Los obispos, «siempre a favor de la vida»

«Siempre a favor de la vida». Así resumen los obispos su postura en el debate abierto sobre el aborto. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha reflexionado sobre el Anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la mujer embarazada y valoran el «avance positivo con respecto a la legislación vigente, que considera el aborto como un derecho». Dicho esto, los obispos «recuerdan que una ley del aborto, por muy restrictiva que fuera, seguiría siendo una ley injusta. Nadie tiene derecho, en ninguna circunstancia, a quitarle la vida a un ser humano inocente. El aborto no es la solución, de la misma manera que el niño que va a nacer no es el problema».

La nota final de la Comisión Permanente aclara que ésta es una postura «bien conocida», y compartida también «con muchos hombres y mujeres de buena voluntad, que desde otras confesiones religiosas y aun sin ser creyentes, defienden el derecho a la vida de todo ser humano inocente como patrimonio común de la razón humana». Y además de «agradecer y potenciar la dedicación de muchas personas que, tanto en instituciones eclesiales como civiles, trabajan incansablemente, apoyando y acompañando a las personas en dificultades, y en particular a las madres gestantes», afirman que, tal como señala el Papa, «es preciso caer en la cuenta de que todavía hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor?».

En la rueda de prensa final, el Secretario General y portavoz de la CEE fue preguntado por los casos en los que la mujer atraviesa serias dificultades o el niño presenta malformaciones severas. Sobre este último punto, el sacerdote José María Gil Tamayo destacó que «la opción por la muerte nunca es el camino», y que establecer —como en la ley de 1985— un supuesto de discapacidad equivale a «entrar en una línea de selección de la especie», y «abrir una puerta enormemente peligrosa de inhumanidad».

Con respecto a las difíciles situaciones por las que atraviesan muchas mujeres gestantes, el secretario general resaltó que la defensa de la vida debe ir acompañada de una mayor «justicia social» y «atención a los más débiles». Para la Iglesia, es importante «contextualizar en el evangelio la defensa de la vida», en una «unidad de amor fraterno y preferencia por los pobres». Pero la lógica de admitir el aborto en esos supuestos equivaldría a tratar de acabar «con el hambre en el mundo eliminando a las personas» con hambre.

Gil Tamayo insistió también en que «la defensa de la vida no es una postura religiosa», aunque para el creyente, viene reforzada por el mandato evangélico de «reconocer en los demás el rostro de Jesucristo». «No es cuestión de credos religiosos, sino de humanidad», dijo.

Al mismo tiempo, el portavoz resaltó que la movilización en defensa de la vida corresponde primeramente a la sociedad civil. «Los católicos» laicos, «en virtud de su ciudadanía», deben ejercer «su derecho» y «tomar iniciativas en defensa de la vida», las cuales contarán con el apoyo de la Iglesia.

La Asignatura de Religión en el Bachillerato

Los obispos de la Permanente dialogaron también «sobre la situación en la que queda la enseñanza religiosa en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conforme a las exigencias del Acuerdo internacional entre el Estado Español y la Santa Sede en esta materia, que desarrolla el artículo 27.3 de la Constitución». En el Comunicado final, valoran positivamente «que se haya llevado a cabo la regulación de la religión católica en Educación Primaria y Educación Secundaria», pero muestran «su insatisfacción con respecto a la regulación en el Bachillerato, porque no se garantiza la oferta obligatoria de la asignatura por parte de los centros ni tampoco que los alumnos puedan optar por ella. Los obispos esperan que, para cumplir adecuadamente el mencionado Acuerdo, y para que los padres puedan ejercitar su derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales, se dé, en el acuerdo de enseñanzas mínimas, el mismo tratamiento a la religión católica en Educación Infantil y en el Bachillerato que el establecido en Educación Primaria y Educación Secundaria, así como que se garantice en todas las etapas el horario equivalente a las materias específicas».

Un problema práctico que se plantea es que las competencias en educación están transferidas a las Comunidades Autónomas. Sobre este punto, José María Gil Tamayo afirmó que, del mismo modo que el Estado transfiere derechos, las autonomías asumen también «las obligaciones pactadas».

«Clarísima posición» con respecto al terrorismo

No hay mención en la nota final de la Permanente al problema del terrorismo, pero el secretario general respondió a una pregunta sobre este asunto, recordando, en primer lugar, la «clarísima posición de la Conferencia Episcopal» y dejando claro que lo primero debe ser «la cercanía a las víctimas», que son quienes sufren en mayor medida las consecuencias del terrorismo.

«Todos estamos obligados a anteponer la unión contra el terrorismo, a poner todos los demócratas una unidad que tiene la legitimidad moral de la defensa de la libertad y la convivencia», frente quienes utilizan el terror para intentar imponer sus objetivos.

El portavoz leyó además el punto 68 del documento Orientaciones morales ante la situación actual de España, de la Asamblea Plenaria de la CEE: «Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político legítimo de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político. Los eventuales contactos de la autoridad pública con los terroristas han de excluir todos los asuntos referentes a la organización política de la sociedad y ceñirse a establecer las condiciones conducentes a la desaparición de la organización terrorista, en nuestro caso, de ETA. La exigencia primordial para la normalización de la sociedad y la reconciliación entre los ciudadanos es el cese absoluto de toda violencia y la renuncia neta de los terroristas a imponer sus proyectos mediante la violencia. La justicia, que es el fundamento indispensable de la convivencia, quedaría herida si los terroristas lograran total o parcialmente sus objetivos por medio de concesiones políticas que legitimaran falsamente el ejercicio del terror. Una sociedad madura, y más si está animada por un espíritu cristiano, podría adoptar, en algunos casos, alguna medida de indulgencia que facilitara el fin de la violencia. Pero nada de esto se puede ni se debe hacer sin que los terroristas renuncien definitivamente a utilizar la violencia y el terror como instrumento de presión».

Visita ad limina y Asamblea Plenaria

La reunión de la Comisión Permanente tenía también como objetivo preparar dos importantes próximos acontecimientos: la visita ad limina al Vaticano de los obispos españoles y el temario de la próxima Asamblea Plenaria, que se celebrará del 11 de marzo. Se ha fijado también el procedimiento que se seguirá para la renovación de todos los cargos de la CEE para el trienio 2014-2017, con la excepción de la Secretaría General, renovada ya en noviembre para el quinquenio 2013-2018.

Para su visita al Papa y a los distintos dicasterios romanos, los obispos se dividirán en dos grupos, del 24 de febrero al 1 de marzo, y del 3 al 8 de marzo. El día 3, todos ellos participarán en un encuentro con Francisco. En su nombre de todos, hablará el cardenal Rouco, Presidente de la CEE, y después el Papa hará un discurso de respuesta, según explicó José María Gil Tamayo.