El Gobierno atribuye a la Iglesia bienes que no existen

Argusino ya no existe. Esta población de la diócesis de Zamora quedó engullida en los años 60 por el embalse de Almendra. Y, sin embargo, el Gobierno dice que allí, en una zona ahora dominada por el agua, la Iglesia tiene una serie de propiedades que inmatriculó entre 1998 y 2015. Y no solo eso, sino que desliza, en palabras del ministro Bolaños, que han sido inmatriculadas de forma «indebida» y que toca proceder a su regularización. Señala en este lugar, por ejemplo, la Iglesia y el cementerio.

«No es solo que esté bajo el agua, sino que la iglesia fue dinamitada por la empresa adjudicataria, Iberdrola, justo antes de que se inundase todo», afirma Florentino Pérez Vaquero, vicario episcopal de Pastoral y sacerdote en la zona. Según cuenta a Alfa y Omega, los vecinos lo vivieron con mucha pena, pues, además, cubrieron con hormigón el cementerio ante la imposibilidad –por el coste económico– de trasladar los restos mortales que allí descansaban y para evitar que saliesen a flote. Todavía hoy, cuando baja el nivel del embalse, se acercan al hormigón para rezar ante sus seres queridos acompañados por el sacerdote.

Pérez Vaquero no se explica que este templo «humilde» –del siglo XIII, de estilo románico y con la característica espadaña– haya sido atribuido a la Iglesia. No existe desde los años 60 y, por tanto, no pudo ser inmatriculado en los 90. «Llama la atención el error, pues es claro y evidente», concluye.

Una situación parecida se ha producido en Nagore, en el navarro valle de Arce. Allí, la ermita de Nuestra Señora del Camino permanece bajo el embalse de Itoiz, una vez que la Administración la expropió en 2003 para la construcción de esta infraestructura, que se llenó de agua en 2004. Es cierto que fue inmatriculada por el Arzobispado de Pamplona y Tudela en 1999, pero en la actualidad ni pertenece a la Iglesia ni siquiera existe. «Era una ermita bastante corriente. Artísticamente no tenía mérito alguno. Se trataba de un edificio rectangular con una cubierta a dos aguas y poco más. Gracias a una inscripción en el muro de la cabecera se sabe que era de 1821. En el interior no había nada más que la imagen de la Virgen [está ahora en la sacristía de la iglesia de Nagore] y una cruz que se sacaron del templo», explica a este semanario Alejandro Aranda, responsable de Patrimonio Cultural de la diócesis navarra.

Bibiano Esparza, prior de la colegiata de Roncesvalles y párroco de Nagore, recuerda que hasta su desaparición, los vecinos celebraban allí una romería anual, justo el día después de la que se celebraba en Roncesvalles y a la que acudía todo el valle. De hecho, la gente solía decir: «Todo el mundo a trabajar menos en Nagore, que continúa la fiesta».

Otro caso particular es el de Granadilla, en la diócesis de Coria-Cáceres. Este pueblo se desalojó por la construcción del embalse de Gabriel y Galán. Sigue en pie, pero está abandonado. Se expropió todo el pueblo menos la iglesia, que nunca se inmatriculó. Pero está en la lista. «Además, hay dos ermitas que nos atribuyen y que no tenemos constancia de ellas. Y hemos preguntado a la gente mayor de la zona», afirma Ginés Rubio, ecónomo diocesano.

Registros bien hechos

Argusino, Nagore y Granadilla. Son solo tres de las 2.575 incidencias encontradas por la Conferencia Episcopal Española (CEE) en el listado de inmatriculaciones presentado por el Gobierno. En él se han incluido, por ejemplo, 84 bienes de otras entidades religiosas, 746 que fueron registrados o adquiridos con títulos anteriores al periodo citado y 691 obtenidos por métodos diferentes. Además, aparecen duplicados hasta 111 bienes y hay otros que no son propiedad de la Iglesia (276); faltan datos para su identificación (608); no consta la inmatriculación (38) o se detectan errores, o no consta información (28).

Por tanto, de esta última polémica en torno a las inmatriculaciones de la Iglesia se pueden sacar dos conclusiones. La primera, que los registros están bien hechos y se ajustan a la legalidad. Y la segunda, que de las 2.575 incidencias encontradas por la Iglesia, en torno a un millar tienen que ver con errores en la titularidad, en la mayoría de los casos, ajenos a la responsabilidad de las diócesis implicadas.

Celaá, a Roma

Isabel Celaá es ya la nueva embajadora de España ante la Santa Sede una vez el Gobierno aprobó el nombramiento en un real decreto publicado la semana pasada en el BOE. Con la elección de la exministra de Educación vuelve un perfil más político a la plaza de España de Roma después de que los cuatro últimos embajadores fuesen diplomáticos de carrera.