Los obispos, contra la imposición autonómica de la ideología de género

Prosigue el avance de la ideología de género en la legislación española a través de normativas autonómicas, lo que supone la aprobación por la puerta de atrás de la Ley socialista de Igualdad de Trato que redactó la ministra Aído en 2011, y que no se llegó a aprobar por el cambio de Gobierno. Ahora, los contenidos de esa ley se están colando en las legislaciones autonómicas, incluso en aquellas Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Los últimos en denunciar esta situación han sido los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que en su última reunión han expresado su preocupación por el proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento de Cataluña, con el título Ley de Derechos de las Personas Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales y para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. «Aún reconociendo la necesidad de erradicar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, raza, religión, creencias y condiciones físicas o psíquicas, los obispos consideran este proyecto muy desacertado, tal y como está redactado, por las graves consecuencias que puede tener en el ejercicio de los derechos humanos de la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia de los ciudadanos de Cataluña», afirman en un comunicado.

En Galicia, también

La iniciativa legislativa catalana se suma a la ley aprobada por el Parlamento de Galicia el pasado 14 de abril, con el título: Por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia.

Ante ello, los obispos gallegos han decidido «dar a conocer, entre otras iniciativas, un programa de información dirigido a los católicos y a cuantos quieran acoger las orientaciones ofrecidas con motivo de la aprobación de esa Ley y su desarrollo», y que se espera vea la luz próximamente.

De la ley gallega ya dimos noticia recientemente en nuestras páginas, en un artículo titulado El PP traiciona a la familia

Denunciábamos entonces que la norma impone «la incorporación de la realidad homosexual, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado»; realizará acciones informativas para las familias; impartirá formación LGTBI a los padres, a través de las AMPAS de los colegios; exigirá a los medios de comunicación públicos y privados que visibilicen la realidad gay, pues sólo concederá subvenciones públicas a los que lo hagan; e impondrá a los empresarios, entre otras exigencias, la promoción y visibilidad «de las personas LGTBI en los lugares de trabajo» de empresas públicas o privadas.

Este avance de la ideología de género ya está previsto en otras Comunidades gobernadas por los populares, como Valencia y Extremadura, lo que, según fuentes del propio Partido Popular, «es un intento de aprobar de tapadillo la Ley de Igualdad de Trato que redactó Aído en 2011, pero no entró en vigor por el cambio de Gobierno. En todos los casos, son los grupos de izquierda radical los que presentan la propuesta, pero luego el PP lo recoge como si fuera nuestro, como si fuéramos lo que no somos».