La Santa Sede contra el gas más nocivo para el planeta

En 1984, las investigaciones del ingeniero químico Mario Molina Pasquél y Henríquez (Ciudad de México, 1943), salvaron a la humanidad de un desastre sin precedentes. Muchos de sus colegas pensaban que era natural que la capa de ozono tuviera un enorme agujero sobre la Antártida. Pero sus estudios detectaron que lo que lo estaba causando eran varios compuestos que las industrias lanzaban a la atmósfera. Era la primera vez que se señalaba a la mano del hombre como responsable del agujero de la capa de ozono, que recubre la atmósfera y filtra las radiaciones ultravioletas, muy perjudiciales para los seres vivos. La comunidad científica se quedó sin respiración y a él le dieron el Nobel en su especialidad.

Tres años después, con el Protocolo de Montreal se fueron retirando las sustancias perjudiciales para la capa de ozono, fundamentalmente los gases con compuestos de cloro que se utilizaban –fluorocarburos (CFC)– y se fueron sustituyendo por otros menos dañinos, los hidroclorofluorocarburos (HCFC), unos gases empleados sobre todo en sistemas de refrigeración y aires acondicionados, bombas de calor, extintores, aerosoles y disolventes, entre otros. Lo que nadie podía imaginar es que esos gases que, en su día lideraron la transición de la industria hacia tecnologías más sostenibles, eran igualmente peligrosos. Sobre todo para el cambio climático y las crecientes extinciones de la biosfera.

Tanto los CFC como los HCFC tienen un elevado potencial de efecto invernadero, por lo que solo la eliminación de ambos tendrá efectos beneficiosos en la lucha contra el cambio climático. Según los científicos, la erradicación de los HCFC, también utilizados en algunos aerosoles y en la fabricación de espumas aislantes, podría reducir en aproximadamente 0,5 °C el calentamiento mundial de aquí a 2100.

Por eso, el Protocolo de Montreal firmado en 1987 fue revisado. La corrección para eliminar de forma progresiva los hidroclorofluorocarburos (HCFC), la llamada Enmienda de Kigali, fue aprobada en 2016 por casi 200 países tras una semana de duras negociaciones y varias noches sin dormir en Ruanda. Dos años antes, la Unión Europea dio un nuevo espaldarazo a la obligación de reducir el uso de estos gases contaminantes. Con la reglamentación F-Gas, que entró en vigor en enero de 2015, fijó como objetivo eliminar, hasta el año 2030, un 79 % del CO2 que emiten estos gases. Así, estipuló una serie de cuotas de importación de este gas para todos los países del territorio de la UE, de manera que cada empresa puede importar un mínimo. De respetarse este cambio progresivo a otros gases menos contaminantes, bajaría de 4.000 a 150 el potencial de calentamiento global (PCA).

Sin embargo, las investigaciones publicadas por la consultora Oxera Consulting, encargada por el Comité Técnico Europeo de Fluorocarburos (EFCTC, por sus siglas en inglés), que reúne a las empresas del sector, sitúa bastante lejos esta meta. Las conclusiones del informe revelan que el contrabando ilegal a la Unión Europea de este tipo de gases podría representar hasta 34 millones de toneladas equivalentes de CO2 en 2018: es decir, el 33 % del mercado legal permitido en territorio europeo.

La Santa Sede acaba de ratificar la Enmienda Kigali y se ha convertido en uno de los principales actores en la comunidad internacional en defender este objetivo. «Con este gesto, el Vaticano desea continuar brindando su apoyo moral a aquellos estados comprometidos con el cuidado de nuestro hogar común», asegura Joshtrom Kureethadam, coordinador del sector de Ecología del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que está promoviendo cientos de iniciativas en todo el mundo por el año especial dedicado a la encíclica Laudato si. «El Protocolo de Montreal fue un éxito histórico de la comunidad internacional para luchar contra la apertura de la capa de ozono. Pero con la Enmienda Kigali se habrán matado dos pájaros de un tiro: proteger la capa de ozono y frenar parte del cambio climático», incide. «Los mayores productores de esta sustancia están en Asia. El problema es que se usan sustancias nocivas para reducir los costes o tener más beneficios rápidamente», apunta el sacerdote indio al analizar el principal obstáculo con el que se han topado los objetivos medioambientales del viejo continente.

No obstante, se muestra partidario de usar el «multilateralismo» y hacer que todas «las partes lo respeten» para tener efecto. «El único instrumento para contrastar el cambio climático es el multilateralismo, aunque está muy denostado, pero, como decía san Pablo VI, somos una única familia común». Así matiza que a nivel global el cuidado del planeta pasa por «la educación» y la comprensión de que «todo está conectado». El éxito de la Enmienda Kigali reside en la colaboración de todos: las agencias internacionales, los gobiernos, los científicos, la sociedad y la industria implicada.

El objetivo final es eliminar hasta 70 millardos de hidroclorofluorocarburos de la faz de la tierra; es la cantidad que producen 2.000 centrales térmicas de carbón o el total de las emisiones de Estados Unidos en un solo año. Para el hombre que más sabe en el Vaticano sobre cambio climático, la Enmienda Kigali representa un «puente de diálogo» entre el agujero de la capa de ozono y el fenómeno del calentamiento global, lo que evidencia que, solo si se atajan ambos problemas, se podrá mejorar la salud del planeta.