Un ataque acaba con 23 civiles en Camerún. Obispos de todo el mundo piden diálogo

La muerte de al menos 23 civiles en Camerún, entre ellos dos embarazadas y 14 niños, «es demasiado. Es inaceptable en el siglo XXI», ha denunciado el claretiano camerunés Esua Andrew Forka en un vídeo colgado en YouTube. «El 14 de febrero, los militares vinieron y mataron a bebés, a madres, incluso a niños no nacidos, quemaron casas», afirma el sacerdote, que culpa a las fuerzas del Gobierno.

El ataque ocurrió en Ngarbuh, en el distrito de Ntumbo, y se enmarca en el conflicto entre el Gobierno central y grupos independentistas de las regiones anglófonas de Noroeste (donde se encuentra Ntumbo) y Suroesete. «La violencia genera violencia», y el conflicto actual «está sembrando la ira en el corazón de bebés, de niños, de familias». Un odio que «no se aplacará hasta que nos pongamos en pie como pueblo y decidamos si queremos vivir juntos o separados», continúa el sacerdote. Su denuncia se suma a la de gran parte del clero del departamento, que denunció los hechos durante las Misas del domingo.

Los datos que hablan de 23 víctimas proceden de la ONU. En medio de una guerra de acusaciones recíprocas, los independentistas comenzaron hablando de 40 víctimas y el Gobierno, que ha terminado reconociendo su implicación en este «desgraciado accidente», las reduce a cinco.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado su preocupación por lo ocurrido, y ha pedido al Gobierno de Paul Biya que «lleve a cabo una investigación y garantice que los responsables rinden cuentas».

Por otra parte, el secretario general de la ONU ha pedido a «todos los actores armados que se contengan de realizar ataques contra civiles y respeten el Derecho Internacional de los Derechos Humanos». Así las cosas, ha expresado la disposición de Naciones Unidas a «trabajar con todos los actores hacia una solución política a la crisis en las regiones Noroeste y Suroeste mediante un diálogo significativo».

«No habrá victoria militar para nadie»

En este mismo sentido se han pronunciado estos días 16 obispos católicos de todo el mundo. En una carta abierta a Biya promovida por la Campaña Global por la Paz y la Justicia en Camerún los obispos, de diez países, piden al Gobierno que participe en las conversaciones de paz inclusivas propuestas por una ONG suiza. Les mueve la «preocupación por el sufrimiento de los civiles no armados y por la estabilidad y la prosperidad» del país.

Los obispos recuerdan que la violencia «de todas partes» ha causado la muerte de al menos 2.000 personas, obligado a 656.000 a dejar sus hogares y a 50.000 a huir a Nigeria, y mantiene a 800.000 niños sin escolarizar, la mitad de ellos de colegios católicos. «No habrá una victoria militar para ningún bando. Una solución duradera a los problemas de Camerún debe venir de un proceso mediado que incluya a los grupos armados separatistas anglófonos y a líderes de la sociedad civil no violentos».

En este sentido, los signatarios valoran el Gran Diálogo Nacional puesto en marcha hace unos meses, a pesar de su fracaso por el rechazo de bastantes grupos anglófonos. Las negociaciones ofrecidas por la ONG suiza —opinan los obispos, entre los que se encuentra el cardenal Patina, de Tonga— ofrece un mejor pronóstico. «Es nuestra sincera esperanza que todos los implicados se unan a estas conversaciones y muestren un espíritu de cooperación, pragmatismo y realismo para asegurar que estas negociaciones tiene éxito». Una salida pacífica al conflicto independentista es posible –concluyen– «si todos los implicados se tratan unos a otros como desean ser tratados».

De protestas pacíficas a la independencia

En 1961, las dos regiones anglófonas de Camerún decidieron unirse de forma federada al resto del país, francófono. Su marginación respecto a las regiones y la población de habla francesa llevó en 2016 a una serie de protestas pacíficas duramente reprimidas, y el 1 de octubre de 2017 a la autoproclamación de la independencia de Ambazonia, como los independentistas se refieren al oeste del país.

Desde entonces, los grupos armados han proliferado y el apoyo a los separatistas, hasta entonces bastante marginal, se ha visto acrecentado. El Gobierno ha respondido mediante una feroz represión, durante la que las organizaciones de derechos humanos, han acusado a las fuerzas de seguridad de cometer atrocidades.