«Hoy duermo con mamá»: las iglesias de EE. UU. han atendido a mil familias separadas

Una noche de julio, una madre con su hija llegaron a un centro católico de acogida de inmigrantes en el valle de Río Grande (Texas). Cuando su responsable, la hermana Norma Pimentel, las llevó a una habitación la pequeña, una niña de unos 7 años, le dijo: «Hoy no voy a llorar». «¿Por qué?». «Este último mes lloraba cada noche, pero hoy duermo con mi mamá».

Esta es una de las 2.654 familias inmigrantes separadas en la frontera entre abril y junio de este año, dentro de la política de tolerancia cero de la administración Trump. Son también parte de las 1.112 familias que, una vez reunificadas, han recibido ayuda de las iglesias católica y luterana, según un informe que sus respectivos departamentos de migraciones y atención a los refugiados han hecho público esta semana.

El proceso de reunificación tuvo lugar entre el 2 y el 29 de julio, como consecuencia de una decisión de la corte de distrito del sur de California, que el 26 de junio exigió que se pusiera fin a las separaciones y se reuniera a los hijos con sus padres. Apenas una semana antes, la indignación nacional e internacional había obligado a la administración Trump a firmar una orden ejecutiva limitando la separación de familias pero decretaba que padres e hijos permanecieran retenidos juntos.

El Gobierno pide ayuda

Fueron los propios departamentos federales de Seguridad Nacional y de Sanidad y Servicios Humanos los que se pusieron en contacto con las entidades confesionales para pedirles ayuda. De estas familias, 18 tenían niños menores de 5 años, y el resto entre esa edad y 12 años.

En el caso de los niños pequeños, la administración trasladaba a sus padres hasta los lugares donde estaban retenidos los niños. En el de los niños mayores, eran los niños los que viajaban hasta donde se había congregado a sus padres. En uno u otro sitio se producía la reunificación y luego las familias eran llevadas a un centro de recepción de las ONG implicadas, donde se les daba una comida caliente, ropa y la posibilidad de ducharse.

También se les ayudaba a comprar billetes hasta un destino final de su elección, normalmente lugares donde ya tenían parientes o amigos: Florida (14 %), Texas (13 %), California (12 %), Nueva Jersey (5 %) o Nueva York y Virginia (4,41 %).

Niños traumatizados

Al despedirse, se les ponía en contacto con otras entidades de esos ciudades, para que pudieran seguir prestándoles apoyo. Este seguimiento incluye asesoramiento legal y también atención sanitaria, incluida la psicológica. Algo fundamental dado el trauma que la experiencia ha causado en muchos niños.

Es el caso de Cristina (nombre cambiado), una niña salvadoreña de 12 años que sigue sufriendo ansiedad al perder de vista a su padre. Pasó 88 días separada de él. Durante ese tiempo, a ella le dijeron que su padre sería deportado, y él sufrió presiones para aceptar una orden de deportación, puesto que –le decían– su hija iba a ser dada en adopción y no volvería a verla. Ambos, después de reunirse, viven con unos familiares en Los Ángeles, mientras esperan juicio.

Para la psicología de estos niños, llueve sobre mojado. La casi totalidad de las familias provenían de Guatemala (50,8 %), Honduras (34,5 %) y El Salvador (8,1 %), países gravemente afectados por la violencia. De hecho, el informe explica que muchas de las que llegan a Estados Unidos lo hacen como último recurso después de «haber tenido que desplazarse internamente en su propio país varias veces».

Atención a niños separados

Durante el proceso, las ONG implicadas tuvieron que hacer frente a dificultades como la falta de coordinación entre las distintas agencias gubernamentales implicadas, las horas intempestivas a las que las familias llegaban por fin a los centros de las ONG colaboradoras (por ejemplo, a las dos de la madrugada), o el hecho de que las citaciones para los juzgados de inmigración y otros documentos que se entregaban a las familias no incluían la dirección de su destino final, sino del centro donde iban a recibir la primera atención, que bien podía estar incluso en otro estado.

El informe explica que otras familias separadas y reunificadas permanecen detenidas pero juntas, y otras solo han vuelto a encontrarse en el país de origen, pues los padres ya habían sido deportados.

Además de su ayuda a las familias reunificadas, la Iglesia luterana también atendió a niños durante el período de separación de sus padres. Después de 72 horas en poder de la administración, estos niños pasaban a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que los distribuía entre entidades colaboradoras. Los Servicios Luteranos de Inmigración y Refugiados acogieron a 148 de ellos en casas de acogida de emergencia mientras se buscaba a un familiar que se hiciera cargo de ellos y, en caso contrario, pasaban a un hogar de acogida permanente mientras se intentaba la reunificación.

Propuestas al Gobierno

En las conclusiones del informe, las entidades implicadas exigen al Gobierno que rescinda la política de cero tolerancia con los inmigrantes ilegales, así como que no se reduzcan las salvaguardas que impiden que los niños permanezcan en centros de detención. Como alternativa a la separación familiar y la detención de familias juntas, piden que «se invierta con determinación en todas las formas alternativas a la detención» mientras se tramitan las solicitudes de asilo de las familias o sus juicios por entrada ilegal.

«Muchas de las familias reunificadas tienen un destino establecido en Estados Unidos, con familiares y amigos. Estos lazos comunitarios fuertes, así como la credibilidad de sus peticiones de asilo, son un fuerte incentivo para que cumplan con los requerimientos de las autoridades migratorias», sin tener que recurrir a la detención.

Tanto la Iglesia católica como la luterana han trabajado en distintos modelos de alternativas desde el año 2013. Entre 2016 y 2017, participaron en un proyecto piloto de este tipo puesto en marcha por la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Se atendió a 994 familias con un coste de solo 31 euros por familia y día. El 99 % de las familias cumplieron con sus obligaciones legales, a pesar de lo cual el programa fue cancelado.

Según sus críticos, no se había conseguido un número suficiente de deportaciones; algo que según los autores del informe se explica porque «la mayoría de los casos todavía seguían en curso». Otra medida necesaria, en su opinión, es «aumentar la capacidad» de trabajo de los tribunales de inmigración, destinándoles más jueces y financiación.

Otra petición incluida en el informe es que el Gobierno federal nombre a un Defensor de la Unidad Familiar encargado de coordinar el resto de reunificaciones que quedan pendientes, crear un cuerpo especial interdepartamental para monitorizar en el futuro los casos de separación. Las instituciones que están implicadas en las separaciones –continúa el informe– deberían asegurarse de recoger bien los datos de parentesco de las personas que separan y asegurarse de hacer un buen seguimiento de ellas durante todo el proceso, para facilitar las reunificaciones.