Educación especial y ordinaria deben coexistir

Uno de los puntos más polémicos de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) es el lugar en el que queda la educación especial. De acuerdo con la conocida como ley Celaá, «las administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna». En un plazo de diez años, los centros ordinarios deberán contar con «los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad», mientras que los centros de educación especial quedarán para alumnos que requieran «una atención muy especializada» y como «centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios».

Como denuncia la Plataforma Inclusiva Sí, Especial También, en la tramitación no se tuvo en cuenta «ni la voluntad ni la opinión de las personas afectadas» y se discrimina a los padres, que pierden su capacidad de elección. «El concepto de inclusión radical conduce a los actuales centros de educación especial a su desaparición a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias que escolarizan allí a sus hijos», añade Más Plurales.

Es loable mejorar los centros ordinarios para que puedan acoger a más alumnos con discapacidad y fomentar así la inclusión, pero surge la cuestión de con qué recursos se va hacer y, sobre todo, parece peligroso imponer esta opción a todas las familias. No se tiene en cuenta que, al final, cada niño es un mundo y que muchas veces hace falta una atención que en un centro ordinario no se puede dar. Es el caso de Guille, un niño de 12 años con parálisis cerebral, y Rocío, una niña de 6 años que arrastra las secuelas de ser gran prematura. Ambos estudian en el Colegio Hospital San Rafael de Madrid y allí son «felices», como ha podido atestiguar Alfa y Omega. ¿Por qué forzarlos a dejar sus aulas?