán, para publicarse lo antes posible, junto con una declaración final, con el fin de pasar a una fase de intervención», explicó a este semanario uno de los participantes, el español don José María Simón Castellví, Presidente de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas.
Otra de las grandes expectativas del encuentro es que «el Papa hablará pronto, e intervendrá, personalmente, en la cuestión, ya que este problema lo vive con un sentimiento especial». Así lo ha adelantado monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y las Ciencias Sociales, a quien escribió personalmente el Pontífice, en el mes de agosto, para pedirle que el tráfico de seres humanos ocupase un lugar predominante en la agenda. Y es que, ya en su época de arzobispo de Buenos Aires, cada año, desde 2009, celebraba la Eucaristía en una plaza pública para denunciar el tráfico de personas y la explotación sexual. Fue también el tiempo de impulsar la Fundación La Alameda, cuyo presidente, don Gustavo Vera, ha participado en el Congreso. Su labor en Argentina le ha valido la enemistad de muchos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la denuncia a los más de 600 prostíbulos que hay en Buenos Aires.
30 millones de víctimas
Según el informe UNODC 2012 Report on Trafficking, desde 2002, la Organización Internacional del Trabajo estima que 20,9 millones de personas fueron víctimas de trabajo forzado —hace una semana, la fundación australiana Walk Free daba la cifra de 29,8 millones—. De ellas, dos millones al año son víctimas de explotación sexual —un 60 % son niñas—. Por eso, una de las conclusiones más claras del Congreso es «la unanimidad en castigar la prostitución, no tanto a la víctima, sino al cliente y al traficante. La prostitución siempre conduce a una sexualidad problemática, que a su vez está ligada a las drogas y a la violencia. Estas realidades son terribles para la persona, para la familia y para la sociedad. Por eso, la tolerancia debe ser cero». En torno a esta idea, algunos participantes consideraron instar a los Gobiernos «a prohibir la prostitución, o a tomar medidas como incautar los bienes de los proxenetas o traficantes, y utilizarlos para ayudar a las víctimas», explicó.
En España, según casos que han llegado hasta el Defensor del Pueblo, es en la prostitución donde se encuentran más víctimas de la explotación. Un informe, de 2012, recoge testimonios como el de Marie, una joven camerunesa que llegó a nuestro país en 2011: «Me encerraron en una casa desde donde, para que devolviéramos la deuda, nos mandaban a la calle a conseguir clientes. Y nos violaban». Según Marta González, coordinadora del Proyecto Esperanza —puesto en marcha por las religiosas Adoratrices para ayudar a las mujeres explotadas sexualmente en España—, «la realidad de la trata en este país está más presente de lo que queremos reconocer».
Casos también se producen en la construcción, el campo o el trabajo doméstico. Hace unos meses, se dio a conocer el caso de una familia alicantina que obligaba a cuatro inmigrantes africanos a trabajar en la finca sin contrato, durante jornadas maratonianas, vejados y humillados. A esto se suma «la negación de la atención sanitaria a las personas sin papeles, algo que va contra los derechos humanos y contra el más mínimo sentido de humanidad», señaló el doctor Simón Castellví. De hecho, según recoge Der Spiegel, un informe del Parlamento europeo señala que novecientos mil trabajadores inmigrantes viven sin derechos básicos en el continente.
Fuera de las fronteras europeas, encontramos casos como el de Catar, donde el 90 % de la mano de obra es extranjera. Según una investigación llevada de The Guardian, los inmigrantes —procedentes, en su mayoría, de Nepal, Bangladés y Sri Lanka— que trabajan en el proceso de construcción de las infraestructuras para el Mundial de Fútbol de 2022, sufren situaciones límite, como la retirada del pasaporte para que no puedan huir, la privación de comida y bebida… Sólo en un mes, la embajada de Nepal en Doha certificaba la muerte de 44 de sus ciudadanos por explotación laboral.
Ciencia al servicio de la dignidad
Otro de los temas presentes en el encuentro ha sido «que la ciencia y la tecnología se apliquen en la lucha contra la trata de seres humanos y contra el crimen organizado», según ha explicado a Alfa y Omega el catedrático de Medicina forense de la Universidad de Granada, don José Antonio Lorente, quien ha dado a conocer en el Congreso su proyecto de localización de niños por medio del ADN (DNA-Prokids). Este sistema supone un gran avance para identificar a los menores, ya que, a muchos, les queman las yemas de los dedos para borrar sus huellas.
Una de las propuestas ha sido que el proyecto de este experto en genética se incorpore al Protocolo de Palermo, el acuerdo internacional de la ONU para luchar contra el tráfico de seres humanos. Su programa, de momento, da fruto. Ya colabora con 16 países —siete de Asia y nueve de Iberoamérica—, y ha realizado 620 identificaciones positivas, en las que los niños se han encontrado con sus familias, y que no hubieran sido posibles sin el ADN. «La trata en los niños es mucho más grave. Les roban su infancia y vida», afirma el genetista.
Este seminario dará paso a una segunda edición, que tendrá lugar en el año 2014. Ambos eventos ayudarán a preparar la gran conferencia que se celebrará en el Vaticano en el año 2015. Con todo este trabajo, el Papa Francisco busca encontrar respuestas eficaces para luchar contra el tráfico de personas humanas.
La Iglesia, en las fronteras de la esclavitud
Uno de los países con mayor concentración de esclavos es Nepal, donde más de 600.000 niños se ven obligados a trabajar en minas y fábricas. Algunos cruzan la frontera y llegan a Gorakhpur, una localidad india conocida por ser un importante núcleo ferroviario para acceder al resto del país. La Iglesia es allí una pequeña minoría (menos del 2 %), pero también la referencia indiscutible en la lucha contra la lacra del tráfico de niños. La diócesis, gracias a proyectos sostenidos desde España por Manos Unidas, ha creado una especie red en la que taxistas y porteadores de equipajes alertan de la llegada de los pequeños, a los que se reconoce por ir en grupo, con la cabeza agachada, sin conocer el idioma, y vigilados por algún adulto. La Iglesia avisa a la policía, y tutela y se encarga de localizar a los padres de los menores, quienes, normalmente, declaran haber sido engañados. Venden a sus hijos creyendo que van a realizar tareas domésticas a una familia de la ciudad, e ir a la escuela, cuando la realidad es que su destino es la prostitución o trabajar en condiciones infrahumanas.
También en Bangladés, la Iglesia está en primera línea en la lucha contra la esclavitud. Los Hermanos Maristas construyen estos días un centro para los hijos de los esclavos de las plantaciones de té. Estas empresas —con gran volumen de ventas en Europa— obligan a sus madres a recoger 23 kilos de hojas al día para ganar medio euro. La ley «establece que, si una de estas mujeres deja de trabajar por enfermedad, o fallecimiento, un miembro de la familia tiene que sustituirla. Si no, les dejan sin choza —que pertenece a la empresa y cuyo único mobiliario es una tabla—, sin dinero y sin trabajo», afirma uno de los Hermanos Maristas, Eugenio Sanz. Así que, lo más habitual, es que las niñas hereden la esclavitud de sus madres.
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