Retrocedemos - Alfa y Omega

Retrocedemos

Los inmigrantes han sido las grandes víctimas de la crisis. En los últimos años, España ha endurecido su legislación en materia de inmigración. La Iglesia denuncia la sistemática denegación de asilo político a los refugiados, la reclusión en CIEs de personas sin papeles, o la pretensión de legalizar las devoluciones sumarias

Cristina Sánchez Aguilar
Las devoluciones en caliente y las concertinas, grandes retrocesos en materia de inmigración en España

«España es uno de los países desarrollados donde menos peticiones de asilo se presentan, porque es casi imposible conseguirlo», denuncia la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Sólo 5 mil en 2014, de las cuales recibieron respuesta afirmativa unas 200. Somos, junto a Italia y Grecia, los países que más han blindado las fronteras en los últimos años. La Iglesia en España ha llamado la atención, en varias ocasiones, sobre la deficiente respuesta a las solicitudes de asilo político en nuestro país. Desde 2011, la mayor parte de personas que intentan entrar a Europa son refugiados. Este 2014, el 80 % de los inmigrantes llegados a territorio europeo han sido potenciales solicitantes de asilo. Llegan de Siria, Malí, Irak o Somalia, pero «sus expedientes se quedan sin resolver», denuncia CEAR.

Los CIEs, prisiones encubiertas

Otra anomalía de las políticas migratorias en España son los CIEs —Centros de Internamiento de Extranjeros—. La Iglesia ha pedido reiteradamente que se busquen alternativas a estas prisiones encubiertas para quienes sólo han cometido faltas administrativas. «No se puede tratar como delincuentes a personas que no tienen papeles», afirma José Luis Pinilla, director del Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.

El 28 de diciembre, el CIE de Madrid protagonizó un episodio de huelga de hambre. Según un informe de SOS Racismo, los internos protestaban por la indiferencia de los agentes de policía ante las peleas, los malos tratos físicos y psicológicos, y la falta de respuesta de la dirección del Centro a sus solicitudes sobre necesidades básicas.

Concertinas y devoluciones

El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que busca dar cobertura jurídica a las llamadas devoluciones en caliente, es otra de las grandes preocupaciones de la Iglesia. El objetivo del Gobierno es expulsar a los inmigrantes interceptados a pie de valla. Así, la Guardia Civil entregaría a los jóvenes a la policía marroquí sin aplicar la Ley de Extranjería, que obliga a identificar y dar asistencia jurídica a toda persona que pretenda entrar al país. Más de un centenar de entidades sociales han presentado un escrito en el Congreso para pedir la retirada de la reforma.

Las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla han sido protagonistas en los últimos meses, con la vuelta a las concertinas, más algún episodio de violencia policial. La Campaña por el Cierre de los CIE ha alertado también de las palizas propinadas a los inmigrantes en los vuelos de deportación, y la humillación pública al llevarlos esposados. Aunque varias entidades sociales han exigido la derogación de estas repatriaciones, en diciembre se aprobó en Consejo de Ministros una partida de 12 millones de euros para 2015 y 2016, destinados a fletar vuelos de expulsión. Partida, por cierto, de menor presupuesto que en anteriores ocasiones.

Pérdida de la residencia

En los últimos años, se ha dificultado la reagrupación familiar. También el acceso a la nacionalidad española. La reforma de la Ley de Extranjería plantea, asimismo, que se pierda la nacionalidad por razones de seguridad o de orden público.

Algo similar sucede con el permiso de residencia, aunque por motivos económicos. Si el inmigrante pierde el trabajo, pierde los papeles. Algo sencillo, si se tiene en cuenta que el trabajo para los inmigrantes «ha estado condicionado por su fuerte presencia en la economía sumergida y por su ocupación en actividades ligadas a la temporalidad, la baja cualificación y los bajos salarios», afirma Joaquín Eguren, del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, en un informe publicado en la revista Migraciones. A finales de 2012, la tasa de paro de la población extranjera era del 35,76 %, 13 puntos por encima de los españoles.

Sin acceso a la salud

No por ser más conocido es menos importante el asunto de la retirada de tarjetas sanitarias. Uno de los mayores retrocesos ha sido el cese de la atención médica a personas extranjeras en situación irregular, excepto para las urgencias, embarazos y pediatría. Según datos del Gobierno, en 2012 se retiraron 873.000 tarjetas. Un 20 % de la población inmigrante residente en España se quedó sin atención médica. En su lugar, el Gobierno aprobó la tarjeta sanitaria de pago, con un coste de 60 euros mensuales hasta los 65 años, y 157 euros al mes para los más mayores.

Las cifras de la inmigración

En 2014, había 5.000.258 extranjeros empadronados en España, según el INE. Representan el 10,7 % del total de personas empadronadas en nuestro país.

Entre 2003 y 2013 se ha concedido la nacionalidad española por residencia a 1.020.808 personas. Son datos del Ministerio de Empleo.

Datos del INE señalan que el grupo mayoritario procede de Rumanía (795.513), seguido por los marroquíes (771.427). El tercero procede del Reino Unido (297.299); el cuarto y el quinto son ecuatorianos (218.189) y chinos (185.250). En sexto lugar se encuentran los colombianos (181.125).

Las cifras de empadronamiento revelan que el grupo de menores de origen extranjero suma 800.041 jóvenes con menos de 16 años. Más de medio millón ha nacido ya en España.

FRONTEX afirma que más de 260.000 inmigrantes irregulares han entrado a Europa en 2014. España ocupa el quinto lugar de países europeos con entradas irregulares, por detrás de Italia, Grecia, Bulgaria y Hungría.