Los profesores de Religión se manifiestan el sábado en Sevilla

Los principales sindicatos profesionales de Andalucía –ANPE, CSIF, USO y APPRECE–, mayoritarios en la representación del profesorado de Religión, han convocado para este sábado, 20 de diciembre, una manifestación en Sevilla para protestar ante el Gobierno de la Junta de Andalucía por la reducción de la carga lectiva de su asignatura al mínimo legal: sólo 45 minutos a la semana en Educación Primaria.

Con el horario reducido a la mitad del actual, los profesores consideran que no es posible impartir Religión con unos mínimos de calidad imprescindibles, y advierten de que esta situación aboca al paro a la mitad de los 2.000 docentes en la Comunidad –el 97 % de ellos, laicos madres y padres de familia, mayores de 45 años–, a los que el Gobierno regional tampoco permite impartir otras materias.

La responsabilidad no recae únicamente en la Junta. Otras Comunidades, gobernadas tanto por el PP como por el PSOE, ha reducido drásticamente el horario dedicado a Religión, amparándose en que la Ley Wert sólo obliga a dedicarle 45 minutos a la asignatura. La Conferencia Episcopal ha denunciado esta situación, al considerar que devalúa dramáticamente el peso académico de la asignatura, lo cual a su vez vulnera el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa que quieren para sus hijos. En Andalucía, tres cuartas partes de los padres eligen Religión católica, pero la medida de la Junta afecta igualmente a los alumnos de otras confesiones religiosas.

Esta reducción se suma en Andalucía a los continuos ataques que viene sufriendo la enseñanza de Religión por parte de la Junta gobernada por la socialista Susana Díaz, en coalición con Izquierda Unida, que regenta la Consejería de Educación. Las organizaciones convocantes de la manifestación del sábado acusan al Gobierno regional de actuar conforme a «criterios de enfrentamiento ideológico», en lugar de preocuparse por «la calidad» de la enseñanza.

Los obispos andaluces apoyan las reivindicaciones del profesorado de Religión. En la tarde del jueves, la Secretaría Técnica de Enseñanza de los Obispos del Sur de España hizo público un comunicado con «un llamamiento al gobierno de la Junta de Andalucía para reconducir la regulación de la enseñanza de la Religión en la escuela al marco del derecho de los padres y al sentimiento religioso mayoritario de la sociedad andaluza».

«La Secretaría Técnica de Enseñanza –añade el texto– lamenta profundamente la intención del Gobierno andaluz de recortar el horario de la enseñanza de la religión católica en la escuela y su alternativa de valores sociales a la mitad del que tiene en la actualidad».

«El Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto un Proyecto de Decreto y Orden que recorta la asignación horaria de la Religión a la mitad, mientras que crea asignaturas de nuevo cuño que pasarán a tener el doble de horario. Conviene destacar que la única asignatura que pierde asignación horaria en el currículo de educación primaria en Andalucía es la de religión y su alternativa de valores cívicos».

«Estas medidas inciden en la concepción que el ejecutivo andaluz tiene del sistema educativo como herramienta de transmisión de contenidos y no de pleno desarrollo de la personalidad humana (art. 27.2 C. E.), pues olvida la formación en religión y en valores, tan necesaria conforme a todos los consensos sociales y causa de la actual crisis económica, política y social».

Por tanto, añade el comunicado, «la Secretaría Técnica considera que dicha medida es una vulneración inaceptable del art. 27.3 de la Constitución Española que establece que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

«Cabe señalar que la asignatura de Religión católica en la escuela es solicitada por el 87 % de los padres andaluces en el nivel de educación primaria, por lo que cuenta con un amplísimo respaldo social», recuerdan los obispos.

«Igualmente, la Secretaría de Enseñanza valora muy negativamente la pérdida de empleo que supondrá dicha medida para los 2.700 docentes que imparten esta asignatura en Andalucía y apoya todas las medidas que los profesores de Religión están adoptando para la defensa de sus derechos individuales y colectivos».

Culpa también del Gobierno central

El recorrido de la manifestación tiene también una fuerte intencionalidad: partirán a las 11:30 h. desde la Delegación del Gobierno Central (en la Plaza de España de Sevilla), hasta la Presidencia de la Junta de Andalucía (frente al Palacio de San Telmo). «Con esto, queremos expresar que estamos ante un drama laboral y social, causado tanto por el Gobierno de España y su Ley Wert como por el de Andalucía. Un drama de insostenible explicación para unos Gobiernos que repiten machaconamente que su principal preocupación es el empleo, y el empleo de calidad», denuncian los sindicatos en un Comunicado Conjunto.

O perder dinero trabajando, o perder el paro

Asimismo, reclaman que «condenar al desempleo a este colectivo, además de desperdiciar una experiencia y dedicación profesional que no debería permitirse un sistema educativo serio, supondría llevar a más de 1.000 familias andaluzas a perder, en la práctica, la esperanza de volver a encontrar otro empleo, y no tener en el futuro una pensión digna». Si, por el contrario, lo que se pretende no es despedir al 50 % de las plantillas de docentes de Religión (pues la carga horaria de esta materia se ha reducido exactamente el 50 %) y «se optara por reducir la jornada a todo el profesorado actualmente en activo, dando a entender a la opinión pública que no se despide a nadie, estaríamos ante un ERE encubierto, pues una mayoría tendría sueldos por debajo del salario mínimo, teniendo que pagarse de su bolsillo en muchos casos el desplazamiento entre varios colegios», señalan. Y esto, obviamente, «haría imposible mantener la economía familiar, y con la Espada de Damocles de no poder despedirse voluntariamente, porque se perdería el derecho a cobrar el desempleo».

Un ataque ideológico

Ante esta situación, los docentes andaluces de esta materia –mayoritariamente escogida por las familias, a pesar de todos los obstáculos que pone la Administración– recuerdan que «mantener para el área Valores Sociales y Cívicos/Religión las dos sesiones semanales de 45 minutos en cada uno de los cursos de la Educación Primaria, no perjudica a ningún horario de las otras áreas ni, por tanto, a ningún profesor o profesora del centro».

Además, aclaran que «el principal motivo reconocido por la Consejería de Educación en la Mesa Sectorial es que es una decisión fundamentada en posicionamientos ideológicos y, a nuestro juicio, nunca los criterios político-ideológicos pueden anteponerse a los educativos, pedagógico-didácticos. Las decisiones en materia educativa nunca deben estar motivadas por criterios de enfrentamiento ideológico, sino que la prioridad debe ser la calidad. Calidad que es imposible mantener con sólo 45 minutos a la semana». De hecho, los sindicatos lamentan que «este previsible conflicto es un tema laboral, y no debe abordarse como un debate ideológico sobre la asignatura de religión, que ya ha dejado zanjado tanto la LOE como la LOMCE».

Verdadero respeto a la diversidad y a la libertad

El Comunicado conjunto de los representantes sindicales concluye poniendo en evidencia la falta de argumentos de la Junta, que apeló en su momento a la calidad de la enseñanza y al respeto a la diversidad para reducir el horario de la asignatura, y señalan que «resulta realmente paradójico parapetarse en la Educación Inclusiva –que no sólo respeta el derecho a ser diferente como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad– para marginar a la asignatura de Valores Cívicos / Religión, siendo esta, como hasta ahora, una asignatura por la que libremente pueden optar los padres».

Y recuerda a las Administraciones Educativas, antes de convocar a todos los andaluces a marchar con ellos en Sevilla, el próximo sábado día 20, a las 11:30 h. de la mañana, que «la Ley no sólo contempla el diálogo sino que exige la negociación como un derecho constitucional para la búsqueda de soluciones, de forma que ningún trabajador o trabajadora pueda sufrir merma en sus derechos laborales y profesionales».