El yihadismo avanza en el Sahel: «Son el McDonald’s del terrorismo»

Varias aldeas de la región de Tahoua, en el noroeste de Níger, fueron el escenario en marzo de uno de los ataques más mortíferos perpetrados por grupos armados en el país, con 137 fallecidos. En enero, dos atentados en Tillabéri dejaron un centenar de muertos. Y un año antes, el asalto a una base militar en Chinagrodar causó 89 víctimas; todos actos de terrorismo presuntamente a manos de grupos islamistas.

Con 25 grupos en 14 países, el avance del yihadismo en África es la tendencia más preocupante que recoge Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN por sus siglas en inglés) en su informe Libertad religiosa en el mundo 2021, presentado el martes. El principal foco es el Sahel. Sobre todo, la zona de Mali, Níger y Burkina Faso, que ha visto un boom en la actividad de estos grupos desde 2017. En 2020, perpetraron 1.169 acciones con 4.118 víctimas; 50 veces más ataques y con 61 veces más muertes que en 2011.

En Mali y Níger, la población cristiana no llega al 2 %. «La violencia se dirige sobre todo contra la población musulmana», apunta Daniel Eizenga, del Centro Africano de Estudios Estratégicos. Aun así, «aunque la religión no parece ser el principal motor» de los ataques, «la filiación religiosa aumenta la propensión a la persecución», matiza el informe de ACN. Cita como ejemplos los secuestros en 2017, en Mali, de la religiosa colombiana Gloria Narváez Argoty (aún desaparecida), y en 2018, en Níger, del sacerdote Pierluigi Maccalli, liberado en octubre de 2020. En este país, además, se produjeron en 2019 otros ataques y amenazas contra cristianos.

Daniel Eizenga es analista del Centro Africano de Estudios Estratégicos

«El apoyo local al islamismo es limitado. Cientos de musulmanes han sido asesinados por resistirse a su coacción»

Misioneros con protección

Marcela Szymanski, editora del informe de ACN, sostiene que el peligro ha restringido la labor de las religiosas y los sacerdotes en la región. «Cada vez les es más difícil trabajar de pueblo en pueblo, como antes». Solo lo hacen con protección, por ejemplo, de las fuerzas francesas presentes en la zona. Su mayor preocupación es «mantener sus escuelas y dispensarios en lugares donde no se tengan que desplazar mucho». Y, para ello, guardan silencio sobre la situación que viven. Por otro lado, advierte de que si estos grupos utilizan Mali y Níger para implantarse en el sur, más allá de Burkina Faso, sí llegarán a zonas cristianas. Eizenga confirma que «hemos visto algunos esfuerzos por expandirse hasta el norte de Benín o de Costa de Marfil, y es un signo preocupante».

Aunque en la zona está presente el Estado Islámico del Gran Sáhara, casi dos tercios de los atentados corresponden al Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimin, JNIM), vinculado a Al Qaeda. Esta heterogénea coalición nació en 2017 de la unión de bandas tuaregs, fulani y árabes, tanto locales como procedentes del Magreb (Argelia y Libia). En realidad, los grupos siguen actuando de forma autónoma en sus zona de influencia y con sus propios objetivos. Pero presentarse bajo un mismo paraguas los hace parecer más fuertes y casi omnipresentes.

Desde tuaregs a fulani

Para explicar su auge, Eizenga aclara que, más allá del «intercambio» con Argelia y Libia, «el apoyo en equipamiento o combatientes» del terrorismo internacional «es limitado». Lo que ha ocurrido, explica, es que «estos grupos han sido capaces de tomar la ideología de Al Qaeda o del Estado Islámico y traducirla de forma que resulte relevante allí, y así radicalizar a los jóvenes». Para ello, aprovechan conflictos locales. Ha pasado con algunos separatistas tuareg del norte de Mali, que cayeron bajo la influencia del islamismo en el marco del enfrentamiento con el Gobierno iniciado en 2012, y no firmaron los acuerdos de paz en 2015. También con los fulani, etnia musulmana implicada en frecuentes enfrentamientos con agricultores dogones (de religiones tradicionales o cristianos). Afirmando defender sus intereses, el Frente de Liberación Macina, el grupo más activo con diferencia del JNIM, ha aprovechado este conflicto para implantar la sharía en el centro de Mali.

«Son como franquicias, el McDonald’s del terrorismo», explica Szymanski. Alude al atractivo que supone para estos grupos y su causa que una marca terrorista internacional reivindique sus ataques. También de cara a conseguir nuevos reclutas entre los jóvenes de estos «estados fallidos». Sumidos en la pobreza y la frustración, son vulnerables tanto a la radicalización como a las promesas económicas. Porque otra parte del éxito de estos grupos es que «han aumentado los recursos a los que tienen acceso», explica Eizenga. Según estimaciones recogidas por su institución, el JNIM obtiene unos ingresos anuales de entre 15 y 30 millones de euros. Mejor provistos que las Fuerzas Armadas –a las que han expulsado–, controlan vastas extensiones del territorio. Esto les permite cobrar peajes y tasas tanto a los mineros de oro en Burkina Faso como a las bandas de traficantes de personas y mercancías que transitan por Mali y Níger. Los secuestros son otra fuente de ingresos.