Obispos de EE. UU.: la oferta de Obama sobre la contracepción es insuficiente
El Presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, el cardenal Timothy Dolan, ha considerado insuficiente la oferta de la Administración norteamericana, a la que la Iglesia y otras confesiones piden que reconozca el derecho de objeción de conciencia a no contratar seguros médicos que incluyan prestaciones como anticonceptivos y fármacos abortivos. El cardenal Dolan traslada también la disposición de la Iglesia a seguir explorando vías para «sobrepasar obstáculos o contratiempos»
La nueva propuesta del Gobierno de Estados Unidos sobre la reforma sanitaria, aunque muestra algún movimiento por parte de la Administración, no soluciona de forma satisfactoria las preocupaciones de los obispos del país. El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y Presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, respondió así, ayer jueves, al Aviso de Propuesta de Reglamentación del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) sobre la aplicación del mandato que obliga a los empleadores a contratar un servicio sanitario para sus empleados que cubra todo tipo de contraceptivos -incluida la abortiva píldora del día después– y las esterilizaciones.
El viernes pasado, el HHS había presentado una propuesta que -aseguraban- atendía las objeciones de quienes se oponen al mandato y respetaba su libertad religiosa. Sin embargo, el cardenal Dolan considera que siguen vigentes los problemas expresados por los obispos en la declaración Unidos por la libertad religiosa, presentada por el Comité Administrativo de la Conferencia Episcopal en marzo pasado y que la Asamblea Plenaria reafirmó en junio.
En primer lugar, la propuesta «mantiene su inadecuada distinción» entre los ministerios estrictamente religiosos, que estarían exentos del mandato, y otros ministerios como las instituciones sanitarias, educativas y caritativas. Éstas quedan relegadas a una segunda clase, en vez de «aceptar el hecho de que estos ministerios son una parte integral de nuestra Iglesia y merecen la misma exención».
Otra objeción de los obispos es que, aunque los empleadores se podrían acoger a la acomodación, sus empleados seguirían estando obligados a tener un seguro que cubriera la contracepción, incluso en contra de sus principios. Además, en las propuestas de regulación hay huecos que siguen haciendo posible que «los ministerios aún puedan ser forzados a financiar y facilitar esas actividades moralmente ilícitas», aunque fuera indirectamente.
El cardenal Dolan apuntó a una tercera discriminación injusta, que es la que obliga a contratar seguros que incluyan la contracepción a empresarios o individuos que se opongan a ella. Los obispos no pueden -explicó- amparar esto cuando «hemos enseñado consistentemente a nuestra gente a vivir sus vidas durante la semana de manera que reflejen las mismas creencias que ellos proclaman el día del Sabbat. No podemos abandonarlos ahora a que sean forzados a transgredir» sus conciencias.
A pesar de todo, el cardenal Dolan concluyó su declaración mostrando su esperanza de que la Administración cumpla la promesa de escuchar sus preocupaciones, «y encuentre soluciones aceptables; afirmaremos cualquier progreso genuino que se haga, y redoblaremos los esfuerzos para sobrepasar obstáculos o contratiempos».
Por casi cien años, los obispos Católicos de los Estados Unidos han trabajado fuertemente para apoyar el derecho de que cada persona tenga cuidados de salud asequible, accesible, completo y que afirme la vida. Mientras continuamos haciéndolo, nuestros valores inmutables continúan siendo los mismos. Promovemos la protección de la dignidad de toda la vida humana y los derechos innatos que fluyen de esta, incluso el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural; el cuidado de mujeres y niños, de los más pobres entre nosotros, y de los indocumentados; el derecho de la Iglesia a definirse por sí misma, sus ministerios, y sus ministros; y la libertad de conciencia.
El viernes pasado la Administración emitió un Aviso de Reglamentación Propuesta (NPRM) en relación al mandato de HHS que provee cobertura por esterilización y anticonceptivos, incluso medicamentos que podrían causar abortos. La Administración indica que ha escuchado algunas preocupaciones previamente expresadas y que está abierta al diálogo. Con el anuncio del NPRM, la Administración busca ofrecer una respuesta a temas serios que han sido abordados durante el año pasado. Esperamos trabajar con la Administración, y todas las ramas y niveles del gobierno, para continuar abordando los serios temas que continúan. Nuestros esfuerzos requerirán un análisis adicional y minucioso. Sólo de esta manera podemos asegurar de la mejor manera que el cuidado de salud para cada mujer, hombre y niño es alcanzado sin dañar nuestra primera y más preciada libertad.
Evaluando la acción del viernes en relación al Mandato de HHS, nuestra referencia continua siendo la declaración de nuestro Comité Administrativo realizada el pasado marzo, Unidos por la Libertad Religiosa, y afirmada por el cuerpo entero de obispos en junio 2012.
En esa declaración expresamos primeramente nuestra preocupación por la «excesivamente estrecha» definición de cuatro partes del mandato sobre «empleador religioso», una que deja exentas a nuestras casas de oración, pero que deja «nuestros grandes ministerios de servicio a nuestros vecinos, es decir, al pobre, al indigente, al enfermo, los estudiantes en nuestras escuelas y universidades, y otros en necesidad» sujetos al mandato. Esto creó una segunda clase de ciudadanía en nuestra comunidad religiosa, «debilitando condiciones saludables [de la ley federal] de respeto generoso hacia la libertad religiosa y la diversidad». Y la exención efectuó esta distinción al requerir «entre otras cosas, [que los empleadores] deben contratar y servir primordialmente a quienes comparten su misma fe».
El viernes, la Administración propuso eliminar las tres primeras de las cuatro partes de la definición. Esto puede atender la última de las preocupaciones arriba mencionadas, pero parece que no el resto. La propuesta de la Administración mantiene su inadecuada distinción entre los ministerios religiosos. Parece que ofrece un estatus de segunda clase a nuestras instituciones de primera clase en la atención sanitaria, la educación y la caridad católicas. El HHS ofrece algo que llaman acomodación, en vez de aceptar el hecho de que estos ministerios son una parte integral de nuestra Iglesia y merecen la misma exención que nuestras iglesias católicas. Y finalmente, parece eliminar algo que teníamos previamente: la habilidad de un empleador exento (como una diócesis) a extender su cobertura a empleados de un ministerio fuera de la exención.
Segundo, Juntos por la Libertad Religiosa explicó que los ministerios religiosos no consideraron que los «empleadores religiosos» sufrirían la consecuencia severa de «ser forzados por el gobierno a infringir sus propias enseñanzas entre sus propias instituciones». Después del viernes, parece que el gobierno exigiría a todos los empleados en nuestros ministerios «bajo la concesión» a tener la cobertura ilícita -ellos no podrían excluirse (opt-out), ni siquiera excluir a sus hijos- bajo una póliza separada. En parte debido a los espacios en las regulaciones propuestas, aún no está claro qué tan directamente estas pólizas separadas serían financiadas por ministerios que se oponen y exactamente qué papel jugarían esos ministerios en hacer arreglos para esas pólizas separadas. Así, que continúa la posibilidad de que los ministerios aún puedan ser forzados a financiar y facilitar esas actividades moralmente ilícitas. Aquí, también, continuaremos analizando la propuesta y abogando por cambios al reglamento final que refleje estas preocupaciones.
Tercero, los obispos explicaron que el «mandato de HHS crea aún una tercera clase, aquellos que no tienen protecciones de conciencia del todo: individuos que, en sus vidas cotidianas, constantemente buscan actuar de acuerdo con su fe y valores morales». Esto incluye a empleadores que subsidian y patrocinan la cobertura, aseguradoras, y beneficiarios que pagan sus pólizas individualmente. La acción del viernes confirma que HHS no tiene intención de proveer una exención o concesión del todo para esta tercera clase. En obediencia a nuestra herencia judeo-cristiana, hemos enseñado consistentemente a nuestra gente a vivir sus vidas durante la semana de manera que reflejen las mismas creencias que ellos proclaman el día del Sabbat. No podemos abandonarlos ahora a que sean forzados a transgredir sus moralmente bien informadas conciencias.
Porque lo que está en juego es muy importante, no cesaremos de nuestro esfuerzo por asegurar que el cuidado de salud para todos no signifique libertad para pocos. Durante el año pasado, se nos ha asegurado por la Administración que no tendremos que referir, pagar por, o negociar por la cobertura exigida. Continuamos ansiosos por que la administración cumpla esa promesa y encuentre soluciones aceptables; afirmaremos cualquier progreso genuino que se haga, y redoblaremos los esfuerzos para sobrepasar obstáculos o contratiempos. Así, damos la bienvenida y tomamos seriamente la invitación de la Administración a presentar nuestras preocupaciones a través de comentarios formales, y lo haremos con la esperanza de que pueda encontrarse una solución aceptable que respete la conciencia de todos. A la vez, continuaremos unidos con nuestros hermanos obispos, instituciones religiosas, y ciudadanos individuales que buscan enmiendas en las cortes mientras sea necesario.