500 euros por una cita en la oficina de asilo

Maikol viene de un régimen americano marcado por la persecución política y las violaciones de derechos humanos que prefiere que no sea revelado. Una vez en España, tras meses a la espera de una cita para solicitar protección internacional, se vio obligado a hacer una transferencia a un desconocido para conseguirla.

«Hay un grupo de personas que saca estos turnos, un amigo te pasa su número, pagas y te lo resuelven», explica. Los precios han escalado durante los últimos meses «y una amiga que lo sacó hace no mucho pagó 500 euros». «No conozco a nadie que lo haya conseguido por vía normal», lamenta.

Muy a su pesar, reconoce que alguna vez ha deslizado este contacto a algún compatriota en un apuro, porque «cuando llegas con lo justo desde tu país, tienes que salir adelante». En su experiencia, pagar por la tarjeta roja «es lo más rápido» para «conseguir un NIE que te permita trabajar» o abrir legalmente una cuenta bancaria.

Una vez acordado el precio, «te llega al correo el turno para la oficina de asilo». Después, se hace la transferencia al facilitador con el que jamás se intercambia una palabra, en todo caso algún WhatsApp. «Si no pagas, te cancelan la cita», cuenta Maikol, quien advierte de las posibles represalias de este grupo de «crimen organizado» formado por «gente peligrosa que busca toda forma de colarse por el hueco de una aguja».

Elena Muñoz, coordinadora estatal del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), confirma que «algunos solicitantes nos dicen que han comprado la cita en Wallapop o Milanuncios». Cada vez que les hablan de un caso así, piden que «nos envíen el pantallazo y lo comunicamos al Ministerio del Interior para que hagan las investigaciones oportunas». «Es una ilegalidad revender una cita gratuita», sentencia.

Su recomendación a los potenciales beneficiarios de protección internacional, pese a los apuros que sufran, es que no paguen por estos turnos, porque es así como «alimentamos que no haya». «Si es un negocio lucrativo, siempre va a estar capturado por organizaciones que se aprovechan de la vulnerabilidad».

Una de las estrategias que esta técnico de CEAR señala para sortear la escasez de citas es dejar constancia desde el primer día de su búsqueda y no confiar solo en las citas telefónicas raramente respondidas ni las que se consiguen por internet, en una página permanentemente colapsada. «Que se presente por escrito en un registro público», encarga. Así, «si no se obtiene una respuesta, podemos poner una queja ante el Defensor del Pueblo» y recurrir a la «inactividad de la Administración».

Cristina Fuentes, coordinadora de Investigaciones de la Fundación porCausa, recuerda que «siempre que hablamos de migración hablamos de urgencia; necesitan arreglar los papeles para ya». Fuentes revela que los casos señalados por Maikol y Elena Muñoz, que antaño sucedían solo en ciudades como Madrid, Sevilla o Granada, «en muchos consulados se ha hecho bastante más extensible». De hecho, denuncia malas prácticas en el pasado «tanto en el de Venezuela como en el de Afganistán, donde los funcionarios cobraban una mordida por adelantar la posición» de sus conciudadanos para conseguir la nacionalidad española. Otras veces, personas de estos países que sabían cómo realizar estos trámites «hacían cola, conseguían turno y vendían su sitio» a otros particulares de su nacionalidad, apunta.

Fuentes diagnostica que «el pillaje existe por el vacío administrativo» en la atribución de los turnos a personas indocumentadas, lo que impide que sean «a título nominal». Para combatirlo exige, aparte de aumentar la oferta y rapidez con la que se tramitan, que «en la primera acogida haya traductores y un servicio jurídico que sean más garantistas» y así cortar las alas a los criminales que se aprovechan de la necesidad ajena para hacer negocio.