Inmatriculaciones legales y con fin social
El palacio de los Gómez Alba de Fonz (Huesca), donado a la Iglesia en el siglo XIX e inmatriculado en 2006, ha sido colegio, residencia de mayores y ahora centro de día
En la comarca del Cinca Medio (Huesca), en la diócesis de Barbastro-Monzón, hay un pequeño pueblo llamado Fonz, con unos 850 habitantes y un patrimonio arquitectónico imponente. No hay que olvidar que fue el lugar de veraneo de los obispos de Lérida entre el siglo XV y XVI. En torno a su plaza, declarada monumento histórico artístico en 1976, se encuentran el Ayuntamiento, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o una fuente renacentista que es, además, símbolo de la localidad. Allí también se asienta un edificio con una historia particular, que fue donado a la Iglesia a finales del siglo XIX y que el Obispado de Barbastro-Monzón inmatriculó en 2006. Se trata del conocido como palacio o casa de los Gómez Alba, pues perteneció en un primer momento a esta familia, aunque luego pasó a los Ferrer, que fueron los que la entregaron a la Iglesia para su utilización con fines sociales y educativos. Un deseo que se ha cumplido hasta hoy.
Este edificio del siglo XVI es uno de los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia –20.014 referidos a templos o dependencias complementarias y 14.947 a terrenos, solares o viviendas, entre otros– entre 1998 y 2015, periodo en el que la Ley Hipotecaria dio la posibilidad de inmatricular por certificación eclesiástica expedida por el obispo. Así aparece en el estudio que el Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados con datos de los Registros de la Propiedad. Un informe que avala que esas inscripciones fueron realizadas conforme a derecho, tal y como reconoció la propia vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo: «Las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia católica se han producido al amparo de una situación legal».
De vuelta a Fonz, el párroco, Antonio Mozas, nos atiende al teléfono para pasarnos «con la persona que más sabe» de este edificio. Con Enrique Badía, un vecino. «El edificio [ya en manos de la Iglesia] siempre tuvo una función social. Primero fue colegio de monjas, de las carmelitas misioneras teresianas. Durante la Guerra Civil se estableció allí el Seminario de Lérida, y cuando terminó la contienda volvieron las religiosas con la escuela y un taller de costura», explica.
Más adelante –«hace ya más de 40 años», reconoce Badía–, ante la falta de alumnos, se buscó otro fin. Así, se convirtió en residencia de mayores, gestionada a través de un patronato en el que participan, entre otros, la parroquia y gente del pueblo. El Obispado se hizo cargo de las obras, pues estaba casi en ruinas, y el centro echó a andar con la financiación del Gobierno de Aragón.
Según explica, esta iniciativa fue pionera en toda la zona. Solo después de la puesta en marcha de esta residencia, surgieron otras. Luego, la falta de vocaciones de las religiosas provocó su marcha y transformó el edificio en centro de día para mayores –así sigue– gestionado por el Gobierno de Aragón que, según Badía, utiliza este lugar emblemático sin pagar nada al Obispado. «Al principio pagaba una cantidad de 1.500 pesetas al año para amortizar las obras. Eso es lo mismo que gratis», concluye.
1863 es el año de creación del Registro. La inscripción solo tiene función probatoria, no da la propiedad.
34.961 constituyen el total de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015.
40.000 entidades de Iglesia con potestad en nuestro país para inmatricular bienes en el citado periodo.
Al servicio del bien común
Como el edificio de Fonz, son muchos los bienes de la Iglesia que por toda España cumplen con una función social o, como afirmó el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, tras conocer el informe del Gobierno, «están al servicio del bien común a través de la comunidad cristiana».
Solo en León ya encontramos varios ejemplos. Allí, la diócesis ha cedido algunas rectorales inmatriculadas en este periodo para que se puedan usar como consultorio médico –Castifalé o Santa Olaja de la Varga– o como vivienda social para familias vulnerables –Arcahueja–. Otro ejemplo lo encontramos en la localidad de Villaobispo, muy cerca de León, donde el solar de la antigua casa rectoral se ha cedido para que se convierta en aparcamiento, «ya que es una localidad donde ha crecido la población», explican desde el Obispado.
En la archidiócesis de Burgos ha sucedido algo parecido con numerosos inmuebles entregados a ayuntamientos para actividades socioculturales. Encontramos casos en Sasamón, Castrogeriz, Villasur de Herreros o Lerma, entre otros.