Verdad-solidaridad-justicia: tres principios indispensables - Alfa y Omega

Verdad-solidaridad-justicia: tres principios indispensables

Es necesario abordar el debate sobre la sostenibilidad del modelo de pensiones desde una perspectiva de familia, escribe doña María Teresa López López, directora de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia, de la Universidad Complutense de Madrid-Acción Familiar y Presidenta del Comité de Bioética. Es urgente apoyar a las familias que desean tener hijos -los futuros cotizantes- y reconocer la labor de tantos jubilados, que son el principal sostén económico y afectivo de muchos hogares

Acción Familiar
Los abuelos son los que, al disponer de ingresos estables -pensiones-, están ayudando a hijos y nietos que han perdido su trabajo

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014 aprobado en el último Consejo de Ministros, parece que da un ligero respiro a las cuentas públicas. Sin embargo, el cambio de tendencia que recoge no ha hecho bajar la guardia al Gobierno, al aprobarse también un nuevo proyecto de reforma de las pensiones que, una vez más, afectará a las economías de las familias.

Los datos recogidos en el último estudio de Acción Familiar, Análisis de los comportamientos socioeconómicos de las familias en España, muestran que los únicos hogares que han aumentado su gasto desde el inicio de la crisis son aquellos que cuentan con la presencia de una persona mayor de 65 años. Es decir, los padres y/o abuelos son los que, al disponer de ingresos estables -pensiones- están ayudando a los hijos/nietos que han perdido su trabajo. Así, las pensiones son un instrumento de carácter redistributivo que, en manos de las familias, duplican su utilidad. Su carácter bidireccional -ingresos que van de activos a jubilados, y de éstos a parados a través de la familia- demuestra el papel de protección que ésta desempeña. Por ello, esta reforma exigiría cuantificar, no sólo el ahorro que puede generar para las cuentas públicas, sino los efectos que puede tener en el consumo de las familias -actual y futuro- y por tanto en el crecimiento económico.

La propuesta de reforma se concreta en dos medidas. La primera, la puesta en marcha de un factor de sostenibilidad del sistema, cuya razón está en el fuerte aumento de la esperanza de vida y en la nueva caída de la tasa de natalidad, de la que alertan las proyecciones demográficas en España. Todo ello traerá un mayor envejecimiento de la población, aumentando la población de mayores de 65 años -perceptores potenciales de pensión-, y también lo hará el índice de envejecimiento, que sólo en las dos últimas décadas ha crecido más de 68 puntos porcentuales.

Índice de Revalorización

La segunda medida se refiere a la creación de un nuevo Índice de Revalorización, que vendría a sustituir al actual IPC. Esta propuesta responde al acuerdo tomado en la revisión del Pacto de Toledo en 2011, cuyo informe final fue aprobado en el Congreso de los Diputados. En su segunda recomendación, defiende la necesidad de asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, así como el equilibrio financiero del sistema. Y añade también la conveniencia de trabajar en la elaboración de «otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social», y esto es lo que se recoge en esta reforma.

Estas propuestas, que serán debatidas en el Congreso, contienen elementos que pueden ser discutibles y mejorables, pero sí hay unanimidad en la necesidad de abordar cambios que aseguren la sostenibilidad futura del modelo. No es éste el lugar para abordar los ajustes y mejoras técnicas de esta reforma, pero creo que sí lo es para apuntar los principios básicos sobre los que deberíamos reflexionar -ciudadanos y responsables políticos- para valorarla.

Estamos ante un problema económico de gran magnitud, y los ciudadanos, muchas veces, no podemos conocer bien ni la necesidad ni los efectos reales que conlleva tomar o no una determinada medida pública. Para informarnos de ello están los políticos. Si nos convencen, los votaremos, y si no, optaremos por no hacerlo. Pero este juego político exige una reglas claras, porque una democracia real no consiste sólo en votar cada cuatro años. La esencia de un sistema democrático es la aceptación por todos de unos principios y valores comunes sin los cuales se compromete su estabilidad. Me referiré a tres de ellos que deberían estar presentes en el debate actual sobre las pensiones.

Actuar con la verdad

Hay necesidad de actuar con la verdad, lo cual exige una perfecta correspondencia entre lo que se afirma y la realidad. Uno de los objetivos del Pacto de Toledo fue evitar que las pensiones se convirtieran en una arma arrojadiza contra el adversario político, generando miedo e inseguridad entre los jubilados, con el objetivo de ganar votos. Para ello, todos los grupos políticos acordaron, en sede parlamentaria, el mantenimiento del actual modelo de pensiones: público, de reparto y redistributivo. Y también acordaron la necesidad de realizar ajustes para asegurar su sostenibilidad futura. Esto lo deberían recordar todos los responsables políticos, y, por tanto, tendrían que transmitir a los ciudadanos la verdad sobre la voluntad política, acordada por todos, de mantener el modelo de pensiones públicas.

Tener en cuenta la solidaridad

El segundo punto es la solidaridad, que supone la interdependencia entre personas y territorios, y que designa una vinculación que va más allá de comportamientos individualistas, propios de nuestra sociedad. Ésta es la función de nuestro sistema de pensiones. Técnicamente, es un modelo de reparto, en el que con los ingresos de cada ejercicio se financian los gastos de ese mismo ejercicio. O lo que es lo mismo, con nuestras cotizaciones, no compramos nuestra pensión, sino que financiamos las pensiones de los que han salido del mercado de trabajo, y que previamente fueron solidarios con nuestros abuelos y bisabuelos. Los ciudadanos, con nuestras cotizaciones, realizamos un ejercicio mensual de solidaridad entre personas, generaciones y territorios, y lo hacemos en la confianza de que también lo hagan con nosotros. Pero un sistema de reparto exige, para su mantenimiento, un crecimiento suficiente de la población, que permita financiar el gasto creciente en pensiones y que, en parte, se origina por el aumento en el número de pensionistas, consecuencia de una población envejecida. Pero las tasas de natalidad tan bajas que tenemos en España no proporcionan dicho crecimiento y, por tanto, no son compatibles con el actual modelo de pensiones. También necesita unas tasas de empleo que aseguren cotizaciones suficientes para su financiación. Tasas de desempleo tan elevadas como las actuales tampoco aseguran el modelo. Hay, pues, dos tareas urgentes para la sostenibilidad de las pensiones: la protección y apoyo a las familias que desean tener hijos y por tanto futuros cotizantes; y medidas que incentiven la creación de empleo.

La justicia en el contexto actual

El tercer principio es la justicia, especialmente importante en el contexto actual, en el que el valor de la persona, de su dignidad y sus derechos está amenazado por el excesivo utilitarismo que regula nuestras relaciones económicas, sociales e incluso personales. La verdadera justicia no es una convención humana, va más allá de las leyes, y está determinada por el respeto a la dignidad de la persona. Sólo se logrará si las decisiones públicas se toman teniendo como horizonte el logro del bien común, como fin y criterio regulador de la vida política. Por ello, el centro de la acción política debe ser siempre la persona. Esto exige, entre otras cosas, que nuestros mayores dispongan de unos recursos suficientes que les permitan vivir con dignidad. Por ello, la actualización de las pensiones no puede ser igual para todas ellas, ya que casi el 36 % de los jubilados percibe pensiones inferiores a 600 euros al mes, y eso sin referirnos a las no contributivas, que apenas superan los 300 euros al mes.

Deberíamos reflexionar sobre si en la reforma de las pensiones y en el debate que la acompaña se están respetando estos principios imprescindibles en una democracia real.

Y termino con una propuesta. Es necesario abordar el debate sobre el futuro de las pensiones con una perspectiva de familia, porque son las familias las que soportarán sus consecuencias. El derecho a una pensión no deriva sólo de un ejercicio de solidaridad, sino que es justo reconocer que nuestros mayores son el soporte económico, material y afectivo para muchas familias. Estamos ante una reforma que afecta al grupo de población que más ha aportado y sigue aportando a la transmisión de la cultura, la estabilidad social a través de las relaciones familiares, y en definitiva al crecimiento del capital social y humano, variables todas ellas imprescindibles para el crecimiento económico y la estabilidad social.

María Teresa López López / Acción Familiar