Las diócesis de Extremadura y Aragón recurren a la Justicia para defender la clase de Religión - Alfa y Omega

Las diócesis de Extremadura y Aragón recurren a la Justicia para defender la clase de Religión

José Antonio Méndez
Foto: Maya Balanya

Las tres diócesis de Extremadura (Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz y Plasencia) y las seis diócesis de Aragón (Zaragoza, Tarazona, Teruel y Albarracín, Barbastro-Monzón, Huesca y Jaca) han tenido que defender la presencia de la asignatura de Religión ante los tribunales superiores de justicia de sus respectivas comunidades autónomas. Y lo han hecho, en ambos casos, después de que los gobiernos autonómicos extremeño y aragonés intentasen, con sendos recursos, eliminar esta materia en el próximo curso escolar.

En el caso de Extremadura, la Iglesia ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Extremadura contra el decreto aprobado el 5 de julio por la Consejería de Educación, que suprime el 50 % de las clases de Religión confesional en 1º de la ESO y en 1º de Bachillerato, y que «obliga a que el alumno que escoja Religión tenga que optar obligatoriamente por una asignatura de nueva creación, Ética y ciudadanía», al tiempo que «elude la aplicación de la LOMCE, que obliga a implantar en 2º de Bachillerato la asignatura como voluntaria», tal y como han denunciado las diócesis en un comunicado conjunto. Por ello, los obispados extremeños entienden que la norma «vulnera derechos fundamentales recogidos en los artículos. 9.3, 14, 16 y 27 de la Constitución», concretamente «el derecho de los padres a la formación de sus hijos conforme a sus convicciones, el derecho a la no discriminación, a la seguridad jurídica y al respeto a la libertad religiosa», al tiempo que contraviene «tratados internacionales y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Supremo y diversos TSJ de toda España».

El contenido del decreto extremeño es similar al aprobado en Aragón, y que afectaba a Primaria y a 2º de Bachillerato. Tras el recurso que presentaron las diócesis mañas, ahora el TSJ aragonés ha fallado a favor de la Iglesia por considerar que se vulneraban los derechos fundamentales de los padres, así como los acuerdos Iglesia-Estado.