«Si pagábamos las facturas no comíamos»

Aunque, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica, el número de hogares que sufre pobreza energética ha descendido ligeramente, lo cierto es que la población afectada sigue siendo considerable. Se cuenta por millones. Así lo confirma el porcentaje de hogares que cumplen con alguno de los cuatro criterios que determinan la existencia de este problema: gasto energético desproporcionado en comparación con los ingresos (16,7 % de los hogares), pobreza energética escondida o consumo muy bajo (10,6 % de los hogares), dificultad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno (7,6 % de la población) y retrasos en el pago de la facturas (6,6 % de la población).

Esta es la situación de Victoria Carrillo, que vive en Barcelona, a quien se le acumulan facturas pasadas de los suministros –de antes de 2019– tras varios años sin poder hacer frente a ellas. Vivía con su hijo, en paro, y ella cobra una pensión «mínima» por discapacidad, pues no puede trabajar. «Si pagábamos las facturas no comíamos», confiesa. Desde 2019 empieza a pagar de nuevo –ahora vive sola–, aunque reconoce que en invierno «la casa está muy fría». «La calefacción es un lujo. Pongo un poco la estufa de butano por el día y otro poco el radiador por la noche, pero siempre estoy tapada con una manta», añade. Pero lo que más le agobia es la deuda de antes de 2019 y el «acoso» que sufre por parte de la compañía. «No deja de exigirme la deuda por teléfono. No le importa mi salud. Vivo angustiada y sin poder conciliar el sueño. Y temo que un día me corten el suministro», añade Carrillo, que está implicada en la Alianza contra la Pobreza Energética, que la asesora y donde acude a un grupo de apoyo mutuo.

La portavoz de esta organización, María Campuzano, intuye que el número de afectados por la pobreza energética «habrá aumentado a raíz de la pandemia». «Una de las causas fundamentales para caer en esta situación tiene que ver con un nivel bajo de ingresos». «Que la gente haya perdido el trabajo o esté en un ERTE va a impactar en el pago de las facturas», añade. De hecho, a la propia Alianza contra la Pobreza Energética, con sede en Barcelona, están llegando cada vez más personas, muchas de ellas por primera vez.

Aunque valora de forma positiva la decisión del Gobierno de impedir los cortes de suministros básicos a personas vulnerables durante la pandemia, insiste sobre varios problemas. Por ejemplo, quién se va a hacer cargo de todas las facturas sin pagar. En cualquier caso, cree que las medidas tienen que ir más allá de la COVID-19, pues «ya había gente» que sufría la pobreza energética. Desde su organización proponen una legislación más proteccionista, que la responsabilidad de demostrar la vulnerabilidad de la familia recaiga en la Administración o que el bono social –«una medida que se queda corta»– se reconozca de manera automática.

En Cruz Roja han constatado las dificultades de muchas familias para hacer frente a los gastos energéticos. De hecho, más del 50 % de las familias atendidas tienen que tiene que elegir qué gastos básicos pagar y cuáles no, esto es, entre comprar comida o calentar sus casas. Además, en 2020 las personas que necesitaron ayuda a través de los kits de ahorro energético crecieron en un 42 % hasta las 17.676. También aumentaron las entregas económicas para hacer frente a los gastos de suministros básicos: luz, agua o gas.

Una de las familias que ha sido apoyada por la organización es la que forman Henry, Maritsa y sus tres hijos, colombianos que viven en Granada. Llegaron a España para pedir protección internacional al sufrir persecución en su país, una solicitud que fue denegada «justo cuando estaban iniciando una vida normalizada, con empleos que tuvieron que dejar», explican desde Cruz Roja. Sus recursos son en estos momentos muy bajos y, por tanto, el ahorro energético es vital. Para que la reducción de consumo no tenga un impacto negativo en la vida de la familia, se les ha entregado uno de los citados kits para optimizar la energía.

Población que no puede calentar su casa en invierno

«La pobreza es una»

En Cáritas Española también conocen bien esta realidad, aunque muestran reservas ante el término «pobreza energética». «No nos gusta poner apellidos a la pobreza. Entendemos que es una, la carencia o ausencia de recursos. Lógicamente, hablar de pobreza energética tiene una virtud comunicativa», explica Daniel Rodríguez de Blas, miembro del Equipo de Estudios de Cáritas Españolas y uno de los autores del informe sobre la carencia energética que publicó el año pasado la Fundación Foessa.

En ese informe, explica Rodríguez de Blas, se constata que la vivienda es uno de los elementos que que más recursos absorbe de las familias y, dentro de ella, los suministros. También refleja la diferente evolución de los precios de la energía y de los ingresos: entre 2008 y 2018 el precio de la electricidad subió un 77,9 % para una familia media, mientras que el poder adquisitivo se vio reducido en un 1,3 %. Una caída de ingresos que probablemente será más acusada como consecuencia de la pandemia.

Responder a esta realidad es fundamental, pues según señalan desde la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, los efectos pueden ser muy graves. «La pobreza energética puede provocar problemas de salud relacionados con el sistema cardiovascular, respiratorio e inmune, agrava las enfermedades osteoarticulares y aumenta la utilización de los servicios médicos. Además, afecta a la salud mental y tiene consecuencias sobre el empleo, la educación, las relaciones sociales y el ocio», concluyen.