Queda visto para sentencia el juicio por el asesinato de Ignacio Ellacuría

El excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano volvió el miércoles a reivindicar su inocencia en la muerte del jesuita español Ignacio Ellacuría y de otras siete personas, asesinadas en la Universidad Centroamericana (UCA) el 16 de noviembre de 1989. Fueron sus últimas palabras en la sesión final del juicio que se ha celebrado desde el 8 de junio en la Audiencia Nacional bajo el principio de justicia universal, al ser cinco de las víctimas española: además de Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo. En el mismo ataque fueron asesinados los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la Universidad Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth Ramos.

El caso quedó visto para sentencia. En la sesión del lunes, habían declarado dos personas. En primer lugar, a petición de las acusaciones, la catedrática en ciencias políticas y directora del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford en EE. UU., Terry Lynn Karl.

Basándose en numerosos documentos desclasificados y entrevistas realizadas, Karl concluyó que en el ejército salvadoreño regía un «código de silencio» para cubrir las violaciones de derechos humanos. Montano formaba parte del núcleo que concentraba el poder de facto dentro de las fuerzas armadas, donde se tomaban las decisiones importantes por consenso.

«Terrorismo de Estado»

Ese mismo día declaró, como parte de la defensa, Mauricio Ernesto Vargas, general retirado de las Fuerzas Armadas salvadoreñas y miembro de la Tandona, que respaldó la versión del acusado, afirmando que las tareas del viceministro eran puramente administrativas y de asesoría técnica.

El martes declaró Oscar Alfredo Santamaría, exministro del gobierno del presidente Cristiani y miembro de la comisión que redactó la Ley de Amnistía General. Se leyeron además diversos testimonios de testigos fallecidos acreditando el contexto de hostilidad hacia los jesuitas y la convicción de que la orden de asesinarlos vino de la cúpula militar.

En la última sesión del juicio, el 15 de julio, se expusieron los informes por parte de las acusaciones y la defensa. Los primeros hablaron de «pacto para la matanza», «terrorismo de estado» y «crimen de guerra», y pidieron 150 años de prisión; los segundos, de «falta de pruebas» y «afirmaciones no sustentadas en documentos o en documentos que dicen lo contrario», y pidieron la absolución y, en caso de que haya condena, la aplicación de eximentes de «estado de necesidad», «fuerza irresistible» y «miedo insuperable».

«Fue un error de los soldados»

Por último, el acusado, Inocente Orlando Montano, desoyendo a su abogado, hizo uso de la última palabra. Juró «ante el tribunal y ante Dios» que no mentía y qué él no participó en ninguna reunión donde se ordenara cometer el crimen. Resumió en una frase su versión de los hechos: «No hubo un plan preconcebido, fue un error de los soldados».

Al principio del juicio, en el banquillo de los acusados se iba a sentar junto a Montano René Yusshy Mendoza, exteniente del ejército de la república de El Salvador destinado en la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios y miembro del batallón Atlácatl, ejecutor de los asesinatos. En un principio, la Fiscalía solo pedía cinco años de cárcel, al aplicarle la eximente incompleta de miedo insuperable y dos atenuantes por confesión y por haberse ofrecido a reparar el daño.

Testigo clave

Pero en la primera vista fue exonerado de toda responsabilidad y se convirtió en uno de los testigos clave. De hecho, el 8 de julio aseguró que «toda la operación estaba ordenada por el alto mando». Sus oficiales se la encargaron al coronel Guillermo Benavides. Él «me dijo que tenía que ejecutar la orden que había recibido y que Montano fue una de las personas que dio la orden de eliminar a Ellacuría, me lo dijo varias veces», afirmó Mendoza.

Pero también involucró al presidente Cristiani porque según el testigo, el alto mando iba a informarle de la operación en un encuentro en el edificio del Estado Mayor y que si se oponía a los asesinatos se informaría de ello. «Si no hubo contraorden es que el presidente lo tuvo que haber aprobado», ha apostillado el exmilitar, que siempre ha hablado de «operación coordinada» por el Ejército.

Primero justicia, luego perdón

Con motivo del comienzo de las vistas, la Provincia Centroamericana de los jesuitas explicó que el ataque se produjo porque «los jesuitas, especialmente Ignacio Ellacuría, habían asumido el liderazgo» para negociar una salida dialogada al conflicto armado que sufría el país. Él era «el único intermediario que hablaba con todas las partes y actuaba de puente entre el presidente (Alfredo) Cristiani y los rebeldes». Esto lo convirtió en «objetivo de los militantes de la extrema derecha», que culpaban a la Iglesia de formar parte «de una conspiración comunista internacional».

En el mismo comunicado, aseguraban que tanto la orden como la universidad tienen el deseo y la disposición de perdonar los asesinatos. Pero, antes, «es necesario que se conozca toda la verdad y se deduzcan las responsabilidades respectivas, tarea que le corresponde al poder judicial». Esto «será un bien para El Salvador, contribuirá a la justicia para las víctimas, constituirá un paso trascendental en el proceso de reconciliación y dará paz incluso a los mismos victimarios».

Hacia un nuevo juicio en El Salvador

Independientemente de lo que dictamine la Audiencia Nacional, la Compañía de Jesús y las familias de las víctimas están dispuestas a seguir luchando para que las muertes sean llevadas ante la justicia también en El Salvador. El miércoles se dio un paso más en este sentido, al resolverse el recurso de casación que pretendía acabar con la reapertura del proceso penal por la masacre.

Después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anulara en 2016 la ley de amnistía de 1993, en 2018 el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) pidió reabrir el caso. Los acusados como autores intelectuales, cuya inclusión en el proceso está en manos de la Fiscalía salvadoreña, son el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano.

Sus abogados recurriendo, pidiendo que se recusara a dos magistrados de la Sala de lo Penal, que es la que debería juzgarlo. El pleno de la Corte Suprema de Justicia ha decidido separar a uno de los magistrados y mantener al otro. Después de esta decisión, la Sala de lo Penal «ya estaría habilitada» para seguir adelante con el proceso, explicó a Efe Manuel Escalante, subdirector del IDHUCA.

Prensa Jesuitas / Redacción