El hambre como instrumento para manejar a la población

Para el doctor Carlos Arriola, guatemalteco y experto en desnutrición infantil, el problema del hambre «es un problema político». El otro rostro de la campaña de Manos Unidas 2016 se afana en dejar claro que, en su país, «la estrategia gubernamental es mantener torpe a nuestra población, para manejarla a su antojo. La sumisión genera mano de obra más barata». El médico afirma que «con la desnutrición se pierden neuronas, lo que hace que el nivel de inteligencia sea más bajo». Por eso, «la gente no protesta, porque bastante tiene con sobrevivir».

En el país centroamericano, la tierra y los recursos están en manos de once familias poderosas. El resto «no tiene acceso a la tierra, y el que la tiene, no puede sacar adelante la cosecha a causa de la gran sequía que vivimos desde hace tres años». Otro motivo son los repartos estatales de agroquímicos y semillas transgénicas, materia prima barata y destructiva. «El Ministerio de Agricultura tiene acuerdos con las multinacionales de agroquímicos», afirma Arriola. Entre unas cosas y otras, tanta es la escasez que «hay temporadas del año que los padres mandan a sus hijos a dormir a las cinco de la tarde para que no sientan el hambre», denuncia el médico.

Carlos Arriola trabaja en el centro de recuperación nutricional infantil de Jocotán, en Chiquimula y es el fundador de la asociación Santiago Jocotán-ASSAJO, con la que colabora Manos Unidas. Desde la asociación «capacitamos a más de 12.000 personas —a través de sus líderes comunitarios— para que puedan acceder a la alimentación. Por un lado, ayudamos a la gente a producir abonos orgánicos con su basura. Este proceso nutre el suelo y evita que se erosione. También ayudamos a crear huertos unifamiliares que recuperan las semillas criollas, resistentes a la sequía. Así se logra el autoabastecimiento». Llevan diez años con estos proyectos, y ya hay familias que tienen excedentes y pueden vender o cambiar productos con sus vecinos.

La otra vertiente del trabajo de Arriola es la capacitación política. «Queremos que en nuestras comunidades, la gente sepa que la soberanía alimentaria es un derecho por el que se debe luchar. Y tienen que entender que, legalmente, son una fuerza grande que, unida, les va a permitir generar cambios». El guatemalteco, que ya se ha presentado en alguna ocasión a la alcaldía de Jocotán con buenos resultados, fue uno de los activistas promotores del histórico caso Camotán, en el que cuatro familias denunciaron en 2011 al Estado de Guatemala por violar el derecho a la alimentación. «Después de casi dos años de lucha, el Estado aceptó su responsabilidad. Aunque la solución fue dar alimentos en bolsas y mochilas a los niños para el colegio, una solución cortoplacista que no generó ningún cambio».