El Gobierno reconoce la legalidad de las inmatriculaciones

El Consejo de Ministros ha remitido al Congreso de los Diputados el informe donde se da cuenta del listado de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 —la ley hipotecaria permitía en este periodo que se realizasen vía certificación eclesiástica—, que suman un total de 34.961 bienes: 20.014 referidos a templos o dependencias complementarias y 14.947 a terrenos, solares o viviendas, entre otros.

Un estudio que, además, reconoce que todo se ha hecho conforme a derecho, tal y como ha señalado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

«Las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia católica se han producido al amparo de una situación legal. Otra cosa diferente es que haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el Gobierno del presidente Aznar. Han sido a la luz de la legalidad», ha afirmado.

En cualquier caso, Calvo ha añadido que esos registros pueden ser contestados por las personas que así lo consideren a través de dos vías: la administrativa y también la judicial.

Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha aplaudido este aval del Gobierno: «Nos agrada el reconocimiento que han hecho en el propio informe de que la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador».

Del mismo modo, ha señalado que la Iglesia está abierta a revisar los inmatriculado y a solventar errores. «La Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo. […] Está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo piden», ha añadido.

«Al servicio del bien común»

Del mismo modo, ha recordado que todos estos bienes de la Iglesia «están al servicio del bien común a través de las actividades de la comunidad cristiana: en la liturgia, en la catequesis, en la caridad». También se ha referido a su «extraordinario valor histórico, artístico y cultural».

El secretario general de la CEE ha concluido haciendo un llamamiento a la colaboración entre la Iglesia, la sociedad y las administraciones públicas para asegurar «el mantenimiento de estos bienes» y se mantenga así su uso litúrgico, así como para el social, artístico y cultural.