La Comunidad de Madrid ofrece 200 plazas ante la emergencia de acogida

La fórmula será, afirmó la jefa del Ejecutivo, una apuesta personal de ella y el alcalde, Martínez-Almeida. Tan personal, en el caso regional, que el vicepresidente del Gobierno se enteró de la noticia en el pleno, al anunciarlo su vecina de escaño.

Falta ahora que el Gobierno municipal —que corre con los gastos de la instalación de los elementos— decida dónde ponerlos. La alternativa habitacional —prefabricados de 60 metros cuadrados con tres habitaciones, cocina, salón y un baño— podría albergar a unas 200 personas.

Ayuso respondía con esta novedad a la pregunta que le había hecho la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, sobre las personas demandantes de asilo que se encuentran durmiendo en la calle en las gélidas noches de Madrid. Exigía soluciones porque «esto no puede depender de su caridad ni de su moral».

La presidenta contestó indicándole que en breve se unirán a la instalación puesta en marcha en Cercedilla, otras dos en Casa de Campo y Los Molinos. Recordó que las competencias en materia de refugio son del Gobierno central, y señaló que pese a ello, la Comunidad ofrece esta fórmula. Según explicó, ella y el alcalde han acordado utilizar estos 20 prefabricados para que estas personas tengan una salida de emergencia que les evite dormir en la calle. Son parte del stock con que cuenta la Agencia de Vivienda Social para estas situaciones. Este tipo de barracones se han utilizado en algunas circunstancias sobrevenidas, como ocurrió en 2005 cuando se destinaron otros del mismo tipo a atender a los damnificados por las catástrofes naturales de Sri Lanka.

Las viviendas provisionales están dotadas con instalación eléctrica preparada para conectar radiadores y climatizar el espacio. Se podrían convertir, en palabras de Díaz Ayuso, en la vía para que estas personas «puedan en muy poco tiempo estar en las mejores condiciones».

La presidenta ha recordado que «32.000 de los refugiados que han venido, un 80 % llegan de Venezuela», donde el «Gobierno está causando un éxodo» de «millones de personas que huyen de la miseria».

Pero la posibilidad planteada no termina de convencer a los partidos de la oposición. De hecho, ni siquiera desde el socio de Gobierno del PP, Ciudadanos, fueron especialmente entusiastas con la idea: el portavoz de este grupo, César Zafra, reconoció que es «una medida que acabamos de conocer; habrá que ver si es la más razonable».

En todo caso, se mostró molesto porque «la izquierda critica mucho todo lo que hace la Comunidad, y no lo que no hace el Gobierno de la nación», a quien pidió «que tenga un poquito de responsabilidad y ayude».

Tampoco a Vox le gustó mucho el modelo elegido: Rocío Monasterio consideró «una tomadura de pelo» la iniciativa de los prefabricados. La solución, entienden, tiene que venir por la vía de que el Gobierno regional «cuente con vivienda social» para los colectivos más vulnerables. La opción de los barracones «no resuelve el problema».

La socialista Puri Causapié acusó al Gobierno regional de «llevar mucho tiempo poniéndose de perfil en la cuestión de los refugiados», pese a que a su juicio esta Administración tiene «competencias en atención social y en la integración de las personas refugiadas».

De hecho, en defensa del Gobierno Central –el que tiene las competencias en materia de refugiados–, Causapié aseguró que la presidenta Ayuso se había referido al centro de Cercedilla, habilitado para estas personas, que «está pagando el Gobierno central». Lo hace en virtud del acuerdo a que llegó con el Ayuntamiento de Madrid, tras el colapso del Samur Social y la repetición de casos de familias durmiendo con menores en la calle.

La diputada socialista defiende que los refugiados «merecen viviendas dignas, y servicios adecuados, tanto educativos como sociales», y recordó que «tienen su estatuto como personas refugiadas». De hecho, acepta la salida de los prefabricados pero sólo como «un recurso provisional, del momento».

Pablo Gómez Perpinyà, portavoz de Más Madrid, recordaba que su grupo denunciaba hace semanas esta situación de los refugiados, y entiende que la solución aportada ahora supone que el Gobierno regional reconoce que «era una situación evitable», por lo que se preguntó si «era necesario hacerles pasar este calvario» a estas personas. Le achaca a Díaz Ayuso «un problema de credibilidad» porque su Gobierno se apoya en los votos de Vox, que «considera que los refugiados son una invasión».

La autora de la pregunta que motivó el anuncio, Isa Serra (portavoz de Unidas Podemos), consideró la iniciativa de los barracones como «ridícula»: «Esperamos que no estén hablando en serio». De hecho, recuerdan que según una sentencia del Supremo la Comunidad es quien tiene las competencias en garantizar «vivienda, servicios sociales, sanidad y educación a las personas solicitantes de asilo y refugio». Denunció la creación de entes como «la Oficina de Atención al Refugiado, sin ningún tipo de competencia ni presupuesto».