El control de las finanzas, gran batalla de Francisco

El nuevo tesorero del Vaticano es misionero y jesuita. Dos cualidades que definen el perfil elegido por el Papa para la persona que deberá administrar con rigor y trasparencia su caja fuerte. El sacerdote extremeño Juan Antonio Guerrero es un hombre tenaz y un trabajador incansable, curtido en el trato directo con la gente y los puestos de mando, dotado de una gran agilidad mental, con una impecable formación económica pero, sobre todo, es de confianza. El Papa no podía permitirse otro error de cálculo que restara crédito a la reforma de las finanzas y decidió buscar al sucesor del cardenal George Pell, condenado en Melbourne por abusos sexuales a menores —si bien está a la espera de la resolución del último recurso judicial—. A Guerrero lo avala el superior de los jesuitas, Arturo Sosa.

Su nombramiento lo dejó aturdido. Llevaba dos años trabajando en Roma como delegado del padre general de los jesuitas para las casas y obras interprovinciales romanas, pero había pasado totalmente inadvertido. Quizá la discreción sea otra de los elementos distintivos que el Pontífice buscaba. Además, es una persona totalmente extraña a las dinámicas de la Curia romana. Tanto que ha rechazado ser nombrado arzobispo, una distinción prevista para su cargo en el organigrama vaticano.

Su estreno como prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano está marcado en rojo en el calendario de la Santa Sede. Pone fin a año y medio de sede vacante —desde que Pell pidió una excedencia en junio de 2017— en el organismo que se encarga de gestionar los recursos financieros del Papa. Guerrero tiene desde ahora plenos poderes de decisión sobre todas las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano: una responsabilidad descomunal cuyo legado será decisivo en la estrategia adoptada para frenar el desgobierno financiero que se ha instalado en las instancias vaticanas y dar aire al déficit de sus cuentas.

El verdadero músculo económico del Vaticano es su patrimonio artístico. Las obras custodiadas en los Museos Vaticanos, con seis millones de visitantes al año —solo por debajo del Louvre y del British Museum—, tienen un valor incalculable en comparación con los 6.000 millones de euros en los que se cifran los depósitos del Instituto para las Obras de Religión (IOR): una cantidad irrisoria si se compara, por ejemplo, con los 65.725 millones que costó en total el rescate a la banca española durante la crisis.

El banco del Vaticano, una pequeña entidad financiera con poco más de cien empleados, fue creado por Pío XII en 1942. Desde 2010 se han ido dando pasos para que gane transparencia. Benedicto XVI hizo frente como pudo a una concatenación de escándalos que comenzaron con unas pesquisas de la Fiscalía de Roma ante una transferencia sospechosa de 23 millones de euros y que terminó con el secuestro de estos fondos y la condena por blanqueo de capitales a dos de sus directivos. En 2011, el Papa emérito creó la Autoridad de Información Financiera (AIF). Al año siguiente el informe Moneyval del Consejo de Europa constató que el Vaticano había hecho «notables progresos» para combatir el lavado de dinero. El IOR comenzó a rendir cuentas y a presentar con regularidad sus balances. Con el objetivo de cumplir con los estándares internacionales de transparencia, se revisaron las casi 20.000 cuentas abiertas y se hizo una criba de clientes cuyo perfil está limitado a instituciones católicas, eclesiásticos, dependientes del Vaticano y embajadas y embajadores acreditados ante la Santa Sede. Este proceso acabó con la liquidación de más de 5.000 cuentas corrientes, la mayoría inactivas, pero también algunas de dudosa titularidad.

Las anomalías continúan

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de limpieza, las anomalías siguen abundando en el banco del Papa. En este momento, la Fiscalía del Vaticano mantiene suspendidos a cuatro funcionarios de la secretaría de Estado y al director de la Autoridad de Información Financiera (AIF) por supuestas irregularidades en la compra de un edificio exclusivo de Londres por un coste total de 180 millones de euros, donde intervino la Secretaría de Estado con fondos provenientes de las donaciones que los feligreses hacen a través del Óbolo de San Pedro. El vaticanista del diario Avvenire Mimmo Muolo destacó en una conferencia ante la prensa extranjera que la inversión en el inmueble londinense no tiene por qué ser un escándalo en sí mismo. «El Papa ha dejado clara la relación que quiere que exista entre la Iglesia y los bienes materiales. Y no tiene nada que ver con la visión romántica que define al Papa como un hombre que quiere vender los bienes para dárselo a los pobres. El Santo Padre dice que Óbolo de San Pedro puede ser usado para inversiones o para la compra de inmuebles, si bien pone como condición que las inversiones sean éticas. Y sitúa líneas rojas, por ejemplo, en el comercio de armas», remachó el experto. Además, hizo hincapié en que si la justicia está avanzando ha sido gracias al impulso de Francisco. «Tanto la señalación de la operación sospechosa al fiscal del Vaticano, como la incautación judicial en la AIF y en la Secretaría de Estado se han producido gracias a los sistemas de control y vigilancia instalados por Francisco. Hay que señalar, además, que es la primera vez en la historia de la Iglesia que se allanan las oficinas de dos de sus centros neurálgicos para incautar documentos», incidió.

Hasta ahora lo único que ponen en claro las investigaciones de la magistratura vaticana es la falta de manejo en las inversiones de las finanzas del Vaticano. Según el periodista Carlo Marroni, del periódico económico Il Sole 24 Ore y autor de Il conto Vaticano, la intromisión de consultores particulares y la descentralización de las administraciones del Vaticano son el perenne foco de todos los escándalos. «El dinero de los distintos dicasterios se gestiona de forma autónoma. No hay un eje central y hay demasiada dispersión. Esto permite que las inversiones se deleguen en personas externas que no siempre lo hacen bien y que no siempre actúan de forma honesta. Con la compra del piso en Londres ha pasado esto. En primer lugar, pasó por las manos de un financiero italiano. Y después, para cerrar esta operación, delegaron en otro particular. De momento, lo único que sabemos es que se ha cometido un error garrafal de cálculo porque se ha pagado mucho más de lo que costaba realmente; ya veremos si más adelante se depuran conductas de corrupción, pero en este momento nadie se ha escapado con el dinero», comentó.

El Consejo de cardenales designado por el Pontífice para ayudarle en la reforma de la Iglesia central lleva cinco años dando forma al texto final de la constitución apostólica que sustituirá a la Pastor bonus que promulgó san Juan Pablo II en 1988. La reforma de las finanzas es un asunto primordial. «La escritura de la constitución está en una fase decisiva, pero una de las enmiendas que está todavía en estudio es la centralización de los flujos financieros […]. Es en la partida de las finanzas donde se juegan los nuevos equilibrios políticos internos», explicó Marroni.

Posible bancarrota

La salud de las cuentas del Vaticano no pasa por su mejor momento. Los casos de abusos sexuales por parte del clero se han llevado por delante parte de las donaciones de grandes potencias económicas como Estados Unidos o Canadá, y no solo porque haya caído en picado el número de fieles, sino porque sus recaudaciones se han vehiculado hasta los resarcimientos para las víctimas de esta lacra. Hasta el cardenal Reinhard Marx, que preside el Consejo para la Economía, aseguró en público, poco antes del Sínodo de la Amazonía, que si no se estabilizaban los ingresos en el Vaticano podría entrar en bancarrota en un plazo de unos cinco años. Los bienes inmuebles que posee la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) suman 2.400 apartamentos, la mayoría situados en Roma y Castel Gandolfo. Además, gestiona otros 600 pisos alquilados a negocios o utilizados como oficinas. Son muchas las voces que critican la poca rentabilidad que el Vaticano saca a su patrimonio: alquila seis de cada diez inmuebles a sus empleados y sus familias, que pagan por ello un canon reducido. «Se trata de una forma de vivienda social. Si esto lo hacen las grandes empresas privadas, son acciones encomiables que cuidan del personal. Si lo hace el Vaticano, somos incompetentes», defendió en una reciente entrevista con el periódico de la Conferencia Episcopal Italiana el presidente del APSA, monseñor Nunzio Galantino.

Está claro que la lógica de la Santa Sede no coincide con la visión rentista de una empresa. Por eso nunca puso en práctica los consejos de la consultora americana McKinsey & Company que en 2013 le dijo que para sanear sus cuentas solo tenía que deshacerse de la mitad de su plantilla. Si el Vaticano tiene que endeudarse para dar vida a un proyecto con el que ayudar a los más desfavorecidos o para una inversión millonaria de carácter pastoral, lo hará.