¿Libre comercio o ingeniería social? - Alfa y Omega

¿Libre comercio o ingeniería social?

El TTIP, que negocian EE. UU. y la UE, generaría una pérdida de soberanía democrática de los estados, un retroceso de derechos sociales, un desmantelamiento de lo público y, en definitiva, un empeoramiento del bienestar de amplias capas de la población

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Una joven se manifiesta en mayo contra el TTIP frente a la sede del Consejo Europeo en Bruselas. Foto: EFE/Olivier Hoslet

Hace apenas algo más de dos semanas, la organización ecologista Greenpeace filtró una serie de documentos secretos sobre el estado de las negociaciones del TTIP entre Estados Unidos y la Unión Europea. Cuando hablamos del TTIP, o Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, hacemos referencia a un tratado de obligado cumplimiento para los estados que promueve la liberalización del comercio y la inversión entre dos áreas geográficas, Estados Unidos y los países que componen la Unión Europea. Este tratado comenzó a negociarse en 1995, un proceso que ha estado conducido por corporaciones empresariales transnacionales y distintas instituciones estadounidenses y europeas como la Cámara de Comercio estadounidense, el Comité Europeo de Comercio o, más recientemente, la Comisión Europea.

El TTIP no es el único acuerdo internacional que se está negociando en la actualidad; la Unión Europea está involucrada en otra serie de tratados del carácter similar al TTIP. Ejemplos serían el TISA (Acuerdo Comercial de Servicios), entre la UE y más de veinte países, o el CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio), entre la UE y Canadá, un tratado que se encuentra pendiente de ser ratificado. Algo común a todos ellos es la falta de transparencia y de control democrático en los procesos de negociación que se vienen sucediendo desde hace años. De este hecho deriva que el debate sobre los posibles efectos que este acuerdo pueda tener sobre la economía y la sociedad no sea nítido y de lugar a todo tipo de conjeturas.

¿Solo efectos positivos?

Según los informes de evaluación solicitados por distintos organismos europeos y estadounidenses, los efectos de la aplicación de este tratado solo serían positivos. Esta serie de estudios consideran que este tratado fomentaría el crecimiento económico. Diversas estimaciones lo cifran entre el 0,01 % y el 1 % del PIB de los próximos diez años, cuantía esta última que incluso a juicio de la Comisión Europea resultaría desorbitada. En esta línea, algunos informes, financiados por organizaciones como el Deutsche Bank, Citigroup o el banco Santander, apuntan a la creación de dos millones de empleos en el total de países que suscribirían el acuerdo. Por último, fruto de la mayor competencia a la que va asociada el proceso de liberalización y desregulación comercial para las compañías transnacionales, la aplicación de este tratado tendría como consecuencia un descenso de los precios, lo que en última instancia repercutiría en un aumento del bienestar de la población.

Las estimaciones y evaluaciones desarrolladas en estos informes dicen tomar como referencia otros tratados de libre comercio ya existentes. Sin embargo, si atendemos a los supuestos efectos positivos que informes similares a los actuales proyectaron sobre anteriores tratados, lo que vemos es que los resultados que finalmente han tenido, lejos de resultar un fiel reflejo de esas estimaciones, han sido de signo contrario a los previstos.

Estos informes tienden a idealizar las suposiciones de las que parten, a minimizar los riesgos y a invisibilizar las posibles consecuencias negativas que se derivan de la firma de estos tratados. Obviamente, todo ello responde al conjunto de intereses que se articulan en torno a este tipo de informes. Si el TTIP trajera las bondades que dichos informes señalan, ¿a qué esperarían para hacer públicos los documentos del tratado y para someter a ratificación democrática el acuerdo?

Secretismo en las negociaciones

En realidad existen toda una serie de riesgos que tener en cuenta asociados a este tratado. Lo que se busca con este acuerdo es una homogeneización de estándares y normativas entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero lo que se desprende de los documentos filtrados parece apuntar a que, en realidad, lo que se está planteando es un ajuste a la baja de las regulaciones europeas en muchos ámbitos para adecuarlas a unas normativas estadounidenses más laxas. Esto sería así en aspectos como el del mercado laboral, que supondría una mayor precarización y reducción de derechos laborales en la Unión Europea; en ámbitos como el de la alimentación y los organismos modificados genéticamente, donde las leyes estadounidenses son mucho más débiles en la salvaguardia de los consumidores que en la Unión Europea; o en el de los servicios públicos, donde la liberalización de los mercados de servicios incluye la apertura de los servicios públicos a la competencia de las empresas privadas, y por tanto, establece un marco favorable para su privatización.

Por último, otro elemento muy a tener en cuenta sería la implantación de un mecanismo de solución de controversias entre inversores privados y estados, lo que permitiría a las corporaciones transnacionales denunciar a los estados cuando sus regulaciones les perjudiquen.

En definitiva, no es extraño dar cuenta del secretismo con el que se están llevando las negociaciones en torno al TTIP, si atendemos al hecho de que se trata de un acuerdo que generaría una pérdida de soberanía democrática de los estados, un retroceso de derechos sociales, un mayor desmantelamiento de lo público y, en definitiva, un empeoramiento del bienestar de amplias capas de la población.

Mario Rísquez
Economistas sin Fronteras