Migrantes en Centroamérica: «¿Que me quede? Si no tengo ni para una tortilla»

El mismo día que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pedía a los guatemaltecos que no fueran a Estados Unidos y les prometía inversiones para solucionar las causas de la emigración, el padre Juan Luis Carbajal estaba en la frontera de este país con México. El director nacional de la Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala documentó una de las numerosas deportaciones realizadas por el país vecino, que entre enero y abril ha devuelto a 31.000 migrantes. A los 100 de la semana pasada los abandonó en plena noche. Entre ellos había un hombre al que habían separado de su hijo de 16 años, que pudo pedir asilo. «Le dijo al chico, con lágrimas en los ojos: “Aprovecha para estudiar, échale ganas y sal adelante”».

En la frontera norte de México la situación solo ha mejorado en parte, añade Felipe Vargas, responsable de incidencia del Servicio Jesuita al Refugiado en este país. Ya se ha permitido entrar a casi todas las personas con una solicitud de asilo activa a las que se había obligado a esperar, y la presión en lugares como Ciudad Juárez se ha aliviado. Pero si la gente entra de forma ilegal, aunque soliciten asilo «les toman los datos y los devuelven a México». A veces bajo engaño, diciéndoles que los llevan a su ciudad de destino. De repente, se encuentran fuera del país y «sin saber qué estatus tienen» ni si su solicitud se está tramitando.

Estas experiencias no han tardado en apagar la esperanza que suscitó entre los migrantes la llegada del presidente Biden. Las entradas en el país han alcanzado niveles no vistos en 20 años. De Honduras, estima la hermana Nyzelle Dondé, coordinadora nacional de la Pastoral de Movilidad Humana, siguen saliendo unas 400 personas al día. Sin embargo, matiza, no les mueve una imagen política idealizada sino la necesidad.

«¿Cómo nos vamos a quedar aquí si no tenemos ni para una tortilla de maíz al día?», le preguntan algunos. La pandemia «agudizó los problemas de acceso a la salud, a la educación y al trabajo». También agravó la violencia. A esto se suman los huracanes Eta e Iota, que en otoño dejaron sin nada a muchos que hasta entonces se las apañaban para salir adelante.

Entre quienes trabajan con migrantes en Centroamérica y México, las promesas de la Administración Biden de ayuda e inversiones contra la trata y la corrupción y para promover el desarrollo suscitan escepticismo. Sospechan que no sea más que un intento de, con buenas palabras, seguir externalizando la frontera yanqui a México y Guatemala. Vargas teme, por ejemplo, que la inversión refuerce a las Fuerzas de Seguridad y sus infraestructuras de detención, mientras la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados apenas tiene recursos para tramitar las solicitudes de asilo.

Incluso si hay intención real de ayudar a la gente para que no emigre, la hermana Dondé considera fundamental que los proyectos se diseñen «escuchando a quienes sufren los problemas» y de forma que los fondos lleguen directamente a ellos con «políticas de generación de empleo» para todos. No vale un modelo que favorezca a los intermediarios corruptos y a «esas grandes empresas que vienen y expulsan a las comunidades» de su territorio.

El padre Juan Luis Carbajal, a quien el Gobierno de Guatemala ha pedido la colaboración de la Pastoral de Movilidad Humana en este proceso, subraya que lo primero que les ha transmitido es que «no podemos hacer un plan a largo plazo ignorando lo que ya está sucediendo: que ahora mismo hay gente en movimiento» que necesita ayuda humanitaria y que «se respeten sus derechos y dignidad».

90 millones para la región

En Centroamérica y México hay cerca de un millón de desplazados forzosos. La semana pasada la comunidad internacional escenificó su apoyo a los países de la región, agrupados en el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS) para asistirlos. La UE, España y varios países más, organismos multilaterales, agencias de desarrollo y entidades del sector privado se comprometieron durante un evento de solidaridad el 10 de junio en Costa Rica a invertir para ello 90 millones de euros. Durante el acto, coorganizado por España, se leyó un mensaje del Papa, en el que subrayaba que la Iglesia «espera un compromiso regional común, sólido y coordinado, destinado a situar a la persona y su dignidad en el centro». Pedía además que se «intensifique la colaboración internacional» contra la trata.