Escuelas Católicas pide que «todo el espectro social y político se sume al pacto educativo» - Alfa y Omega

Escuelas Católicas pide que «todo el espectro social y político se sume al pacto educativo»

Todos los agentes educativos católicos participarán en el pacto educativo con una sola voz. «En lo fundamental coincidimos», afirma el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira. La libertad de enseñanza y la asignatura de Religión son dos derechos básicos a proteger

Ricardo Benjumea
Foto: FERE

Para José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, es una «muy buena noticia» que pueda alcanzarse por fin en España un gran pacto educativo. Al primer responsable de los centros católicos de enseñanza, la principal patronal de los colegios concertados en España, le preocupa sin embargo «que no todos los grupos sociales y políticos se sumen a este acuerdo. Este es nuestro temor», a pesar de que «hay una mayoría de españoles que lo apoyen».

El punto de partida debe ser, a su juicio, el pacto constitucional que se plasmó en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, con el apoyo «de la izquierda y la derecha, pasando por el centro y los nacionalistas». «Esto sería bueno: que también ahora todo el espectro social y político se sume al pacto».

«Fue una tarea de consenso en su momento nada fácil, pero se logró unificar criterios básicos», añade el religioso marianista en conversación con Alfa y Omega. Para lograr hoy el mayor consenso posible, el punto de partida del pacto educativo debe ser «desarrollar ese acuerdo constitucional», que reconoce el derecho universal a la educación y la «libertad de enseñanza», junto al «derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Libertad de enseñanza

Uno de los puntos esenciales para Escuelas Católicas –que representa a algo más de 2.000 centros, a los que pertenecen más de 1.207.527 alumnos y 100.000 trabajadores– es que se reconozca de forma efectiva «la libertad de enseñanza con todas sus implicaciones». «Para nosotros es importante que se respete la libertad de elegir proyecto educativo. Esa libertad debe ser real, y para eso necesitamos que haya un apoyo económico, de modo que los padres puedan elegir entre diversos proyectos educativos aquel que esté más de acuerdo con sus convicciones».

Sería conveniente también «aumentar la autonomía de los centros para poder llevar a cabo los proyectos educativos en cada centro». Y promover «la equidad», porque «la escuela tiene que ayudar a corregir las diferencias sociales y generar una sociedad más justa».

Sobre el propio modelo de conciertos educativos, creado por el gobierno de Felipe González en 1985, Alvira considera que «es bueno, aunque debe ser mejorado».

Además de la insuficiente financiación (el Estado paga en España por alumno la mitad que en un centro público), el secretario general de Escuelas Católicas cree que «habría que aumentar el papel de los titulares y la autonomía propia de los centros».

La asignatura de Religión

Uno de los asuntos previsiblemente en litigio es la asignatura de Religión, después de que algunos partidos hayan propuesto que deje de ser evaluable o incluso que desaparezca del currículo escolar. José María Alvira asegura que «por supuesto vamos a apoyar que se mantenga». Es «una formación que a nadie se le impone y que responde a la elección de los padres de acuerdo a sus convicciones. Por eso nos parece importante que su estatuto académico reconocido».

Unidos en lo fundamental

Todos los agentes educativos católicos participarán en el pacto educativo «con una sola voz», según anunció este lunes el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.

«Estamos todos en la misma dirección». «En lo fundamental coincidimos», apostilla José María Alvira, aunque, al mismo tiempo, considera que «es bueno que cada una de las organizaciones mantenga su independencia y su punto de vista».

Como fórmula para articular ese consenso, Alvira recuerda la experiencia de la plataforma Concertados, puesta en marcha en 2015 por Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) –agrupación de centros privados y concertados tanto laicos como católicos–, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) y la Confederación de padres de Alumnos (COFAPA).

La plataforma Concertados se erigió para defender los intereses de 2 millones de familias que eligen centros concertados y la calidad del sistema educativo en España, desde el presupuesto de que «los modelos de educación pública y privada concertada son dos redes complementarias llamadas a entenderse que pueden y deben convivir juntas», ya que «cada una enriquece a la otra».