Bolsonaro niega el asesinato de Wajãpi e insiste en legalizar la minería en la Amazonia

Jair Bolsonaro pone en duda el asesinato de Emyra Wajãpi. El líder indígena aparentemente fue atacado por un grupo de mineros ilegales, quienes además habrían invadido las tierras del estado amazónico de Amapá. Sin embargo, para el presidente «no hay ningún indicio convincente de que el indígena fuera asesinado allí ahora». «La Policía Federal está allí y mandamos a quien pudimos para descifrar el caso y saber la verdad», añade.

Es una opinión contraria a la de otras instituciones del país. Aunque de momento no existen indicios suficientes para confirmar la autoría del crimen, según el Ministerio Público, diferentes indígenas de Amapá declaran haber visto aquel día «personas que no pertenecen a ninguna etnia por la zona». Para ser más exactos, los lugareños hablan de un grupo de unos 50 buscadores de metales preciosos que tendrían interés en acabar con la vida del cacique. Mostrando su desacuerdo con el Ejecutivo, la Fiscalía ha calificado el suceso como un «homicidio» e insiste en que «no se descarta ninguna hipótesis». Especialmente, después de haber encontrado el cadáver de Wajãpi en un río de la zona.

A diferencia de Bolsonaro, Michelle Bachelet, quien actualmente ocupa el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha condenado la muerte de Wajãpi. También lo han hecho organizaciones medioambientales como Amazon Watch, quien acusa al presidente de «tener las manos manchadas de sangre». Según Christian Poirier, director de programas de la ONG, «las políticas imprudentes de su régimen y su negligencia con las comunidades amazónicas» han creado un clima de violencia que, finalmente, desencadenó el asesinato de Emyra Waiapi.

Por su parte, las autoridades de Brasil han convocado un gabinete de crisis. En él se han reunido representantes órganos públicos como el Ejército, la Policía Federal y la Fundación Nacional del Indio con el objetivo investigar lo sucedido, garantizar la integridad de los indígenas y evitar una escalada del conflicto.

Intereses mineros

Poirier también denuncia la constante llamada del presidente brasileño a «legalizar la minería» en la Amazonia. Algo que, en su opinión, ha dado «poder a las mafias locales para invadir áreas protegidas con impunidad» y, en última instancia, sentirse legitimados para asesinar a líderes indígenas como Wajãpi.

Para reforzar su argumento, el director de operaciones de Amazon Watch recuerda unas declaraciones de Bolsonaro. Esta misma semana, justo antes de reunirse en el palacio presidencial con el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, el presidente brasileño hablaba abiertamente de su intención de regularizar la minería y legalizarla, «incluso para el indígena, que tiene que tener derecho de explotar minerales en su propiedad».

Durante aquella rueda de prensa, el presidente brasileño también acusó a las ONG ecologistas de pretender «que el indígena continúe preso en un zoológico animal, como si fuera un ser humano prehistórico». Se enfrentaba así a un colectivo crítico con su política económica, pues Jair Bolsonaro ha centrado su legislatura en la explotación de los recursos naturales de la región. Algo que también le ha llevado a acusar a las comunidades indígenas de impedir el desarrollo de los negocios del país porque, en su opinión, «Brasil vive de materias primas».

Aparte de enfrentarse a entidades benéficas y pueblos originarios, la concepción del medio ambiente de Bolsonaro también le ha llevado en ocasiones a chocar frontalmente con los obispos del país, a quienes llamó durante la campaña electoral «la parte podrida de la Iglesia». Además, concibe el Sínodo para la Amazonia, una reunión de la Iglesia convocada para octubre en la que se tratarán temas medioambientales, como una injerencia extranjera en política interna

Escalada de tono

El empeño en legalizar la minería, las críticas hacia los indígenas, las dudas sobre el asesinato de uno de sus líderes y los reproches a ONG medioambientales no son las únicas subidas de tono de Bolsonaro durante la semana. Este lunes, el líder frivolizaba con los desaparecidos durante la dictadura que el país sufrió entre los años 1964 y 1985. «Si un día el presidente de la Orden de los Abogados de Brasil quiere saber cómo es que su padre desapareció en el periodo militar, se lo cuento. Él no va a querer escuchar la verdad, yo se la cuento», polemizaba en una conversación con periodistas recogida por la Agencia Efe.

Con sus declaraciones, el presidente hacía referencia a Fernando Santa Cruz, un activista de movimientos católicos de base que la dictadura hizo desaparecer en 1974. En respuesta a la información privilegiada que Bolsonaro dice tener, Felipe Santa Cruz, presidente de la Orden de los Abogados de Brasil e hijo del desaparecido, ha citado al presidente en la Corte Suprema de Justicia para que aclare «si él supo de los oscurantismos de la dictadura» y explique hasta qué punto tiene relación con este periodo.