La Iglesia no abandona la Cañada Real
A pesar de la poca incidencia del COVID-19 en la Cañada Real, sus habitantes han sufrido las consecuencias económicas y sociales del confinamiento como cualquier otro ciudadano, lo que se ha sumado a la histórica marginación de la zona. Tanto Cáritas Diocesana de Madrid como la parroquia Santo Domingo de la Calzada no han dejado de atender a su población
Son las once de la mañana y no se ve un alma por la calle. Resulta extraño encontrarse la Cañada Real así. Habitualmente bulle de gente, especialmente de niños que corretean por todas partes. Pero es la hora del paseo de los mayores y la gente permanece en sus casas cumpliendo con lo establecido por el Estado de alarma. «Se han respetado bastante las normas», asegura el sacerdote Agustín Rodríguez a través de su mascarilla. «Es verdad que en la zona de la venta de droga hubo más problemas con el confinamiento, pero finalmente la Policía Nacional empezó a tener una presencia bastante más activa y consiguió reducir las incidencias», añade el párroco de la Cañada Real, al mismo tiempo que retira lo justo su mascarilla para poder inhalar el humo de algo parecido a un cigarrillo electrónico.
Una hora después, la imagen es otra. Las 12:00 horas marca el cambio de turno. Las familias vuelven a tomar el pulso de la calle, los niños –en Cañada viven cerca de 2.500 menores junto a sus padres– saltan y se esconden por cualquier rincón y sus gritos y voces hacen que uno se olvide de que Cañada Real es también el mayor supermercado de la droga de Europa.
Abdelbir, de origen marroquí y 12 años, ha decidido aprovechar su hora de paseo para intentar conseguir por internet una cita que le permita matricularse el año que viene en su colegio. Hace dos días la Comunidad de Madrid abrió el plazo, pero no hay tiempo que perder porque se cierra en poco más de dos semanas. Va acompañado de su madre, que luce un bonito y vistoso hiyab de colores. «Venimos a La Fábrica –donde varias de las organizaciones que trabajan en la Cañada Real tienen sus locales– para ver si en Cáritas me pueden dejar un ordenador para pedir la cita», responde Abdelbir, no sin antes de pedirle permiso en árabe a su madre.
Atención individualizada
Su caso ejemplifica a la perfección el trabajo que la Iglesia de Madrid, a través de Cáritas y la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, ha desarrollado en el poblado desde que comenzó el Estado de alarma. Ambas realidades eclesiales han sido prácticamente las únicas que se han mantenido en el poblado. «Luego entró Cruz Roja a los 15 o 20 días, con un desembarco importante de alimentos», asegura Pablo Chozas, responsable del centro de Cáritas Diocesana de Madrid en la Cañada Real.
«En nuestro caso, decidimos quedarnos aquí mientras fuera posible y fuimos adaptando nuestro local» a las necesidades de cada momento. «Lo primero que hicimos fue reducir todo lo que tenía que ver con actividades grupales e implementar una atención individualizada», explica Chozas. Las primeras peticiones tenían que ver con el tema de la alimentación, y «participamos en una entrega de comida organizada desde la parroquia». Ahora, por ejemplo, «hemos habilitado espacios para ayudar a las familias en el proceso de matriculación de sus hijos en el colegio». Como en el caso de Abdelbir. «En verdad, la solicitud se puede hacer de forma telemática, pero muchas de las familias que viven en la Cañada no tienen acceso a internet».
Comedores sociales
De igual forma, Agustín Rodríguez ha mantenido una presencia activa en la Cañada Real, y eso que describe la llegada del coronavirus y del confinamiento como un «revolcón», que en su caso se llevó por delante a varios de los voluntarios de la parroquia. «Tuvimos una persona infectada, dos en cuarentena con síntomas, y varios sin salir de casa al ser personas de riesgo». El COVID-19, sin embargo, no pudo acabar con el peculiar sistema de comedores sociales implantados desde Santo Domingo de la Calzada. «No es un comedor social al uso donde nosotros compramos la comida, cocinamos y la repartimos. Importamos un modelo que se desarrolló en Lima (Perú) en los años 80 y cuyo planteamiento tiene mucho más que ver con una dinámica de desarrollo comunitario de los propios grupos que participan. Tenemos hasta 18 comedores y en cada uno de ellos hay varias cocinas que da servicio a varias familias», explica el sacerdote. Los usuarios se encargan de ir al Banco de Alimentos, de traer la mercancía, de cocinarla y repartirla. Los gastos se afrontan a medias entre ellos y la parroquia. El resultado, 400 familias atendidas y la confirmación de que la Iglesia en Madrid no ha cerrado en ningún momento su puerta para los habitantes de la Cañada Real.
Hace dos años la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se dieron un plazo de dos años para el realojo de las primeras 150 familias de la Cañada Real. Comenzaba así el principio del fin del poblado chabolista, que ambas administraciones quieren clausurar ante las paupérrimas condiciones vitales de sus habitantes y para rehabilitar el Parque Regional del Sureste sobre el que se encuentra asentado.
Entonces Agustín Rodríguez, párroco de la Cañada Real, advertía a este semanario de lo inasumible de los plazos, atendiendo a la compleja realidad social del enclave. El tiempo le ha terminado dando la razón y todavía no se ha concluido el realojo de este primer grupo de familias. Sin embargo, «ya se han adquirido creo que cerca de 100 viviendas, y antes del verano se produjeron los primeros traslados de familias», asegura el sacerdote.
La aparición en escena del COVID-19 ha supuesto la paralización del proceso, justo «ahora que se iba a dar un empujón grande. Ya se había desarrollado toda la parte inicial de compra y puesta a punto de las viviendas y era el momento de los traslados».
No obstante, con la entrada de Madrid en la fase 1 se va a proceder a la reactivación del plan, que se espera que concluya a finales de año. «Esta semana precisamente tenemos una reunión para ver cómo está toda esta situación después del coronavirus», asegura el párroco, cuya dilatada experiencia de intervención social sobre el terreno es fundamental para implementar los acuerdos alcanzados por la administración.