«El islamismo de Cabo Delgado empezó aquí»

El 7 de abril, un grupo de jóvenes pasó en moto por delante de la misión católica de Mahate, un barrio periférico de Pemba (Mozambique), «agitando machetes en el aire». Rápidamente el misionero español Eduardo Roca empezó a hablar con los responsables de los barrios, «para detectar si los terroristas están aquí, y dónde», relata a Alfa y Omega. Teme que «estén preparando algo parecido a lo de Palma», el ataque perpetrado el 24 de marzo por islamistas contra esta ciudad de 75.000 habitantes, a pocos kilómetros de un megaproyecto gasístico de la empresa francesa Total.

Hay decenas de muertos y miles de desplazados, que en su mayoría siguen en los bosques. Unos 7.000 han llegado por mar a Mahate y Pemba, 500 kilómetros al sur. No se han dado, que Roca sepa, casos como los que ha denunciado Save the Children y él mismo ha oído: en otros lugares, los terroristas «dijeron a algunas madres “despídete de tu hijo”, y le cortaron la cabeza delante de ella. O los quemaban en sus casas». Con todo, «no suelen matar a mujeres y niños». Los prefieren como esclavos.

Al afectar a extranjeros, el de Palma ha sido el ataque islamista con más repercusión. Pero Cabo Delgado, la región norte de Mozambique, sufre el yihadismo desde octubre de 2017, cuando los islamistas tomaron Moçimba da Praia. Roca ha escuchado que en Palma ha podido estar implicada «gente poderosa que ha quedado excluida del reparto de la tarta» de los abundantes recursos de hidrocarburos de la zona. Pero cree que «el objetivo principal» de los terroristas «no es el económico». Moçimba, explica, «fue en su día un califato» que quieren recuperar y «seguir expandiéndose hacia el sur».

Los niños que desaparecían

Roca lo sabe bien. «Toda la radicalización empezó aquí», en Mahate; una zona musulmana, antes tradicional pero respetuosa. Hace 15 o 20 años, imanes wahabíes árabes empezaron a predicar, en mezquitas y madrasas, una lectura fundamentalista del Corán, e ideas «como que no puedes beber del mismo vaso que un cristiano», o que «si vas a su escuela te obligan a comer cerdo».

Ese discurso «daba un propósito a gente que no ve futuro», explica el misionero, con quien este semanario contacta a través de OMP. Fue calando entre los pescadores pobres de la etnia kimwani. Y se unió al odio, por agravios históricos y recientes, hacia los makonde, una etnia cristiana que vive en el interior y siempre ha estado más vinculada al poder. De repente en 2015, «de un día para otro, empezamos a ver a mujeres y niñas con niqab». Y a escuchar historias de «jóvenes, y de niños de 13 y 14 años, hijos de nuestros vecinos, a los que daban becas para formarse en el Corán en otros países». O que directamente «se habían ido a entrenar al norte». Uno de ellos, hermano de un amigo de los misioneros, acabó en un complejo yihadista en Sudáfrica. También empezaron a llegar extranjeros de los países vecinos.

Así nació Ansar al Sunna, conocido también como Al Shabaab (los jóvenes), adherido al Estado Islámico de África Central. Pero «ya no es un problema de un grupo de jóvenes bandidos, sino de toda una sociedad que comparte esa visión» y forma «una red en la que las familias los protegen».

Amenazas a quien alertaba

Los misioneros empezaron pronto a dar la voz de alarma, pero el Gobierno no reaccionaba. Incluso cuando estalló la violencia, en 2017, la reacción fue escasa. A la cabeza de estas denuncias, estuvo hasta hace poco el antiguo obispo de Pemba, el brasileño Luiz Fernando Lisboa. En una entrevista reciente al diario italiano La Repubblica, ha explicado que cuando el problema se hizo evidente, se «prohibió hablar de ello». No querían que se dañara la imagen del país.

Por eso mismo, el Ejecutivo rechazó la ayuda que le ofrecían algunos países vecinos. Y, en cambio, contrató a grupos de mercenarios rusos y sudafricanos. Que, por otra parte, añade Roca, «no han resuelto nada»: los terroristas, que conocen el terreno palmo a palmo, se les escapaban mientras en sus ofensivas morían mujeres y niños.

En este ambiente, «la Iglesia ha sido la única que ha hablado sobre la situación», pidiendo ayuda a la comunidad internacional, continuaba el obispo. El Papa comenzó a pedir por la paz en Cabo Delgado, y lo puso en el mapa. Lisboa fue invitado a explicar lo que ocurría en el Parlamento Europeo. Entonces llegaron las amenazas contra el obispo. Primero, de expulsión. Luego, de incautarle documentos. «Y al final, de muerte». No habría sido el primero. Un reportero de una radio comunitaria «está desaparecido desde abril del año pasado», cuando lanzó un último mensaje diciendo «que había sido rodeado por la Policía». Por eso, después de 20 años en el país, en febrero Francisco lo exhortó a aceptar un traslado a Cachoeiro de Itapemirim, en su Brasil natal.