La Iglesia pide que se gobierne «al servicio de todos»

Después de días de incertidumbre y preocupación, la Iglesia en España ha recibido la formación del nuevo Gobierno desde la oración «por el éxito de la alta misión recibida para el servicio de todos», y pidiendo también a Dios que le conceda «sabiduría» para trabajar «para el bien común» y «por la justicia y la solidaridad, la libertad y la paz». Son los deseos que expresaba el 8 de enero el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Al tiempo, ofrece al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez «nuestra colaboración leal y generosa» ya que –recordaba– «la vida religiosa auténtica contribuye al bien general de la sociedad».

En la misma línea, el cardenal Carlos Osoro pidió en Twitter que «no nos dejemos arrastrar por la polarización. Con las reglas de juego que todos nos hemos dado, alcancemos acuerdos y trabajemos por este proyecto común».

En cuanto a las intenciones concretas, Cristianos Socialistas y el Círculo de Espiritualidad Progresista de Podemos se felicitaban por el compromiso de dar respuesta a retos como el trabajo digno o la protección a los inmigrantes; mientras que otras entidades detectan más sombras. La presencia en el Gobierno de ministros de distintas tendencias (incluidas figuras destinadas a tranquilizar en el ámbito económico) y la fragilidad de los apoyos dejan abiertos muchos interrogantes sobre cómo se concretarán.

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Unidad de España y convivencia. El acuerdo del PSOE y ERC a cambio de la abstención de esta plantea la creación, 15 días después de la formación del Gobierno, de una mesa de diálogo con dos premisas: la existencia en Cataluña de un «conflicto político» que se debe solucionar por «la vía política» («el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización»); y una relación marcada por la «bilateralidad» entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Se prevé también una «consulta a la ciudadanía de Cataluña» sobre los acuerdos que se logren.

Pocos días después de las elecciones de noviembre que dieron lugar a la formación del nuevo Gobierno, el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, reconocía al inicio de la Plenaria la existencia de «inquietud» por algunas manifestaciones políticas que «rozan con frecuencia aspectos fundamentales de la Constitución». Esta expresa y también «garantiza» la concordia que durante la Transición se hizo posible entre todos. «No tiene fecha de caducidad ni está limitada a algunas generaciones», y aunque «está abierta a posibles reformas», ella misma «ha indicado el procedimiento» para las mismas. «El éxito de la Transición», del que la Constitución es fruto, «fue motivo de serenidad que no puede ser cuestionado rompiendo el acuerdo» con el que fue aprobada.

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Las políticas de género y la lucha «contra la discriminación de las personas LGTBI» son una cuestión recurrente en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. En este ámbito, se promete una ley para evitar la discriminación de todo este grupo social, y otra dedicada específicamente a las personas transexuales. Se citan medidas concretas como apoyar «la adopción a familias LGTBI», el «reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas», «la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión» y trabajar, en el ámbito de la Unión Europea, para erradicar «cualquier forma de patologización de las personas LGTBI».

En cambio, se plantea un no rotundo a los vientres de alquiler, que «socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas». Este rechazo no solo incluye la no legalización de la maternidad subrogada, sino la promesa de actuar «frente a las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país». Una medida similar a las que pidió en 2017 el Comité de Bioética de España, que para «dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de estos contratos», contemplaba entre otras medidas «sancionar a las agencias».

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La legalización de la eutanasia como «nuevo derecho» que plantea el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos supone «dirigir la atención a un punto muy concreto, para muy pocos», y «sin un debate y valoración de los riesgos que supone» y de las «implicaciones para todos los pacientes», afirma el doctor Carlos Centeno, experto en Paliativos de la Clínica Universidad de Navarra, el Instituto Cultura y Sociedad y miembro de la Pontificia Academia para la Vida. «Si ya vemos sufrimiento al final de la vida por sentirse una carga, qué no será cuando exista esta posibilidad». La ley de derechos al final de la vida que también se promete, si es similar a la que se tramitaba en la legislatura pasada para mejorar los cuidados paliativos, «no es mala, pero no incluía cosas importantes» como la formación para todo el personal sanitario y la creación de una especialidad.

En relación con el aborto, la alusión del acuerdo a favorecer el acceso al mismo «de todas las mujeres» implica, según ambos partidos, que las menores podrán abortar sin permiso paterno con 16 años. El acuerdo habla además de preservar la «intimidad, integridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación» de las mujeres que acuden a abortar, apuntando a la posibilidad de restringir la actividad de entidades provida que les ofrecen ayuda cerca de los centros abortistas.

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Relación con la Iglesia. Además de la aprobación de «una ley sobre libertad de conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas», de la que no se da más información, el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos en lo que afecta a la relación con la Iglesia tiene como principal propuesta cambiar las leyes necesarias «para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia». Se considera que están inscritos «indebidamente» aquellos bienes eclesiales que se registraron «a partir de simples declaraciones de sus propios miembros». Desde la CEE se recuerda que «entre 1998 y 2015 se permitió a la Iglesia la inmatriculación de sus templos, algo que hasta esa fecha no se permitía por la Ley Hipotecaria de 1946», dejándola en «clara desventaja jurídica en relación con otras confesiones». Estas inscripciones en el registro permiten «mostrar la titularidad», algo «necesario en el acceso a licencias de obra o ayudas para restauración de templos». «Nada de lo que se registró en este proceso estaba antes inmatriculado, por lo que salvo error involuntario, esas inmatriculaciones –que no otorgan la propiedad sino que la reconocen– tienen validez, han sido realizadas conforme a derecho y están sometidas a derecho».

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En lo que concierne a las familias, el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos apuesta por la conciliación de la vida laboral y personal con la promesa de terminar de equiparar los permisos de paternidad y maternidad, que en 2021 alcanzarán las 16 semanas. También se fomentará la racionalización de horarios y el respeto al «derecho a la desconexión».

Su libertad recibe menos respeto. La asignatura de Religión, que piden el 65 % de los padres y que según los Acuerdos con la Santa Sede debe ofrecerse «en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales», no tendrá asignatura alternativa (se cursará a costa del tiempo libre) ni contará para la nota media. Diversas asociaciones educativas y de familias han subrayado que esto equivale a reducirla a una actividad extraescolar. Además, se pretende «impedir la segregación educativa por razón de sexo», la educación diferenciada, en los centros concertados. Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) recuerda que este sistema está «avalado por los tribunales» como no discriminatorio, la última vez por el Constitucional en 2018. Más allá de lo concreto, a Caballero le preocupa que el acuerdo «blinda la educación pública como eje vertebrador de la enseñanza. Todo lo que no sea público sobra».

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En lo relativo a las migraciones, «la música suena muy bien»; sobre todo en las propuestas de modificar el sistema de acogida de solicitantes de protección internacional, de elaborar una ley de asilo y de dotar mejor el Fondo Estatal de Integración. Este último aspecto es una prioridad para la Iglesia –afirma el jesuita José Luis Pinilla, director de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española–, junto con la atención a «los migrantes más vulnerables, como los sin papeles, los menores y los que se quedan fuera del sistema nacional de acogida». También valora positivamente la intención de promover el desarrollo de los países de origen y tránsito, aumentando las ayudas para este fin hasta el 0,5 % de la Renta Nacional Bruta, «con tal de que se destinen a un desarrollo integral y no exclusivamente a defensa y seguridad». Este acuerdo de buenos propósitos «tiene que avalarse con los hechos y los medios que se pongan», matiza Pinilla. Tiene la dificultad añadida de articular la acción del Gobierno entre dos partidos que «no siempre han tenido la misma respuesta ante el fenómeno migratorio», con los demás grupos que lo han apoyado, y con los distintos niveles de la Administración que tienen competencias en migraciones. «¿Contarán además con las instancias sociales, algunas de las cuales tienen mucha experiencia?».