«Quienes saltan la valla también vienen de situaciones de guerra»

«Venimos de la guerra». Es lo que muchos jóvenes que saltaron la valla de Melilla la semana pasada confesaron nada más llegar a la religiosa Marisa Amaro, de la Asociación Geum Dodou, que acompaña a los migrantes que llegan a la ciudad. Entre los casi 900 que consiguieron entrar en territorio español –suman el 80 % de los que lo hicieron por vía terrestre en todo el 2021– había personas de Siria, Yemen, Burkina Faso, Sudán o Malí. Pero no solo vienen cargados con el horror de los conflictos, añade la religiosa, sino también con un viaje especialmente duro que incluye hostigamiento policial, mala alimentación, estrés o noches, incluso semanas y meses, a la intemperie en los montes cercanos a Nador (Marruecos). «Llegan muy mal, pero no solo de la valla. También vienen de situaciones de guerra, muy tocados y violentados, con mucho sufrimiento y vidas rotas. Y ahora mismo se están jugando una devolución a Marruecos», añade Amaro en conversación con Alfa y Omega.

El que recoge la religiosa es el grito que en los últimos días lanzó la Iglesia a través de la diócesis de Málaga, Cáritas, la CONFER y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE): «Todos necesitan y merecen nuestra empatía, solidaridad y protección, nuestra disponibilidad de acogida no puede hacer acepción de personas». Además, estas entidades denunciaron las devoluciones en caliente documentadas por la asociación Solidarity Wheels.

Durante los últimos días, el Ministerio del Interior ha estado trabajando a contrarreloj para cumplir los trámites que exige la legislación –identificación y entrevistas de asilo con los que lo soliciten– para devolver el mayor número de migrantes posible a Marruecos. «La Policía se puso el reto de completar todas las entrevistas este miércoles para tener un margen hasta que se cumplan los diez días desde el salto, que es el plazo máximo para realizar la devolución, según un acuerdo entre España y Marruecos», explica a este semanario el jesuita Josep Buades, coordinador del área Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). Esta entidad ha puesto el abogado que tiene de forma permanente en la ciudad autónoma y otro trasladado desde Madrid a disposición de los migrantes, de modo que puedan contar con asistencia letrada durante el proceso. Al cierre de esta edición, atendían a cerca de medio centenar de chicos con perfiles de especial protección, algunos de los cuales ya han conseguido que su solicitud sea admitida a trámite.

En este sentido, Buades insiste en la importancia de que se mantengan unos estándares en la asistencia jurídica, sobre todo de los abogados de oficio, para que los migrantes puedan contar con detalle cuál es su situación. Amaro teme que no se reconozcan, por la celeridad con se llevan a cabo los trámites, situaciones de vulnerabilidad al margen de conflictos o inestabilidad en un determinad país. El Defensor del Pueblo –que pidió explicaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad por el uso desproporcionado de la fuerza de varios agentes– ha animado a estas entidades a «estar muy atentas» en la cuestión relativa a las solicitudes de asilo.

El salto de la semana pasada rompe, continúa el jesuita, con una tendencia de muchos meses sin apenas movimiento en Melilla. La última entrada masiva data del pasado mes de julio. En esta ocasión le ha llamado la atención el número de heridos de consideración, tanto entre los migrantes como entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la juventud de algunos de los chicos. Según Amaro, 13 ya han sido reconocidos como menores y trasladados a un recursos para ellos, aunque cree que hay más.

No hay que olvidar que la situación geopolítica también afecta. La relación entre Argelia y Marruecos no es buena y el acercamiento de España al primero por el gas –el suministro ruso se puede ver afectado por la guerra en Ucrania– puede provocar que el segundo reaccione con una negativa a aceptar devoluciones o no ponga oposición a la llegada masiva de migrantes a la frontera. «Como Iglesia nos toca acompañar», concluye Buades.

Avanza la ILP de regularización

La iniciativa legislativa popular (ILP) para llevar a cabo una regularización extraordinaria de migrantes avanza poco a poco y se acerca ya al 10 % de las 500.000 firmas necesarias para que se pueda debatir en el Congreso de los Diputados. Según los últimos datos a los que ha tenido acceso este semanario, un total de 46.603 personas ya han apoyado esta propuesta. Entre las entidades que lideran la recogida de firmas se encuentran dos de las promotoras de la campaña bautizada como ESencialES, que son el Partido Por Un Mundo Más Justo y la plataforma #RegularizaciónYa.

En estos momentos, hay un total de 1.800 entidades y personas particulares recabando apoyos, que han comprometido más de 570.000 firmas. Además, en los próximos días, se lanzará una nueva página web donde se van a incorporar los puntos fijos de firma para que las personas interesadas puedan acercarse a ellos. El plazo para conseguir el objetivo expira el próximo 23 de septiembre.

Esta iniciativa está siendo apoyada por numerosas entidades de Iglesia, entre ellas el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, varias diócesis, Cáritas y la CONFER.