La Iglesia condena el asesinato de un agente de pastoral en Honduras

No habían pasado ni diez días de 2022 cuando el nuevo año se cobró su primer agente pastoral asesinado. Se trata de Pablo Isabel Hernández, líder del pueblo lenca, en Honduras. Hernández murió tiroteado por un grupo de hombres sin identificar el domingo 9 de enero en el municipio de San Marcos de Caiquín, departamento de Lempira, cuando «se dirigía a la comunidad donde iba a realizar una celebración de la Palabra», subraya un comunicado del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM).

«Ahora participa ya del domingo sin ocaso», continúa el texto, firmado por sus respectivos presidentes, Miguel Cabrejos Vidarte y Gustavo Rodríguez Vega. Ambos condenan el asesinato «de la manera más enérgica». Hernández era «un hombre de Dios, que amaba a su familia, amaba a los suyos y respetaba y hacía respetar la Casa Común».

Era «delegado de la Palabra de Dios»; esto es, un agente oficial de pastoral de la Iglesia católica en Honduras. También era un reconocido defensor de los derechos humanos y del medio ambiente. Ejercía como alcalde mayor de La Auxiliaría de La Vara Alta de Caiquín; presidía la Red de Agroecólogos de la Biosfera Cacique Lempira y estaba impulsando la creación de la Universidad Indígena y de los Pueblos.

Por otro lado, dirigía la emisora de su pueblo, Radio Tenán. En ella «retransmitía el programa Voces contra el olvido, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)», desarrolla la red Iglesias y Minería. Las distintas formas de activismo en las que estaba implicado le habían llevado a estar en peligro. No solo había recibido «amenazas de cerrar el medio comunitario», sino que este sufrió, en febrero de 2021, un sabotaje en su instalación eléctrica. Él mismo «hizo pública reiteradamente su situación de riesgo».

Petición a Xiomara Castro

El CELAM y la REMAM exigen en su comunicado «el pronto esclarecimiento de este vil crimen, así como el sometimiento a la justicia penal de los responsables». A esta reivindicación, Iglesias y Minería añade que la investigación, «exhaustiva e independiente», incluya «la labor de defensa de los derechos humanos» que realizaba la víctima.

Los principales organismos eclesiales de la región de Centroamérica exigen además «la inmediata ejecución de medidas de protección para los activistas del movimiento social, ambiental y de derechos humanos de Honduras». Este país es «el quinto del mundo que más ha sufrido asesinatos de defensores del ambiente».

Como señala Iglesias y Minería, en 2021 se registraron incidentes violentos contra 208 defensores de los derechos humanos, de los cuales diez fueron asesinados; y contra 93 periodistas. Por eso exhortan a Xiomara Castro, que el 27 de enero tomará posesión como presidenta, que impulse las reformas necesarias para la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.

Asimismo, piden a la opinión pública internacional «movilizarse para que en Honduras y en todos nuestros países se garantice la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas por este tipo de crímenes», y para defender a los periodistas y medios que promueven la democracia.