La ley Celaá sigue adelante después de que el Congreso haya rechazado su devolución al Gobierno

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles por una mayoría amplia (195 diputados) las enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Educación (LOMLOE), más conocida como ley Celaá, que habían presentado el Partido Popular, Vox y Ciudadanos (153 apoyos).

Por tanto, la tramitación parlamentaria de esta iniciativa legislativa sigue su curso y se abre ahora el debate para la introducción de modificaciones parciales por parte de los grupos parlamentarios.

En su intervención, la ministra de Educación, Isabel Celaá, defendió que el proyecto de ley que el Gobierno ha llevado al parlamento «es necesario y oportuno» y tiene tres objetivos fundamentales: aumentar las oportunidades educativas de toda la población, reforzar la equidad y la capacidad inclusiva y fortalecer la competencia digital de los estudiantes al más alto nivel. Y cinco enfoques: el del cumplimento efectivo del interés superior del menor; el de un enfoque transversal del refuerzo de los aprendizajes; el desarrollo sostenible; la igualdad de género, con la atención a la diversidad sexual, la igualdad y la lucha contra la violencia de género; y el cambio digital.

En su opinión, la iniciativa «mantiene el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa que quieren para sus hijos» y garantiza el acceso de todos a la educación. También citó el compromiso de la nueva ley con la educación pública –no citó a la concertada– y con una mejora de su financiación.

Por su parte, los grupos que presentaron las enmiendas totales se mostraron muy duros con la ley Celaá por su falta de consenso y por su deriva ideológica. Todos coincidieron en que la ley, si acaba aprobándose, nacerá herida de muerte, pues se modificará en un futuro cambio de mayorías parlamentarias.

Para Sandra Moneo, la diputada encargada de defender la enmienda del PP, esta ley «es un golpe mortal a la calidad del sistema educativo» y acusó al PSOE de ser el responsable de que fracasase el pacto educativo de 2018. «Ustedes no han querido dialogar y sí buscar la confrontación», dijo Moneo, que recordó que tuvieron que presentar las enmiendas el 24 de abril, en plena pandemia, cuando fallecieron 340 personas.

En su opinión, esta ley devalúa la calidad y la exigencia del sistema, destruye la motivación, debilita la figura del director e ignora al profesorado, además de renunciar a las competencias del Estado en materia educativa.

«Esta ley representa la ruptura del pacto constitucional en materia educativa. Su intento de recortar derechos y libertades fundamentales es razón suficiente para que este grupo no la apoye. Por ello, le exigimos que cumpla la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional y garantice la libertad de los padres a elegir el modelo educativo y centro que quieren para sus hijos y haga desaparecer la disposición adicional cuarta, porque las familias que tenemos algún hijo con discapacidad no somos des segunda y sabemos lo que necesitan nuestros hijos», concluyó.

Desde Vox, su diputada Georgina Trías Gil centró sus críticas en la educación sexual que el proyecto pretende «imponer». «Dejen en paz a nuestros hijos», añadió, al tiempo que afirmó que no van a consentir «una educación sexual de esta catadura» ni tampoco el adoctrinamiento ni la «corrupción y perversión de la juventud».

También criticó que no se garantice la enseñanza del español en algunas comunidades autónomas, se elimina la demanda social y los colegios de Educación Especial o se rebaje la asignatura de Religión. «Este proyecto está abocado al fracaso», dijo.

Por parte de Ciudadanos, Marta Martín Llaguno denunció que la propuesta legislativa tiene «grandes sesgos ideológicos» y que su tramitación ha mostrado «una falta de empatía con los ciudadanos». En este sentido, pidió a la ministra que congele los plazos de tramitación del proyecto hasta que los grupos parlamentarios alcancen un acuerdo de mínimos.