Maternidad subrogada: ¿Apoyo a la maternidad o comercialización de las personas? - Alfa y Omega

La defensa de los derechos de las mujeres y el logro de la igualdad es un claro objetivo de todos los políticos, aunque apenas se ocupan de poner en marcha verdaderas actuaciones de apoyo a la maternidad, que es el principal -que no único- origen de las desigualdades entre hombres y mujeres. Muchas se ven obligadas a retrasar la edad de maternidad para mantener sus empleos; otras se ven empujadas a tomar la decisión de acabar con su embarazo porque no tienen apoyo familiar, social o económico suficiente para continuar; y algunas eligen la maternidad como su principal proyecto de vida, aunque socialmente esta elección no esté suficientemente valorada.

Y es en esta realidad tan compleja en la que de nuevo surge el debate sobre el derecho a los vientres de alquiler o maternidad subrogada, cuando el legislador todavía no ha sido capaz de asegurar plenamente el principal derecho del que cuelgan todos los demás: el derecho a la vida. Estamos ante un nuevo y falso derecho que instrumentaliza a las mujeres y a los bebes que darán a luz.

Pero no es este un problema jurídico, sino fundamentalmente ético, ya que cada vez más los avances de la técnica están teniendo un claro predominio sobre la ética. Igual que no todo lo amparado por una ley es moralmente válido; todo lo que la técnica hace posible, tampoco es éticamente aceptable, y esto es lo que ocurre con la mal llamada maternidad subrogada.

Desde el derecho romano, los sistemas jurídicos occidentales se han apoyado en una diferencia clara entre personas y cosas. Así como es posible la libre disposición de éstas -comprar, vender, alquilar- no ocurre lo mismo con las personas. Proteger su dignidad exige no comercializar con ellas, ni con las madres ni con los hijos. Y no hay norma, por muy consensuada que esté, capaz de evitar los problemas éticos que se derivan de una gestación contratada. Con ella se mercantiliza la filiación que pasa a ser consecuencia de un contrato de claro contenido económico y se comercializa con el cuerpo e incluso, con los sentimientos, de una mujer que opta por la gestación de un bebe hijo al que debe renunciar nada más nacer.

Las normas tienen efectos sobre nuestras decisiones, porque cambian la cultura. El comportamiento que se regula se hace menos costoso en términos personales y sociales, ya que su valoración social se hacen más tolerante, y sus consecuencias las llegamos a aceptar, colectivamente, incluso como un derecho. Esto es lo que ha ocurrido con la Ley del aborto vigente. Esperemos que nuestros legisladores no estén dando los primeros pasos para que ocurra lo mismo con los vientres de alquiler y tratemos de evitarlo, explicando a la sociedad lo que ello significaría.

M.ª Teresa López López / Acción Familiar