El Gobierno anuncia una nueva discriminación a la concertada

«Serán 2.000 millones de euros que se van a repartir en base a criterios representativos de gasto en educación pública, a pagar en septiembre»: este fue el anuncio del presidente Pedro Sánchez que dio en la conferencia de presidentes autonómicos esta semana. La partida forma parte del fondo de 16.000 millones destinado a compensar el impacto de la gestión del coronavirus en las comunidades autónomas, pero la intención de Sánchez de que la beneficiaria exclusiva sea la educación pública está provocando la oposición de la concertada.

«Este anuncio supone decirle a las familias que elegimos la escuela concertada que nuestros hijos no van a volver en las mismas condiciones de seguridad sanitaria que los alumnos de la escuela pública, cuando en realidad pagamos los mismos impuestos», denuncia Carlos Torres, presidente de CONCAPA Rioja, una de las comunidades autónomas en las que los centros concertados sufren una situación económica más comprometida.

Con las condiciones sanitarias que anunció esta semana la ministra Isabel Celáa para la vuelta al colegio en septiembre —20 alumnos por aula, distancia de seguridad de 1,5 metros, ente otras—, harán falta más aulas y más docentes, «y eso es complicado llevarlo a cabo sin recursos adicionales», dice Torres.

Para el presidente de CONCAPA Rioja, «si esos recursos se ofrecen solo a la red pública, entonces se discrimina de manera absoluta a la red concertada. Los colegios concertados también somos educación pública, porque estamos sostenidos con fondos públicos. Según la Constitución, el sistema educativo español es dual y complementario, y eso quiere decir que ninguna red puede prevalecer sobre la otra».

De esta manera, «cualquier medida que favorezca solo a la red pública sería inconstitucional», y además «este terreno de las medidas sanitarias es un tema muy delicado, porque se pondría en riesgo la salud de sus alumnos y de sus familias; rozaría la prevaricación».

La situación de La Rioja es especialmente difícil, porque el Gobierno regional —formado por la coalición entre PSOE y Unidas Podemos— «ha planteado ya la eliminación de aulas y el aumento de ratios en la escuela concertada, lo que entraría en colisión directa con el propósito del Gobierno central de reducir el número de alumnos por clase y aumentar el número de aulas», denuncia Torres.

Por todo ello, «lo que tiene que primar es el beneficio de los alumnos y de sus familias, para que puedan volver a clase en las mejores condiciones sanitarias, y no comprometer su salud por cuestiones políticas».

Igualdad de condiciones

Tras el anuncio de Sánchez, ya ha habido presidentes autonómicos que se han manifestado a favor de que la red concertada reciba también estas ayudas, pero el clima de ambigüedad no ayuda a resolver el conflicto de cara al inicio de curso. En este sentido, la presidenta de Escuelas Católicas de Madrid, Rosario Cardo, ha insistido en la necesidad de que las Administraciones educativas estatal y autonómica «se coordinen, eviten las ocurrencias y dicten pautas creíbles y realistas que permitan afrontar el inicio del próximo curso con la mayor normalidad posible».

En La Rioja, la situación se ve complicada. Ana Isabel Preciado, presidenta de Escuelas Católicas de esta comunidad, ofrece la visión de los centros concertados en este asunto: «Parece que nos quieren dejar fuera, y eso no nos hace ninguna gracia». El curso que viene «necesitaremos más personal de limpieza», lo que supone más profesores, más instalaciones y recursos informáticos, «pero ese dinero no va a ir a la concertada. Nuestra pregunta es: ¿de dónde creen que lo vamos a sacar?».

«Solo pedimos que a las dos redes complementarias que reciben recursos públicos se nos trate en igualdad de condiciones, porque parece que quieren cambiar las reglas del juego, y para eso habría que cambiar la Constitución», señala la presidenta de Escuelas Católicas La Rioja, quien denuncia asimismo «toda una serie de medidas para ir ahogando cada vez más a los centros concertados». Además, los tribunales «siguen tumbando todas estas decisiones. No comprendemos cómo se pueden seguir tomando medidas sabiendo que son ilegales».