La Plataforma del Tercer Sector reclama «igual asistencia social en todas las comunidades autónomas»

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, que desgranó el decálogo de propuestas electorales que su entidad va a presentar a los partidos que concurren a las próximas elecciones generales, señaló que «las prestaciones sociales tienen que ser equitativas en todas las Comunidades Autónomas», por lo que piden la reforma del Título Octavo de la Constitución para el establecimiento de “competencias de naturaleza compartida” en materia de asistencia social de Estado y Comunidades Autónomas».

Poyato remarcó que su entidad no busca «recentralizar competencias (…) ni definir la articulación política del país», sino establecer un sistema en que el Estado «pueda compensar los desequilibrios económicos» entre comunidades en la atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social. «No queremos quitar competencias a las Comunidades Autónomas», afirmó, sino que «queremos sumar». Así según explicó Elena Rodríguez, directora de la Plataforma, esta reforma permitiría «exigir un mínimo de competencias estatales en materia social que garanticen la solidaridad y el equilibrio territorial». «Una persona pobre es una persona pobre en cualquier sitio», afirmó, y «la obligación de atenderla debe ser igual independientemente de donde resida».

En este sentido, la entidad propone el establecimiento de una Ley Estatal de Rentas Mínimas ya que, según afirmó Poyato «hay muchas diferencias entre Comunidades Autónomas en lo que se refiere al ingreso mínimo de inserción» y creemos que «se debe equilibrar las rentas mínimas de este país independientemente de donde se nazca o resida».

La reforma constitucional que propone la Plataforma incluye, como punto de partida, la conversión de los derechos sociales, culturales y económicos en derechos fundamentales. Este grupo de derechos, derivados de la legislación internacional (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, y normativas específicas de la Organización Internacional del Trabajo o de la UNESCO), incluye el derecho a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, o al trabajo. Aunque algunos de ellos (derecho a la educación, al trabajo o a la libertad de enseñanza y cátedra) están reconocidos en la Constitución Española, el grupo completo no está incluidos de manera expresa (y por tanto en su totalidad) entre los derechos fundamentales.

Es por ello que, según explicó el presidente de la Plataforma, el reconocimiento de los «derechos sociales, culturales y económicos como fundamentales», para «que el respaldo constitucional los convierta en subjetivos, vinculantes y exigibles», y que «las cuestiones relacionadas a legislar tengan una argumentación de suficiente peso».

La propuesta de reforma incluye además el reconocimiento expreso del papel de la sociedad civil organizada, a través del Tercer Sector, como «interlocutor necesario» que garantice el «diálogo» para «tener un papel de complementariedad» en el disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Plan de Lucha contra la Pobreza

En España existen actualmente 13.600.000 personas en riesgo de exclusión social, lo que supone el 29 % de la población. De ellas, más de tres millones se encuentran en pobreza y exclusión severa. «En situaciones de extrema urgencia hay que tomar medidas extraordinarias», por lo que, según afirmó Poyato, es necesaria la creación de «un Fondo Estatal contra la Exclusión Social y la Pobreza», que comprometa una partida económica «de nuevo cuño», de «mil millones de euros anuales». En este sentido, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector recordó que todavía se está «a tiempo» para destinar una parte de los fondos europeos a la «inversión» en la exclusión, pues aparte del fomento de obras públicas e infraestructuras, esos fondos permiten «que haya un porcentaje» destinado a los más vulnerables.

En esta línea, la Plataforma propone además la suscripción de un Pacto contra la Pobreza para reducir en un 15 % el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión y un 25 % de la tasa de pobreza infantil y la adopción de una Estrategia Estatal de Inclusión Laboral, orientado al «fomento de la empleabilidad de todas las clases sociales», ya que habitualmente «los planes de empleo suelen fracasar en lo que respecta a las personas en riesgo exclusión». Según Poyato, «la producción y la creación de empleo no es sinónimo de la salida de la exclusión y la pobreza», sino que «depende de las políticas que se adopten», por lo que «si no se desarrollan políticas en materia de acceso a la educación, de garantía de rentas mínimas, o si no hay plan de empleabilidad dirigido a las clases excluidas», seguiremos «generando más excluidos que se quedan fuera del sistema educativo y laboral».

El decálogo de la Plataforma del Tercer Sector incluye asimismo destinar los fondos de la futura Tasa de Transacciones Financieras aprobada recientemente por 11 países europeos (y que se estima para España en unos 5.000 millones de euros anuales) a fines sociales; la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 que restringe el acceso universal a la sanidad; el establecimiento de un marco estatal de apoyos y ayudas al tercer sector (tras la reciente aprobación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social y la reforma de la de Voluntariado) en los dos primeros años de la nueva legislatura; y el reconocimiento e inclusión de las entidades del Tercer Sector en el Comité Económico y Social de España (CES) y Europeo (CESE).

Cáritas Española es miembro fundador de la Plataforma del Tercer Sector.