Organizaciones sociales denuncian agresiones y vulneraciones de derechos en el CIE de Madrid

Tres organizaciones sociales –Mundo en Movimiento, Pueblos Unidos-SJM y el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, las dos últimas católicas– han llevado ante la Fiscalía de Delitos de Odio, la Fiscalía de Extranjería y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «la escalada de violencia» contra los migrantes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, así como la vulneración de sus derechos humanos.

Tal y como explican en un escrito presentado este miércoles en las instancias ya mencionadas, en los últimos nueve meses se han registrado, al menos, siete quejas por presuntas agresiones físicas y verbales por parte de funcionarios de la Policía Nacional hacia las personas internas. «Estas –se puede leer en el escrito– mantienen que es frecuente el trato vejatorio y racista. […] Este tipo de conductas, que pueden ser calificadas como delitos de odio, tienen un efecto potenciador de la exclusión de estas personas antes, durante y después del internamiento».

Por este trato «degradante, vejatorio y humillante» hubo tres intentos de suicidio, como ya informó Alfa y Omega en febrero. «En el relato de todas ellas se hace referencia al desprecio y la hostilidad del trato policial durante su internamiento», recoge el escrito.

No se investigan

Además de las agresiones, estas entidades constatan la falta de investigación de las mismas, pues en muchos casos no da tiempo al inicio de las diligencias de investigación porque los interesados son expulsados del país. Esta reclamación va en línea con la recomendación del Defensor del Pueblo de que se elabore un protocolo de actuación ante las quejas.

Esta situación, se explica en en el escrito, la vivió un migrante marroquí que fue agredido en los baños del CIE y que tuvo que ser llevado al hospital por las graves lesiones que sufrió. Él y los testigos de este suceso fueron expulsados poco después interponer una queja y sin que se iniciase el procedimiento.

Finalmente, ponen de manifiesto que la atención sanitaria en el CIE de Madrid es deficiente y que se están produciendo expulsiones sin notificarlas con anterioridad.

«Hemos decidido apelar a las instituciones judiciales para que tengan una mayor intervención en este tipo de actuaciones que denuncian las personas que son privadas de libertad», afirma Ana Bosch, coordinadora de visita al CIE de Pueblos Unidos. En este sentido, ha señalado que la pandemia ha multiplicado la opacidad de estos centros, que «interfiere en la capacidad que las organizaciones tenemos para detectar y denunciar este tipo de vulneraciones de derechos».