Vientres de alquiler: «Es inadmisible que se admitan contratos sobre personas» - Alfa y Omega

Vientres de alquiler: «Es inadmisible que se admitan contratos sobre personas»

Diversas entidades en defensa de la familia y la vida han criticado que el Gobierno vaya a permitir inscribir a los niños nacidos por vientre de alquiler. «Temo que se esté dando el primer paso para convertir esta práctica», prohibida en España, «en un derecho», opina María Teresa López, de la cátedra de Políticas de Familia UCM-Acción Familiar. Desde el Foro Español de la Familia subrayan que «la mujer y su cuerpo, y el niño, no pueden ser objeto de tráfico mercantil»

María Martínez López

La decisión del Gobierno, anunciada el pasado viernes por el ministro de Justicia, de permitir que se inscriban en el Registro Civil los niños nacidos fuera de España por vientre de alquiler ha despertado inquietud en varias entidades de la sociedad civil. María Teresa López, de la cátedra de Políticas de Familia UCM-Acción Familiar, ha explicado a Alfa y Omega que, para tomar esta decisión, el Gobierno no ha consultado al Comité de Bioética que ella preside. Por tanto, aunque el Comité no se ha pronunciado, la opinión de López es que los vientres de alquiler «no son un problema jurídico -ha explicado-, sino fundamentalmente ético. Lo que se está haciendo es igualar personas y cosas. Se está cosificando e instrumentalizando a las mujeres, y también a los niños» nacidos por medio de estos contratos, prohibidos en España.

López teme que, permitiendo que estos niños se puedan inscribir en el registro, «se esté dando el primer paso para convertir los vientres de alquiler en un derecho. Esperamos que no sea así». Subraya, además, la contradicción de que «todos los políticos están buscando la igualdad y la defensa de la mujer», pero ni han hecho nada hasta ahora por la maternidad y para que muchas no tengan que abortar, ni tampoco parecen querer impedir la cosificación y explotación que supone un contrato de maternidad subrogada.

Otra contradicción de la medida es la que denuncia el Presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, en un comunicado: el hecho de que, por un lado, se prohíban los vientres de alquiler en España pero, por otro, se legalicen los efectos que esta práctica puede tener en nuestro país. Esto «incentivará hacer fuera de España lo que se considera tan malo como para prohibirlo en nuestro país».

Contratar un vientre de alquiler es comprar un niño

Contratar a una mujer para que geste un hijo y lo entregue a quienes desean ser padres es en la práctica -subraya el comunicado- la compra de un niño. Además, en muchos casos, supone una nueva forma de explotación económica de mujeres pobres del tercer mundo. Es por tanto una nueva forma de esclavitud para mujeres que venden su capacidad de ser madres, explica el comunicado del Foro.

«En una sociedad comprometida con los derechos humanos, resulta inadmisible que se admitan contratos sobre personas», y también que en España se les dé validez jurídica a estos contratos. «La mujer y su cuerpo y el niño por nacer, o ya nacido, no pueden ser objeto de tráfico mercantil si no queremos retroceder a épocas que creíamos superadas», subraya Blanco.

Por tanto, lo razonable es que las leyes nacionales, como hace la española, prohíban este tipo de contratos y fijen que la maternidad la determina el parto. En cambio, la medida anunciada por el Gobierno implicaría que los niños nacidos por vientre de alquiler figuren como hijos de las personas que han contratado a una mujer para gestarlos. El Foro también pide al Gobierno que promueva, como ya están haciendo otros países, que se incluya esta práctica entre las prohibiciones de trata de seres humanos establecidas en el convenio europeo de derechos humanos.

Su presidente concluye subrayando que prohibir los efectos jurídicos de los vientres de alquiler no deja desprotegidos a los niños, pues «ya hay mecanismos en nuestro derecho, como el acogimiento o la adopción, para que ningún niño quede desprotegido». Permitirlos, en cambio, discrimina económicamente a las personas que no tienen recursos económicos para viajar fuera de España para contratar un vientre de alquiler.