En el Vaticano la libertad de prensa es sagrada - Alfa y Omega

En el Vaticano la libertad de prensa es sagrada

«En el nombre de Su Santidad Francisco. Reconociendo que la manifestación del pensamiento y la libertad de prensa están garantizadas por el derecho divino». Con esas palabras concluyó el juicio por el Vatileaks II, el proceso por la sustracción de documentos secretos relativos a la reforma financiera de las estructuras de la Santa Sede comisionada por el Papa. Los jueces vaticanos condenaron al clérigo español Lucio Ángel Vallejo Balda a 18 meses de cárcel. Y diez para su principal cómplice, Francesca Immacolata Chaouqui. Los periodistas involucrados quedaron absueltos, por «defecto de jurisdicción»

Andrés Beltramo Álvarez
Una de las sesiones del juicio por el Vatileaks II el 24 de noviembre de 2015 en el Vaticano. Foto: CNS

Ocho meses de debates, 21 audiencias y cinco imputados. El capítulo final de una historia de traición y acusaciones cruzadas tuvo lugar la tarde del jueves 7 de julio en la sala centro del Tribunal Civil del Estado de la Ciudad del Vaticano. Tras cinco horas de cámara de consejo, los cuatro jueces alcanzaron un veredicto, leído por el presidente, Giuseppe Dalla Torre. Las sentencias fueron mucho menores a lo solicitado por los fiscales, Gian Piero Milano y Roberto Zanotti.

De los acusados, dos son periodistas: Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, autores respectivamente de los libros Via Crucis y Avaricia. Textos publicados en 2015 y que dejaron a la luz manejos discutibles en diversas secciones del Vaticano. En honor a la verdad, esas investigaciones incluían informaciones antiguas. Muchos de los ámbitos donde se acusaron irregularidades han sido ya intervenidas por Francisco con medidas encaminadas a acabar con arbitrariedades y privilegios.

Los periodistas, según corroboraron los testimonios durante el juicio, recibieron información sensible y reservada de manos de Vallejo Balda. Con esos documentos armaron sus libros, que provocaron una intensa sacudida mediática en la Curia romana. Para las leyes vaticanas, el robo y la filtración de documentos sensibles es un delito. Por eso fueron acusados de «concurso» en esos actos criminales, como si hubiesen sido cómplices. Para Nuzzi los fiscales llegaron a pedir un año de cárcel, para Fittipaldi la absolución por falta de pruebas. Pero el tribunal no quiso entrar en materia, constató que todos los contactos de los comunicadores con el sacerdote ocurrieron fuera del Vaticano y se declaró incompetente para juzgar.

Los otros tres acusados son Vallejo, Chaouqui y Nicola Maio. Se les imputaron dos delitos: asociación para delinquir y robo de papeles para su difusión. Todos ellos trabajaron en la COSEA, la comisión referente establecida en 2013 por el Papa para estudiar a fondo las estructuras administrativas pontificias y proponer las reformas pertinentes. Vallejo Balda era secretario; Chaouqui, asesora, y Maio, auxiliar. Francisco confiaba en ellos para imprimir un nuevo rumbo a las finanzas vaticanas, pero lo traicionaron.

Aún así, los jueces no encontraron pruebas sobre la existencia de una asociación delictiva. Por eso absolvieron a los tres «por no haber cometido el hecho». Pero Vallejo sí fue hallado culpable. Él mismo lo reconoció durante su declaración en el juicio. Aceptó haber pasado los documentos a Nuzzi y Fittipaldi, pero argumentó que lo hizo porque se sentía amenazado por Chaouqui. Puso como excusa estar psicológicamente afectado y presentó una pericia para sostenerlo, pero el tribunal no le creyó.

El despecho de Vallejo y Chaouqui

De las preguntas de los fiscales y los testimonios quedó claro que Vallejo no pudo soportar su marginación en la estructura vaticana tras su labor en la COSEA. En febrero de 2014, cuando el Papa creó la nueva Secretaría de Economía de la Santa Sede, el cardenal prefecto de esa nueva estructura lo había propuesto como su número dos. Hasta el último momento su designación se daba por segura. El nombramiento se cayó en cuestión de horas. Algo había pasado entre él y el Papa. La confianza de Bergoglio se había roto.

Vallejo tuvo que dar marcha atrás tras haber anunciado a la prensa española su inminente designación. Y volvió a su cargo anterior, secretario de una Prefectura de Asuntos Económicos condenada a desaparecer. Luego añoró ocupar el último puesto disponible, el de contralor general [auditor] de la Santa Sede. Su marginación definitiva fue un golpe difícil de asimilar.

El resentimiento habría sido motor de su traición, según los fiscales vaticanos. Por eso pidieron para él tres años y un mes de prisión. Pero la sentencia definitiva fue poco más de la mitad: 18 meses, considerados los atenuantes. Unos nueve meses ya los pagó durante su custodia cautelar. Mientras su condena queda en firme, él mantiene su régimen de semilibertad: reside dentro del Estado pontificio y no puede abandonar ese territorio.

A Chaouqui la prensa la bautizó, folclóricamente, como la Mata Hari del Vaticano. Por su carácter expansivo y conflictivo. Ella le presentó los periodistas a Vallejo e hizo de punto de enlace, pero nunca pasó físicamente documento alguno. Así como ocurrió con el sacerdote, ella se indignó cuando quedó al margen de los nuevos nombramientos. Y trató de presionar de muchas maneras, incluso con mensajes amenazadores e insultantes. Para los fiscales era la artífice de la asociación delictiva, el «motor» y «la inspiración». Pero nunca pudieron probarlo.

Antes de la deliberación del tribunal tomó la palabra y rompió en lágrimas, pidió perdón al tribunal y reconoció sus errores. Aceptó haberse equivocado al defenderse en la televisión, pero se justificó asegurando que su imagen fue destruida como mujer, madre y profesional.

Con ella el tribunal fue indulgente. Solo le atribuyó un «concurso» con Vallejo, pero le impuso la pena de diez meses de prisión. En suspenso, «según norma de ley». Así, la sentencia quedó sin efecto mientras ella no cometa otro delito en territorio vaticano. Por ello no pisará la cárcel. Maio, por su parte, fue absuelto de las dos imputaciones por no haber cometido los delitos.

«La sentencia fue formulada por el colegio de magistrados en plena autonomía, con actitud de justicia y de clemencia. Como todos han podido comprender, el colegio no actuó con base en posiciones preconcebidas, llegando al final a sentencias de absolución de las cuales no se puede sino alegrarse», aseguró el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi. Y agregó, en referencia al ambiente vaticano tras el fallo: «Se espera que, no obstante la tristeza que cada delito y la consecuente vicisitud procesal necesariamente causan, se puedan sacar conclusiones y reflexiones útiles de ello, para prevenir en el futuro situaciones similares».

Continúan las reformas

Sobre el futuro de la Administración vaticana aún se discutía hasta hace pocos días atrás. Por eso el Papa decidió intervenir y aclarar competencias con un decreto en forma de motu proprio (por propia voluntad) con el título «Los bienes temporales». En él, Francisco precisa con claridad que quien administra en la Iglesia no puede ejercer labores de vigilancia.

En ese documento, Bergoglio establece que las competencias de administración de todos los bienes de la Santa Sede queden bajo la órbita de la APSA, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. Es una estructura histórica, que hasta hace poco estaba destinada a ser absorbida por la Secretaría de Economía. Pero esto provocó algunos problemas prácticos. Por eso el Pontífice estableció una comisión para dirimir las divergencias. Al final, ha determinado que la Secretaría se ocupe prioritariamente de la vigilancia, manteniendo el APSA sus competencias originales. En resumen, una estructura será juez y la otra parte.