ACN denuncia el aumento de la violencia sexual

El 7 de agosto, Ruth por fin volvió con su familia. No la habían visto desde el 14 de abril de 2014, cuando los terroristas de Boko Haram irrumpieron en la escuela de Chibok (noreste de Nigeria) y la secuestraron con otras 270 muchachas. Tuvo que elegir entre ser una esclava de los miembros del grupo o convertirse al islam y casarse con uno. Como la mayoría, optó por lo segundo. Fue liberada, con los dos hijos que tuvo con su marido, cuando este se entregó al Ejército. 100 compañeras siguen desaparecidas.

Ruth es uno de los rostros que da a conocer el informe Escucha sus gritos. El secuestro, conversión forzada y victimización sexual de mujeres y niñas cristianas, presentado por Ayuda a la Iglesia Necesitada del Reino Unido este miércoles dentro de la Semana Roja por la Libertad Religiosa. John Pontifex, su responsable de Prensa, explica a Alfa y Omega que pretenden llamar la atención sobre el problema del «doble peligro de pertenecer» a un sexo y a una religión oprimidos en muchos lugares del mundo. El año pasado, recogieron 12.000 firmas para pedir al Gobierno británico que ofreciera asilo a Maira Shahbaz, una chica de 14 años que logró escapar de su secuestrador en Pakistán. Las negociaciones con las autoridades británicas «siguen su curso y han alcanzado un punto crítico», revela.

Pero hay «miles de mujeres y chicas que sufren» lo mismo en todo el mundo. De hecho, según la entidad protestante Puertas Abiertas se han conocido casos en el 90 % de los países de su Lista Mundial de la Persecución 2021. Y en Pakistán, el Centro de Justicia Social asegura que de las 162 conversiones dudosas de las que se ha tenido noticia desde 2012, solo en 2019 se produjeron 49.

Tres dueños

Mención aparte merece este problema cuando se da en contextos de conflicto. En Sira e Irak, el Estado Islámico puso en marcha todo un «sistema organizado de esclavitud sexual de las minorías» para «limitar su crecimiento y a veces su misma supervivencia». Es el caso de Rita Habib, una mujer cristiana de Qaraqosh vendida sucesivamente a un iraquí, un saudí y un sirio, hasta que una ONG de la diáspora asiria y caldea compró su libertad. En una de las casas coincidió con una niña yazidí de 14 años, y «a las dos nos violaban una y otra vez».

El informe denuncia que, en estos casos, la violencia sexual «puede ser calificada de genocidio», pues en la definición de este se incluye el tomar «medidas que pretendan evitar los nacimientos» dentro del grupo perseguido. Justo lo que ocurre al convertir a la fuerza a mujeres de minorías para concebir con ellas a niños musulmanes. El franciscano Firas Lufti, custodio de la provincia de Siria, Líbano y Jordania, cree que en la fortaleza yihadista de Idlib, en Siria, esta forma de esclavitud «todavía está ocurriendo» y a lo largo de los años ha podido afectar a «cientos de mujeres». Muchas no han regresado, y las que lo hacen no quieren hablar de un tema que «es un tabú en la región».

«El fenómeno está empeorando, y lo que la ONU y el Gobierno de Reino Unido están haciendo para abordarlo es demasiado poco y demasiado tarde», denuncia Pontifex. Aunque a petición de la Oficina de Exteriores, Commonwealth y Desarrollo el obispo anglicano de Truro elaboró en 2019 un informe sobre libertad religiosa que incluía 22 recomendaciones que «el Gobierno de Boris Johnson afirma que ya ha aplicado casi en su totalidad», a Pontifex le preocupa que haya sido un mero trámite. «La libertad religiosa es un tema que atrae mucho postureo ético y poco compromiso». Por eso, ACN Reino Unido pide a su Gobierno y a la ONU pasos concretos. Por ejemplo, mejorar la documentación sobre estos casos, que muchas veces no se denuncian por miedo al estigma social o a las represalias de los secuestradores. También exigen concienciar a las sociedades, y que se trabaje con los países donde ocurre, tanto para «asegurar el marco legislativo suficiente para hacer justicia a las víctimas» como para que estas leyes se apliquen, evitando la complicidad de Policía y jueces.