La crisis, dentro la crisis

¿Cómo es posible que Alan Shatter, ministro de Justicia de uno de los países de raíces católicas más profundas, proponga una ley que significaría la excomunión a quienes la apliquen? Si adoptara esta ley, Irlanda se pondría en la lista negra de los países que violan abiertamente la libertad religiosa, reconocida por el Derecho internacional. ¿Cómo es posible una propuesta así, impensable hace tan sólo diez años, en esa isla? La respuesta hay que encontrarla en la crisis de la crisis. Sí, porque esta propuesta sólo se entiende en el contexto de la crisis surgida por la revelación de casos de abusos cometidos por sacerdotes contra menores, estallada en plena crisis social y económica en el país.

Crisis en la Iglesia

Hay que reconocer que la católica Irlanda está viviendo un auténtico trauma nacional, con la publicación de varios informes comisionados por las autoridades, en los que se registran numerosos casos de pederastia cometidos por sacerdotes, así como la incapacidad de algunas diócesis para castigar a los clérigos e impedir que se repitieran los abusos. Y esta crisis tiene lugar en plena crisis económica. Entre 2007 y 2010, Irlanda sufrió una caída del PIB del 20 % y su tasa de desempleo se incrementó del 4,5 % al 13,6 %. El país del milagro económico europeo, que en años anteriores había llegado a crecer en un 10 %, se ha convertido ahora en una de las pesadillas para los demás países que han adoptado el euro. Y el éxodo de jóvenes en búsqueda de trabajo en el extranjero recuerda ahora al de algunas décadas del siglo XIX y XX.

Para el Gobierno, entrar a saco en la crisis que vive la Iglesia se ha convertido en una manera de distraer la atención de la opinión pública de la otra crisis, la crisis en la que sí tiene que intervenir. La propuesta de abolir el secreto de la confesión (no se ha propuesto, en cambio, abolir el secreto profesional de los abogados, que ha servido en ocasiones para impedir el castigo a pederastas) no ha sido la única declaración fuera de lugar de miembros del Ejecutivo. El 20 de julio, Enda Kenny, Primer Ministro –Taoiseach-, pronunció un discurso ante la Cámara de Diputados –Dáil Éireann– en el que llegó a acusar a la Santa Sede de «frustrar una investigación [sobre abusos sexuales] en una República soberana y democrática hace sólo tres años, no hace tres décadas».

Respuesta de la Santa Sede

Una acusación tan grave necesitaba una respuesta, y la Santa Sede la presentó en forma de amplio y detallado documento al Gobierno irlandés, el 3 de septiembre. El texto del Vaticano afirma, «ante todo, su profunda repugnancia por los delitos de abuso sexual» acaecidos en Irlanda, y «lamenta y se avergüenza profundamente por los terribles sufrimientos que las víctimas y sus familias han tenido que soportar en la Iglesia de Jesucristo, lugar donde eso jamás tendría que ocurrir». Por otra parte, la nota desarticula las acusaciones del Primer Ministro, demostrando que la Santa Sede no ha obstaculizado, o intentado interferir en ninguna investigación de casos de abuso sexual de menores.

Aclara que la justicia que aplica la Iglesia en sus tribunales a los clérigos culpables de estos delitos no impide ni ha impedido nunca la cooperación con las autoridades civiles. De hecho, es posible que las declaraciones de exponentes del Gobierno se hayan basado en informaciones periodísticas equivocadas, que presentan falsamente los procesos canónicos contra sacerdotes pederastas como un sustitutivo de la justicia civil.

Ahora bien, en su esperado documento, el Vaticano busca superar la polémica, y lo adopta con un tono de profunda humildad. «La Santa Sede -subraya la misiva-, a la vez que rechaza las acusaciones infundadas, acoge con espíritu de humildad todas las observaciones y sugerencias objetivas y útiles para combatir con determinación el espantoso delito del abuso sexual de menores». En esa línea, concluye proponiendo la plena colaboración entre la Iglesia y las autoridades para que no se repitan nunca más casos de abusos sexuales cometidos por clérigos y, en caso de que sucedan, asegurar que se haga justicia con los culpables y no puedan volver a delinquir.