El Gobierno renuncia al Estatuto Docente

Todos los informes educativos ligados a la OCDE (PISA, que evalúa los conocimientos de los escolares; McKinsey, que analiza las razones de esos resultados; y TALIS, que aborda los métodos y condiciones de trabajo de los docentes) indican que la calidad del profesorado es determinante para la calidad del sistema. Parece lógico, pues nadie da lo que no tiene. Además, desde hace años, diferentes estudios nacionales e internacionales ratifican que allí donde los escolares sacan mejores notas (Finlandia, Corea del Sur, Shangai…), o donde los cambios en los sistemas educativos han logrado mejores resultados (Singapur, Inglaterra, Nueva Zelanda…), los profesores son una pieza clave, a partir de unas premisas comunes: mejor selección del profesorado; formación continua; sanciones a los mediocres e incentivos para los mejores; posibilidad de crecer en una carrera docente; evaluación y trabajo en equipo dentro del centro; mayor autonomía en el aula; y prestigio social.

De prioridad, a carpetazo

Por eso, ante la debacle reiterada en nuestras aulas, fruto del efecto LOGSE-LOE, el Partido Popular levantó, en 2010, una de las banderas que suscitaba mayor quórum entre los agentes educativos: la de elaborar un Estatuto Docente que estableciese «un nuevo modelo de selección y formación para el acceso a la profesión docente, que atraiga a los mejores expedientes académicos y tenga como criterios de selección el mérito y la capacidad», reconociera «al profesorado como autoridad pública», introdujese «incentivos a su labor», y crease «una carrera docente», para que cada maestro pudiera crecer en su profesión según «la evaluación de su desempeño, el reconocimiento de su ejercicio profesional y las actividades de formación, innovación e investigación» en que participase, según el Programa electoral del PP.

El propio ministro de Educación, don José Ignacio Wert, se refirió al Estatuto Docente al principio de la legislatura como una prioridad del Gobierno y, en julio de 2013, llegó a enviar a los sindicatos un documento de trabajo que, como ya informó este semanario, no era sino un borrador del Estatuto guardado en el Ministerio desde 2007. Sin embargo, pocos días después, la Plataforma por la Escuela Pública (ideológicamente de izquierdas y apoyada por UGT y Comisiones Obreras) convocó una huelga contra la LOMCE, y el Ministerio reaccionó paralizando el Estatuto, a pesar de que los dos principales sindicatos profesionales, ANPE y CSI-F, no habían secundado la convocatoria de huelga.

Razones económicas y personales

Un año después, Alfa y Omega ha podido confirmar que el Ministerio ha aparcado definitivamente el Estatuto para todo lo que queda de legislatura, aunque aún no lo ha comunicado de forma oficial a los sindicatos. Las razones, según informan fuentes próximas al gabinete del ministro Wert, son de dos tipos: «Una es económica, porque el ministro cree que lo que quieren los sindicatos es, sobre todo, más dinero, y el Gobierno no puede dar ni un céntimo, teniendo en cuenta que el presupuesto de la LOMCE se ha disparado. La otra es una cuestión personal, pues el ministro y la Secretaria de Estado se han sentido traicionados por los sindicatos profesionales: contaban con la oposición ideológica de UGT y CCOO, pero esperaban de ANPE, USO, CSI-F y FSIE un apoyo incondicional que no les han brindado, sobre todo porque el Gobierno les ha escuchado, pero no les ha hecho caso al elaborar la LOMCE».

Además, desde el Ministerio aseguran que «la LOMCE ya brinda más autonomía a los centros, deja más margen a los profesores, y profesionaliza la figura del director, que es uno de los objetivos del Estatuto, así que se van a conseguir similares resultados sin que el ministro tenga que volver a negociar con los sindicatos».

Una herencia para el sucesor

La decisión ni siquiera ha trascendido dentro del PP, y en los círculos en los que se intuye, se mira con resignación: «Es un error, porque el Estatuto es una forma de recompensar a los profesores, a los que se está vapuleando con el bilingüismo, la carga horaria, los recortes y los cambios en la LOMCE. Además, no iba a costar tanto dinero y era una forma de calmar los ánimos», explica un diputado popular. Por eso, «lo normal es que el próximo ministro lo retome, cuando Rajoy cambie el Gobierno y Wert deje la cartera, aunque para eso tenga que pasar esta legislatura y ganarse la siguiente, pues el Presidente prefiere que Wert se queme del todo con la LOMCE».

El remate al Estatuto se lo ha dado el informe Talis 2013, hecho público en junio, pues en él los profesores españoles reconocen que rinden menos cuentas, ponen menos trabajos en común y son menos evaluados que el resto de maestros de la OCDE, «y eso se puede arreglar sin necesidad de un Estatuto», dicen desde el Ministerio. Y aunque el Talis 2013 también consigna que los docentes españoles obtienen menos beneficios que sus compañeros de la OCDE por seguir formándose o por mejorar sus clases, y encuentran más problemas si intentan esquivar los errores del sistema, «no parece que, hasta 2015, se vaya a retomar en serio el Estatuto». Los perjudicados, como siempre, serán los alumnos.