Arranca la nueva ley de educación, sin consenso y cuestionando los derechos de padres y centros

La Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), la octava ley de educación de la democracia, ha iniciado este martes su tramitación en el Congreso de los Diputados tras su aprobación por el Consejo de Ministros.

Se trata de una ley que tiene como objetivo «aumentar la competencia cognitiva y la empleabilidad» de los alumnos, reconocía hace unas semanas la ministra de Educación, Isabel Celáa. El nuevo proyecto pasa por anular la LOMCE, «una carrera de obstáculos», en favor de un modelo educativo «en el que todo el mundo tenga las mismas oportunidades», según la ministra.

En la exposición de motivos de la ley se mencionan aspectos como la inclusión, la coeducación y la crisis climática, y prevé la posibilidad de repartir el alumnado con necesidades específicas —discapacidades leves, migrantes o pertenecientes a determinadas etnias— en cualquier centro público o concertado a discreción de la Administración, reformando al obligatoriedad que tenían hasta ahora todos los centros sostenidos con fondos públicos de reservar el 10 % de sus plazas para alumnos de estas características.

Otro aspecto novedoso de la ley es que el ministerio tiene mayores competencias a la hora de imponer contenidos, por encima de las comunidades autónomas: el 55 % del currículo en las comunidades con dos lenguas cooficiales, y el 65 % en el resto. Además, la ministra ha anunciado que los aspirantes al profesorado deberán cursar un año de prácticas tuteladas antes de poder obtener el título.

Asimismo, la reforma aborda los altos índices de fracaso escolar permitiendo que los estudiantes que suspendan más de dos asignaturas en la ESO puedan pasar de curso de forma excepcional. Junto a ello, será posible obtener el título de bachiller aun con una asignatura suspensa.

Sin embargo, la ley no viene exenta de polémica: elimina la obligatoriedad de cursar la asignatura de Religión, que pasará a ser de oferta obligatoria pero voluntaria en Primaria, y sin asignatura espejo como hasta ahora. Además, se incorpora una nueva asignatura sobre Valores Cívicos y Éticos tanto en Primaria como en Secundaria, y se elimina el concepto de demanda social como criterio para la planificación escolar. En su lugar, el nuevo texto introduce aspectos transversales como la perspectiva de género y la coeducación, en aras del principio de la igualdad entre sexos y la no discriminación por razón de sexo.

Rechazo desde varios sectores

«La comunidad educativa lo quiere», afirmaba sobre el proyecto Isabel Celaá hace unos meses, cuando se empezó a tramitar la nueva ley de educación en la anterior legislatura. Sin embargo, las voces en contra se han alzado desde todo el espectro educativo. Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, ha denunciado que «el Gobierno ha considerado urgente la derogación de la LOMCE porque fue una ley sin consenso y que primaba un tipo de centros, pero lo ha hecho aprobando una ley sin consenso y que prima otro tipo de centros». Además, afirma que la libertad de enseñanza «está en peligro, no porque la nueva ley prohíba la elección de centro o el régimen de conciertos, sino porque va a hacer inviable el ejercicio de tales derechos». Junto a ello, la futura ley Celaá «abre la puerta a la intervención administrativa en el reparto de alumnos, por delante de la elección de las familias», por lo que deja la libertad de enseñanza de nuevo «en peligro».

Para el sindicato de funcionarios CSIF, «los problemas endémicos de los últimos 30 años van a seguir sin resolverse», y cita «la escasa inversión en educación, el paro juvenil, el abandono escolar y las diferencias entre comunidades autónomas». Según el sindicato, el hecho de que haya ocho leyes del sector aprobadas desde 1978 muestra «un disparate jurídico», por lo que «urge un pacto de Estado y unas actuaciones más realistas».

Por su parte, el sindicato docente ANPE ha mostrado su rechazo a que los alumnos de Bachillerato puedan obtener el título con una asignatura pendiente. Y la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al Gobierno que no apruebe una reforma educativa «a espaldas no solo de la mitad de lo que es la representación parlamentaria, sino de la mitad de la sociedad española».

Desde CONCAPA, su presidente Pedro José Caballero critica la forma con la que se va a tramitar esta ley: «deprisa y corriendo, sin los informes preceptivos previos del Consejo Escolar del Estado y del Consejo de Estado, sin contar con toda la comunidad educativa, y al margen de las familias, de los profesores, de los centros y de la sociedad en general».

Para Caballero, «el Gobierno ha impuesto su ley». Además, «nos preocupa seriamente que desaparezca el elemento de la demanda social, que garantiza los derechos de las familias a elegir el centro educativo más acorde con sus convicciones». Y sobre la asignatura de Religión critica su carácter «cada vez más residual», y la apuesta por otra asignatura «similar a Educación para la Ciudadanía», lo que constituye «una nueva imposición y otro paso atrás».

Por último, los conciertos educativos «llevan 20 años sin actualizarse», pero «ahora parece que todo va a vertebrarse a través de la escuela pública. Si es así, desaparecerán líneas, centros y profesorado, y las familias no podrán elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos».