87 familias indígenas en la cuerda floja en Paraguay

Desde el 30 de noviembre, 87 familias del pueblo avá guaraní, en la región paraguaya del Alto Paraná, están en la cuerda floja. Después de que un fuerte dispositivo militar y policial las desalojara por segunda vez en lo que va de año de sus tierras ancestrales en Cerrito, pasaron tres semanas lo más cerca que les permitieron, en tiendas de lona.

El lunes 20 de diciembre «regresaron a su bosquecito, sin que se dieran cuenta los policías» que lo custodian, relata a Alfa y Omega Francisca Florentín, religiosa de las Siervas del Espíritu Santo, justo después de estar con ellos. Una vez advertido el descuido, las fuerzas de seguridad se presentaron en lo restos del poblado. «Los recibieron las mujeres y no permitieron que pasaran». Ante su amenaza de volver el martes con los fiscales, al cierre de esta edición la comunidad sigue en vilo pero «animada a seguir luchando».

Aunque acompañan a 45 comunidades indígenas, las religiosas están ahora volcadas con Cerrito. Les llevan comida y pasan con ellas todo el tiempo posible por miedo a «lo que pueda hacer la Policía».

Oficialmente, su tierra pertenece a un particular, German Hutz. El abogado de la comunidad, Aníbal Alfonso, explica que esto ha ocurrido con «gran parte de los territorios indígenas», sobre todo después de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).

Los servicios a la patria se pagaron con territorios inmensos, «sin tener en cuenta a los indígenas que vivían en ellos». Aunque luego «se avanzó» y la Constitución reconoce el derecho de los indígenas a sus tierras, este defecto de base «dificulta muchísimo» su defensa. Sobre todo cuando las autoridades, la fiscalía e incluso el Instituto Paraguayo del Indígena apoyan a los terratenientes y al agronegocio del cultivo de soja. El caso de Cerrito «es solo un ejemplo». Este año, asegura Alfonso, cientos de familias han sido expulsadas de distintas comunidades.